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“Las presiones a la gobernadora están apegadas a derecho”
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“Las presiones a la gobernadora están apegadas a derecho”

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Los legisladores tienen derecho a fiscalizar a los funcionarios públicos, pero ello no implica que estén facultados para ejercer de presiones o abusos en contra de ninguna persona.
Los funcionarios que han sido presionados deben buscar la vía penal y denunciar los posibles delitos de coacción, tráfico de influencias o abuso de autoridad, dependiendo de cada caso.

El vocero presidencial, Heinz Heimann, dijo que las presiones ejercidas por los diputados del oficialista Frente Convergencia Nacional (FCN-Nación) hacia la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura,  son parte de su gestión y descartó ilegalidades.  “No hay ningún tipo de denuncia de parte de ella, porque las presiones que recibió están apegadas a derecho”, aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa.

Heimann precisó que se refería a la gestión de los diputados para fiscalizar los recursos que manejan los funcionarios. La afirmación del vocero es “falsa”, ya que aunque los legisladores por ley y mandato tienen derecho a fiscalizar a los funcionarios públicos, ello no implica que estén facultados para ejercer cualquier tipo de presión o abuso en contra de ninguna persona, hechos que se encuentran tipificados en el Código Penal de Guatemala como delito de coacción, abuso de autoridad o tráfico de influencias.

La semana pasada, Ventura fue citada por diputados del FCN-Nación a una reunión de trabajo. Minutos después de iniciada esta, la gobernadora salió llorando de la oficina donde se reunieron y evitó hablar con los reporteros. Al día siguiente admitió que había recibido presiones de parte de los legisladores y presentó la denuncia en el Ministerio Público. La acusación la cursó en contra de ocho diputados oficialistas, entre ellos, Óscar Coletto, Juan Manuel Giordano, Rudy Pereira y Laura Franco. El jueves 14 de abril, el Ministerio Público presentó solicitud de antejuicio en contra de los diputados por los delitos de abuso de autoridad, discriminación, tráfico de influencias y concusión.

La Junta Directiva del Congreso citó al jefe de la bancada oficialista, Javier Hernández, y a tres de los diputados acusados para aclarar lo sucedido en la reunión con Ventura. Giordano no fue convocado porque ya había sido citado el lunes anterior, debido a una fotografía filtrada en redes sociales , que mostraba la pantalla de un teléfono celular con unos mensajes telefónicos donde el diputado escribió que “pondría de rodillas” al gobernador de San Marcos, Carlos Cardona. La Junta Directiva del Congreso le dio el voto de censura, sanción aplicada a quienes incurren en una falta grave a la ética e irrespeto.

[frasepzp1]

Carlos Alfredo Escobar, exdiputado y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) opina que se debe sancionar a los diputados que presionen o amenacen a los funcionarios.  “Estas prácticas son parte del clientelismo político. El problema es que no todos los diputados tienen vocación de servicio, sino que buscan beneficiarse a través de esas presiones a efecto de conseguir contratos o plazas para ellos, sus familiares, financistas o allegados”.

El experto explica que los funcionarios que han sido presionados deben buscar la vía penal y denunciar los posibles delitos de coacción, tráfico de influencias o abuso de autoridad, dependiendo de cada caso.  Escobar cree que es necesario buscar medidas reguladoras y de sanción con el fin de evitar estas anomalías. Propone grabar todas las citaciones y dar acceso a los medios de comunicación durante las reuniones de fiscalización para transparentar los procesos. 

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