Luis Solano fundamenta esta situación en su artículo La punta del iceberg. Por otra parte, Mayra Palencia, en un ensayo titulado Élites y lógicas de acumulación en la modernización económica guatemalteca, define claramente el Estado patrimonialista o corporativista y explica cómo las élites, conformadas por familias de origen terrateniente, han expandido y diversificado sus diversos ejes de acumulación por medio del poderío que les ha dado la propiedad de la tierra, pero también a través de los beneficios que el Estado les ha proporcionado, entre los cuales menciona recurrentes beneficios fiscales, distintos mecanismos que incluyen la aprobación de leyes ad hoc elaboradas por sus técnicos y una institucionalidad laxa para hacer cumplir las obligaciones fiscales, el uso de mano de obra barata, prácticas monopólicas y el uso privilegiado de los espacios de negociación de acuerdos comerciales.
También destaca el uso de mecanismos fraudulentos en la apropiación de grandes extensiones de tierra y, en general, el uso del Estado para expandir y afianzar negocios que únicamente benefician a un grupo de empresarios.
En esta crisis están por develarse las empresas que evadieron impuestos utilizando la estructura conocida como La Línea. Pero es ampliamente sabido que, además de contar con todos esos privilegios, los distintos gobiernos de la etapa de construcción democrática han venido consolidando una estructura altamente concentradora de la riqueza al entregar recursos públicos, burlar los procesos de adjudicación y asignar licencias de exploración y explotación de minerales y a hidroeléctricas.
La resistencia que generan estas nuevas actividades económicas en los territorios rurales ha sido aplacada con medidas judiciales y represión, con lo cual se afianza una práctica estatal de resolver los conflictos mediante el uso de la violencia y de la fuerza militar.
Para refrescar nuestra memoria hago un repaso de las actuaciones de los empresarios desde que se inició la época de los gobiernos civiles en 1985. Tuvimos un gobierno socialcristiano que fue elegido con más del 60% de los votos. De este gobierno se tenía la expectativa de que condujera la transición de la guerra y las dictaduras militares a un gobierno civil que iniciara el camino de la paz.
Este gobierno fue frenado inmediatamente por los empresarios organizados en el Cacif cuando este amagó con llevar a cabo una reforma fiscal y hacer cambios en el ámbito agrario. El Gobierno claudicó en estos objetivos al recibir presión del Cacif, que organizó un paro nacional.
Luego, en 1993, el Cacif, junto con élites del Ejército y algunos sectores urbanos, evitó el autogolpe del expresidente Serrano Elías, pero no tardó en orientar el gobierno de transición hacia una reforma constitucional que implicó anular la posibilidad de que el banco central le prestara recursos al Estado, con lo cual se logró que los bancos privados se beneficiaran, hasta hoy, del endeudamiento público, que es mayor que la deuda externa. Asimismo, dentro de este gobierno se incluyeron las reformas al Código Penal Usurpación y Usurpación agravada, artículos 256 y 257, que permiten la criminalización de las ocupaciones de tierra impulsadas por el movimiento campesino.
En 1996 llegó al poder el primer gobierno civil del empresariado, el cual generó la reforma neoliberal más estructural del Estado después de la guerra. Las mayores privatizaciones, que favorecieron a algunas de estas familias oligarcas y a sus testaferros, fueron lideradas por Álvaro Arzú, quien también favoreció la privatización solapada de los sectores salud y educación. Con este gobierno no solo se firmó la paz, sino también se vivió el mayor desencanto respecto a dichos acuerdos. En 1999, los sectores más reaccionarios de la derecha realizaron una campaña masiva contra la reforma constitucional, la cual rechazó las propuestas de las organizaciones de pueblos indígenas para hacer de este un Estado multilingüe y pluricultural.
Durante ese gobierno se perpetró el asesinato de monseñor Juan Gerardi, que quedó en la impunidad hasta el fin de ese mandato, y se dio la no aceptación del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), uno de los principales compromisos de los acuerdos de paz.
Posteriormente, en el gobierno de Portillo, pese a las grandes contradicciones internas de este gobierno, que llevó como principal candidato al Congreso al general Ríos Montt (quien en el 2013 sería juzgado por genocidio), se empoderó de nuevo a sectores del Ejército vinculados a la guerra y a esta red de contrabando que hoy se combate. Pero las medidas de este mandato de romper con los monopolios del azúcar, el pollo y el cemento provocaron que los sectores económicos le hicieran un boicot permanente en el tema fiscal, pese a que una de las familias de este sector se encontraba entre sus principales financistas. Su discurso antioligarca y la amenaza frontal con la realización del Jueves Negro contra la Corporación Multi Inversiones y estas acciones económicas provocaron que los desmanes de corrupción de este gobierno no fueran apañados, por lo que muchos de sus cuadros pagaron con cárcel, incluyendo al mismo expresidente.
El gobierno de Óscar Berger sería el designado para recuperar la confianza del guatemalteco en los gobiernos empresariales. Un ganadero de la costa sur sin muchos atributos para constituirse en jefe de Estado fue ungido por el sector privado para dirigir un gobierno de coalición, el de la GANA. Se trató de un gobierno que inició su gestión realizando los mayores desalojos vividos en la última década, después de los acuerdos de paz. Durante este ocurrió el caso del desalojo violento de la finca Nueva Linda, con un saldo de campesinos y policías asesinados, además de una política de limpieza social que terminaría con el caso Pavón, en el que dos de sus principales ejecutores, Erwin Sperisen y Carlos Vielmann, serían juzgados fuera de las fronteras guatemaltecas en años recientes. El primero de ellos fue condenado a cadena perpetua en Suiza, y el segundo está siendo juzgado en los tribunales españoles. Durante este gobierno, el Cacif en pleno anuló dos años de diálogo sobre la creación de un código agrario, proceso llevado desde la Corte Suprema de Justicia con la sociedad civil. Y es también durante este gobierno cuando se aprueba la Ley contra el Terrorismo, que sirve de instrumento para reprimir las luchas sociales, especialmente aquellas surgidas en el 2005 contra las extracciones de minería metálica a cielo abierto, y en la actualidad extendida a otros proyectos extractivos.
En el gobierno de Álvaro Colom, el empresariado criticó fuertemente la ejecución de los programas sociales al tachar de clientelar el uso de estos, práctica que ha sido utilizada por todos los gobiernos que lo antecedieron. En ningún momento de su gestión el gobierno de Colom amenazó con darle un giro a la política de privilegios que históricamente ha beneficiado al empresariado. Colom dio continuidad a un modelo económico concentrador de la riqueza y depredador de los bienes naturales. Pero su política social generaba suspicacias, especialmente las pretensiones electorales de su esposa, Sandra Torres. Así, empresarios vinculados a fuerzas paralelas intentaron efectuar un golpe de Estado a partir del suicidio de Rodrigo Rosenberg. Luis Mendizábal, hoy prófugo de la justicia por el caso La Línea, y Mario David García, recién nombrado candidato presidencial del Partido Patriota, en proceso de extinción, desempeñaron un rol activo en este intento de golpe de Estado. De forma paralela, en este complot contra el presidente Colom se intentó implicar como la estructura que albergaba a los culpables del asesinato de Rosenberg a Banrural, uno de los bancos más pujantes del sistema financiero, en franca competencia con otro de los principales bancos de accionistas de importantes familias de las élites económicas.
El actual presidente del país, Otto Pérez Molina, es un militar contrainsurgente y miembro de estructuras de inteligencia del Estado, una de ellas el Estado Mayor presidencial después del autogolpe de Serrano Elías, donde se mantuvo durante el gobierno de Arzú. Fue postulado como el candidato del proyecto de mano dura en unas elecciones en las cuales el financiamiento privado se desbocó para favorecerlo. Este gobierno había mantenido, hasta este momento de crisis, una férrea alianza con el sector empresarial para aplicar medidas represivas contra la población rural que se defiende de la expansión de megaproyectos de extracción de minerales e hidroeléctricas, así como de monocultivos.
En este gobierno se realizó el juicio por genocidio y se emprendió una cruzada de sectores conservadores del Ejército para retomar la vieja ideología y las tácticas contrainsurgentes. Esta cruzada se valió muy pronto de su vieja alianza con el sector privado, pues logró de forma expedita la anulación del juicio contra el general Ríos Montt desde la Corte de Constitucionalidad, a petición explícita del Cacif. A esta corte perteneció el actual vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, elegido con el beneplácito de este sector empresarial y de la Embajada de Estados Unidos.
Con la puesta en escena del peor escándalo de corrupción y con las masivas manifestaciones de la población fundamentalmente urbana, esta alianza empresarial con el gobierno de Otto Pérez Molina se fisura y se suma a la presión pública que desemboca en la renuncia de la vicepresidenta, pero guardando aún cierta fidelidad a su general y otrora aliado.
En todos estos momentos históricos señalados, el sector empresarial se ha negado a transformaciones de fondo, como la verdadera aplicación de los acuerdos de paz y la transformación fiscal y de la tierra. Asimismo, ha mantenido negociaciones permanentes para impedir la mejora salarial. Además, en la última década se ha ensañado contra la población que se resiste a los proyectos extractivos y se ha valido del Estado para ampliar sus beneficios económicos amparado, en la última década, en acuerdos y planes regionales, como se pretende en la actualidad con la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
En toda esta fachada democrática de elección de gobiernos ha incrementado su apuesta por el financiamiento de partidos y candidatos. Cuando cree que pierde el control por gobernantes que no están del todo a su favor busca diálogos y alianzas con la sociedad civil, hecho que fue notable en el autogolpe de 1993 y en tiempos de Portillo. Asimismo, ha utilizado campañas mediáticas para privilegiar temas de su interés, el más reciente relacionado con el caso por genocidio, sin escatimar tampoco sus esfuerzos directos y abiertos contra temas que adversa, como el desarrollo rural.
En esta crisis empieza ya a gestar una transición controlada por los empresarios y con un perceptible beneplácito del Gobierno de Estados Unidos. El primer paso ya se dio al colocar al actual vicepresidente, un hombre proveniente de los grupos de ultraderecha y conservador que por muchos años logró importantes fallos a favor de estos. Ahora seguramente buscará canalizar el descontento ciudadano generando coaliciones a favor de erradicar la corrupción y realizando reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que estabilicen este descalabro dentro del gobierno del Partido Patriota. No está lejos la posibilidad de generar condiciones para una reforma constitucional que garantice un modelo económico neoliberal sin superar la desigualdad y la exclusión de importantes sectores de la población.
Por eso sostengo que el Cacif no puede liderar este descontento, pues, en esta historia que hoy está desembocando en el resquebrajamiento del Estado y de su sistema institucional y político, no está libre de responsabilidad. Este movimiento, que hoy es muy amplio, puede y debe mantener su independencia, ya que se requiere de una fuerza moral y ética que emerja de los diferentes sectores y haga confluir esta expresión social para llegar a establecer, en esta condición, un verdadero y nuevo pacto social que funde un nuevo Estado, democratice el poder y ponga los cimientos para el logro de la justicia y del bien común.
Así como hoy pedimos la renuncia de Otto Pérez Molina, las distintas voces que nos hemos manifestado en el Centro Histórico debemos exigirles a los empresarios que respeten a esta sociedad indignada y que no realicen ningún intento de resolver en conciliábulo esta gran oportunidad de transformación.
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