La impune libertad con la que se han movido en la ciudad capital para expresar abiertamente sus criminales amenazas, la atención recibida por los diputados más conspicuos de ese pacto pro impunidad y corrupción, las atenciones prodigadas por el vicepresidente de la república e incluso la promesa de pagos millonarios hacen evidente que todos son parte de una misma trama criminal, organizada simple y sencillamente para asegurar impunidad a quienes durante casi cuatro años no solo han desfalcado las arcas públicas, sino además han destruido las ya para entonces débiles estructuras del Estado.
Las hordas criminales que amenazantes tomaron las calles capitalinas no han surgido de la nada ni mucho menos se han organizado clandestinamente. Son grupos terroristas creados y protegidos desde las estructuras paramilitares que dieron forma y vida al partido FCN y que desde el Gobierno les han permitido mantenerse activos para sustentar sus más oscuras acciones. Los amenazantes supuestos exmilitares son los mismos que en el proceso electoral pasado se agitaron para obtener votos para FCN-Nación e impedir que las estructuras de la UNE movilizaran sus votos en la costa sur, financiados ilegalmente con los fondos que los grandes empresarios proveyeron al partido del actual gobernante para imponerse en el segundo turno electoral.
La promesa de jugosas aportaciones económicas se mantuvo activa gracias a sus líderes para lanzarlos a las calles en el momento electoral a exigir su cumplimiento. Es el mismo método de los supuestos ex patrulleros civiles que movilizó el FRG para exigir la inscripción de Ríos Montt y neutralizar las acciones mínimamente democratizadoras del gobierno de Óscar Berger. Así como antes, nadie les exige evidencias y documentos de sus supuestos servicios, pues son mayoritariamente campesinos manipulados por esbirros que lo único que pretenden es aterrorizar a la sociedad para que los mafiosos de hoy continúen controlando el poder público para su único y personal beneficio.
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Ni Morales ni el presidente del Congreso han dado de gritos acusándolos de lo que son: un grupo de terroristas extorsionadores y chantajistas. Todo lo contrario: los atienden con alfombra roja y comedidas palabras y se los deja amenazar y vituperar, ya que todo está cuidadosamente establecido en el libreto.
No les pagarán por los inexistentes servicios militares. Les entregarán migajas cuando les hayan servido para sus nefastos fines, que fundamentalmente son impedir un proceso electoral sereno y confiable. Tanto Morales como Arzú atacan diariamente al Tribunal Supremo Electoral gritando fraude mientras ellos preparan todas las condiciones para imponer a sus candidatos.
Arzú Escobar comienza a notar con angustia que su raquítica organización, cuando mucho, salvará por la mínima a la alcaldía municipal de Guatemala y que muy difícilmente obtendrá los votos necesarios para mantener su curul. Por ello desde ahora grita «¡fraude!» porque, si no es mediante uno más que descarado, tendrá que salir a buscar empleo con alguno de sus parientes o financistas.
Jimmy Morales, por su parte, ve con ansiedad y desesperación cómo su irresponsable y patán candidato no logra sacar siquiera la cabeza en las intenciones de voto y que, de todos los demás candidatos del Pacto de Corruptos, solo podrá entrar al segundo turno alguno de ellos si el fraude se produce. Por ello ha desatado sus hordas, que de amenazar con explosión de bombas han pasado a ofrecerse como amenazantes vigilantes en el proceso electoral.
Algo de cierto han dejado los amenazantes pseudomilitares: saben de bombas y explosivos porque fueron algunos de ellos, bajo supervisión y orientación de oficiales del Ejército, los que en la época del terrorismo de Estado, eufemísticamente llamado conflicto armado interno, pusieron bombas en puentes e infraestructura vial para luego acusar a la guerrilla.
Los ciudadanos tenemos pocos instrumentos para deshacernos de esta plaga. Uno de ellos es el voto, que debemos ejercer inteligente y cuidadosamente este 16 de junio.
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