Las otras víctimas

Desde varias posiciones, los conocedores del tema han cuestionado y criticado, desde hace mucho tiempo, el uso de las fuerzas militares para enfrentar problemas de seguridad pública, sean de la índole que sean, y no simplemente cuando de disolver una manifestación pacífica se refiere. Las fuerzas policiales, se supone, tienen personal especializado para disolver motines, entre los que la visión autoritaria y excluyente del poder incluye toda movilización que no sea a su favor, por lo que el uso de contingentes militares simplemente impide el desarrollo de la policía y, como en el caso que ahora nos aflige, actúan violentamente en contra de la propia ciudadanía.

Los costos políticos e institucionales que el ejército deberá enfrentar, por causa de la militarización que de las fuerzas del orden se ha querido hacer, están ahora a la vista y deben ser asumidos directa y claramente por quienes debían haberlos evitado. El Coronel Juan Chiroy, quien conducía a la tropa, es hasta ahora el único oficial de alto rango enjuiciado como responsable de las ejecuciones extrajudiciales.  Junto a él lo están siendo también dos soldados de quienes el MP tiene certeza que fueron quienes realizaron los disparos que mataron a los manifestantes, así como otros seis por haber disparado sin que se logre comprobar que causaron muertes.

La situación, pues, se ha puesto complicada para esos desprotegidos soldados, quienes con su proceder han venido a demostrar la pésima instrucción con la que cuentan, pues a las primeras de cambio abrieron fuego. Evidentemente esos soldados serán condenados, aunque presenten como atenuante que cumplían órdenes (¿de quién?) pues el argumento de defensa propia será difícil de demostrar, ya que entre los apostados no se encontraron armas que pudieran justificar su uso por parte de los militares.

Son pues, estos soldados, otras víctimas más de esa manera simplista de entender la seguridad pública y, si bien debemos pedir que caiga todo el rigor de la ley sobre ellos, también debemos exigir que donde estén confinados y luego llevados a cumplir su condena, sean tratados de manera humana y responsable. Será en este caso en el que el Procurador de los Derechos Humanos tendrá que hacer público cuestionamiento de la posición que asumió para convencer a las derechas para que apoyaran su elección. Deberá ahora exigir que esos soldados sean tratados humanamente aunque sean responsables de un crimen. Y, contrariamente a lo que afirmó  cuando candidato, el ahora Procurador deberá velar porque a esos soldados-reos se les de un trato digno y humano.

Debe decirse también que si el Sr. Presidente no es declarado culpable de delitos como el de intento de encubrimiento, por haber afirmado, recién acaecidos los hechos, que los soldados no iban armados para luego decir que habían disparado al aire, y se demuestra que fue mal informado, la figura presidencial, más que la persona misma que actualmente ocupa el cargo, deberá también ser considerada víctima de ese proceder.

El Sr. Presidente es el Comandante en Jefe del Ejército y, como tal, no solo debería haber recibido toda la información posible en los momentos precisos, sino saber de ante mano cual sería el comportamiento de su tropa. Si se demuestra que fue voluntariamente engañado y llevado a mentir, el responsable directo del ejército debe no solo ser demitido sino procesado. De ese pedido de renuncia depende que la Presidencia se preserve en su integridad o pasemos a ver a su ocupante como encubridor de comportamientos anómalos.