Las claves de la defensa de Pérez Molina

“A usted Otto Fernando Pérez Molina, el Ministerio Público lo acusa de formar parte de una organización criminal integrada por más de tres personas con roles y funciones plenamente definidos, que operó por lo menos desde mayo de 2014 hasta abril de 2015, cuya existencia y operación en forma continuada, se estableció a través de, aproximadamente, 100 mil sesiones correspondientes a líneas telefónicas intervenidas con autorización judicial, 5 mil correos telefónicos, 500 mil documentos incautados y analizados, 200 extracciones de dispositivos informáticos y de comunicación móvil, testimonios y otros medios de convicción obtenidos en el curso de la investigación…”. Así empieza la acusación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra del exmandatario.

Los datos y las evidencias en torno al caso “La Línea” parecen abrumadoras, decenas de detenidos y decenas de llamadas y documentos incriminadores para los diferentes integrantes. Pese a esto, César Saúl Calderón de León, el abogado que dirige la defensa de Otto Pérez Molina, confía en lograr un buen resultado para su cliente. Calderón, quien fue el abogado del general Mauricio Rodríguez Sánchez, el jefe de inteligencia de Efraín Ríos Montt, en el juicio por genocidio —en el que Rodríguez fue declarado inocente, antes de que el juicio fuera anulado por la CC —, ha sido también defensor en otros procesos de alto impacto como el caso Rosenberg. En esta ocasión, sin embargo, deberá enfrentar el caso más voluminoso y con más recursos materiales y humanos destinados hasta ahora para una investigación de la CICIG.

Los delitos de los que se acusa a Pérez Molina son asociación ilícita (por la presunta integración de una agrupación con el propósito de cometer delitos), casos especiales de defraudación aduanera (por la declaración inexacta de mercancías), y cohecho pasivo (por la supuesta aceptación de beneficios de un funcionario a cambio de acciones propias de su cargo), con el agravante de abuso de autoridad.

La acusación del MP y la CICIG detalla que la actividad de esa estructura, cuyo liderazgo achaca a Pérez Molina, “consistía en facilitar el paso de contenedores de las diferentes aduanas mediante la negociación del ajuste a declaraciones únicas aduaneras de importación, a través de una negociación no regulada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a la que la estructura criminal denominó “La Línea”, que consiste en un mecanismo de control de pago de impuestos y sobornos que le denominaron ‘la cola2”.

1. La defensa dice que no se puede probar la defraudación fiscal por la actividad de La Línea ¿cómo lo establece o detecta la Fiscalía?

Según Calderón, los informes oficiales de la SAT establecen que durante el periodo de operación de “La Línea”, la institución tuvo sus máximos de recaudación. Evita, sin embargo, referir si esos máximos en recaudación cumplen con las metas de cobros de tributos. O si pueden establecer si ese crecimiento no se corresponde con el aumento de la actividad económica derivada de las importaciones. Por otro lado, el abogado reconoce la existencia de un cobro ilegal, conocido como “la cola”, por parte de agentes aduaneros, pero afirma que las declaraciones de Estuardo González, alías “Eco”, no confirman que se defraudara al fisco, sino sólo que se hiciera un cobro por “agilización de trámites”.

La acusación del MP indica: “Aunque en el período imputado, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, aumentó la cifra de mercadería importada, como efecto de esta práctica se mantuvo constante el margen de recaudación aduanera oficial”.

2. ¿Por qué si se reporta el incremento en ingresos de mercancías no se cumplió con las metas de recaudación de la SAT?

Según el análisis criminal DAC/DEAC26-2014, del MP, fechado 7 de abril de 2015, mediante la operación de La Línea, “la recaudación que debería recibir el Estado se ve disminuida para favorecer a los intereses de los empresarios, a cambio del enriquecimiento indebido de algunos particulares (trabajadores de SAT y personas externas). Es decir la función de recaudación de impuestos se desvía a particulares teniendo como resultado: 1) la disminución de la recaudación, y 2) el enriquecimiento de quienes participan en la actividad anómala”.

La defensa de Pérez Molina, intentará mostrar que la “cola” o “colocha” fue un pago irregular, pero destinado exclusivamente a acelerar el paso de mercadería, sin menoscabar el cobro de tributos. Además, según lo expresado por Calderón, como un actividad que involucraba a agentes aduaneros “vistas” y empresarios, sin llegar a tocar a altos mandos de la SAT, y menos a su defendido.

3. Si se pagaba la “cola” o “colocha” para agilizar el paso de mercadería ¿no es esto un ilícito?

En numerosas escuchas telefónicas, adjuntas a la investigación del MP y la CICIG, se detalla el propósito del pago de la “cola” para reducir el cobro de tributos. El informe externo de la CICIG, InvInfoEXT032/2015, del 20 de febrero de 2015, detalla en la sesión 779 del 22 de octubre de 2014, entre los integrantes de “La Línea”, Mynor Pineda y Julio Aldana Sosa: “se están poniendo chuchos porque ahora la ropa interior está a 90-45 (pago de impuestos de Q90 mil y Q45 mil de cola), le bajaron al papel y le subieron a la cola, lo que si es que se les va a venir la recaudación para abajo”.

Los vínculos con el binomio presidencial

Un aspecto que podría dividir los esfuerzos de la defensa de los más altos exfuncionarios acusados, Otto Pérez y Roxana Baldetti, es la vinculación que hace el MP sobre las funciones de ambos en “La Línea”. La investigación de la fiscalía ha establecido que Estuardo González, alias “Eco”, como líder operativo de la organización, remitía informes periódicos de sus actividades los cuales “ponía a disposición de Ingrid Roxana Baldetti Elías, ésta última en posición de brazo ejecutor directo de las instrucciones que usted vertía”, señala la acusación del MP contra Pérez Molina.

La hipótesis del MP y la CICIG, básicamente, es que la estructura funcionaba por la participación de altos mandos de la SAT, así como la de Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti, y Estuardo González, y que el poder de estas personas derivaba de su cercanía al binomio Presidencial.

4. ¿Cómo desvirtúa la defensa la hipótesis del MP?

La defensa del expresidente, por lo que deja entrever Calderón, apunta a levantar una empalizada que separe las atribuciones y decisiones del entonces Presidente, del resto de acusados. En la acusación del MP se apunta sobre Pérez Molina: “Usted tuvo incidencia directa en decisiones al interior de la Superintendencia de Administración Tributaria que respondían a los intereses de la organización criminal, entre ellas, usted impulsó cambio de personal de la Superintendencia de Administración Tributaria, para el nombramiento de funcionarios afines a la organización criminal”, tras lo cual cita a Álvaro Omar Franco Chacón, superintendente que reemplazó a Carlos Enrique Muñoz Roldán, y Sebastián Herrera Carrera, en sustitución de Carlos Manuel Pinzón Ramos.

5. ¿Cómo defiende a Otto Pérez Molina de los señalamientos del MP que lo vinculan con La Línea?

Según Calderón, el MP debe probar que Pérez Molina participó o ideó un plan para defraudar al Estado, que tomó decisiones o emprendió acciones que condujeron a cometer la serie de delitos de los que se responsabiliza a los integrantes de “La Línea”. Y este es precisamente uno de los aspectos que más pueden complicar a la parte acusadora. Calderón señaló que las declaraciones que pueda brindar como colaborador eficaz Juan Carlos Monzón Rojas, deberán ser sustentadas por el MP con otros elementos de prueba.

En la acusación, el MP señala a Pérez Molina y Baldetti como “coparticipes” y apunta que trabajaron tanto en la fundación del Partido Patriota (PP), en el Congreso de la República y como miembros del partido que los llevó al poder. “El binomio presidencial, es fruto del trabajo político conjunto, al que se integró desde el año 2009 Juan Carlos Monzón Rojas, con quien mantuvieron un vínculo cercano, que les generó una confianza más allá de lo político y profesional”, señala la acusación.

6. Los medios de prueba

En todo caso, apunta el abogado defensor, las evidencias de la computadora de “Eco” y su misma declaración señalan que se reportaba ante Baldetti, no ante Pérez Molina. Por lo cual Calderón estima que no ha tenido que atacar el uso de los documentos contenidos en la computadora de “Eco” pues no vinculan a su cliente.

Lo que si apunta hacia el exmandatario son algunas escuchas telefónicas, como la de la sesión 614 del 03 de octubre de 2014, consignada en el informe externo de la CICIG InvInfoEXT032/2015 del 20 de febrero de 2015, en una conversación entre Mynor Pineda y Julio Aldana, donde se señala que “El Presidente” pide abrir cuatro cuentas bancarias para recoger los cobros de “La Línea”: “El que va mandar todo esto es Jerez. Ellos quieren agarrar directo a los clientes. Quieren dejar fuera al que cobra el 5% porque Jerez dijo que se volvió un mercado y por eso la CICIG tiene información, y eso le ordenó el "PRESIDENTE" que calme, por eso está poniendo cuatro cuentas bancarias para que se hagan los depósitos, todo lo que reporte se le va a pagar”.

7. La ruta del dinero

La ruta del dinero deberá ser establecida con claridad por parte de la fiscalía para poder probar que el exmandatario se benefició con el dinero cobrado por “La Línea”. Este aspecto es especialmente importante para probar el delito de cohecho pasivo, es decir el cobro ilegal, que habría efectuado la estructura según el MP.

La defensa también juega en el campo de la percepción política. Aunque Calderón asegura que se limitará a una defensa técnica de su cliente, también lanza cuestionamientos sobre el papel de la CICIG en la investigación contra Pérez Molina. Critica el uso de más de un testimonio de lo colaboradores eficaces, testimonios que dice son repetidos con la fiscalía “hasta estar bien planchados”, para luego presentarse en tribunales. Lo cierto es que su mismo defendido ha aprovechado los micrófonos para llamar al papel de Cicig “una injerencia” y acusar a la embajada estadounidense de estar detrás de su persecución penal y de decisiones políticas.

8. ¿Cómo afecta a la preparación de la defensa que su defendido, Otto Pérez Molina, acuse al gobierno de Estados Unidos de intervenir en el país en su contra?

Por último, un punto que no niega Calderón, acerca de las condiciones en las que desarrolla su defensa, es que hay una condena social anticipada en contra de su defendido. Que incluso antes de celebrarse el juicio hay una impresión general de culpabilidad contra su cliente. Un aspecto del cual responsabiliza a los medios de comunicación y las redes sociales.

9. ¿Las presiones externas no afectan para generar una condena social anticipada de su defendido?