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Laguna Larga: un desalojo en nombre de la naturaleza

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Desde el pasado 2 de junio, 490 personas permanecen en condiciones infrahumanas en la línea de demarcación entre México y Guatemala. Laguna Larga, la aldea en la que vivían desde inicios de los años 2000, fue quemada y destruida por soldados y policías. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que consideraba a la comunidad como un asentamiento ilegal, promueve en este territorio un proyecto millonario de créditos de carbono.

La destrucción sigue, sistemática, uniforme, casa a casa, casa a casa. Son visiones de otros tiempos, de cuando el Ejército arrasaba aldeas en el altiplano, muertos aparte.

Como cada mañana desde hace 25 días, Moisés García dedica las primeras horas del día a llenar un depósito de 500 litros de agua que ha montado en la palangana de su picop antediluviano. Se dirige al campamento de los habitantes de Laguna Larga, aldea desalojada y quemada por las autoridades el 3 de junio pasado. Este hombre de 62 años, que vive en El Reloj, la aldea vecina, lleva gratuitamente a los expulsados lo que más les hace falta.

—Tengo amigos en Laguna Larga —me explica.

Laguna Larga y El Reloj son dos comunidades hermanas situadas en la frontera Norte con México. Están en el llamado Triángulo Candelaria, parte de la Reserva de la Biosfera Maya. Fundadas a inicio de los años 2000, son consideradas como asentamientos ilegales por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). La amenaza de un desalojo ha sido una constante a lo largo de su existencia.

El 3 de junio, le llegó la hora a Laguna Larga. 1,400 policías, 400 soldados y personal de Conap tomaron posesión de la comunidad. Los habitantes, advertidos ya de la llegada de la fuerza pública, optaron por evitar una refriega desigual y se instalaron sobre la brecha de 25 metros de ancho que recorre toda la frontera entre México y Guatemala. Entendieron que las autoridades guatemaltecas no podrían intervenir en esa zona de nadie sin generar un malestar diplomático.

Moisés García llega con el agua al campamento: una hilera de champas de plástico y tiendas de campaña de la cruz roja mexicana que recuerda a los campamentos de refugiados sudaneses o sirios. Allí viven 490 guatemaltecos, entre las cuales hay 240 menores de 12 años.

Unas 30 mujeres y un hombre, cargando cubos y cántaros, hacen fila detrás del picop. En menos de diez minutos, el depósito queda vacío. Varias de las mujeres se quedan sin agua. Quizás, cuando vengan los mexicanos tengan más suerte.

Frente a una de las champas, Constantino Vásquez Suchité, de 72 años, y Servelio González, de 31, presidente y secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo de Laguna Larga, respectivamente, rememoran el desalojo. Al enterarse de que las autoridades preparaban la intervención, Servelio, viajó a la zona central de Petén para recabar información. El 2 de junio, se enteró de que el contingente de soldados estaba ya en camino. Avisó a sus compañeros. La estrategia había sido definida antes: evitar el contacto con las autoridades, abandonar la aldea, instalarse en la línea divisoria, esperar.

Ante el aviso, la comunidad entró en pánico. En una lucha pavorosa contra el tiempo, todos los habitantes empezaron a sacar de la aldea sus pertenencias y animales. A las 10 de la noche, empezó a caer una lluvia recia sobre los habitantes sin techo, pero esto no impidió que siguieran rescatando sus objetos de valor. Laguna Larga huía, con el miedo de ver aparecer la tropa, tal y como antes huyeron al lado mexicano 100 mil guatemaltecos durante el conflicto armado.

Los policías y soldados sufrieron lo suyo: sus camiones se atascaron en el lodo de las trochas y en vez de ocho horas, tardaron dos días en llegar. Tuvieron que aguantar hambre y beber agua de los charcos en una operación mal diseñada y peor ejecutada. En la tarde del día 3, tomaron posesión de un pueblo fantasma.

La champa de Elmer Córdova es la enfermería del campamento. De 52 años, rubio, seco, de intensos ojos azules, él es uno de los habitantes más singulares de la aldea. Nacido en Retalhuleu, criado en México, vivió 25 años en Estados Unidos. Entre los mil oficios que ejerció, recibió una formación de brigadista paramédico que lo llevó hasta el Golfo Pérsico con el Ejército estadounidense. Harto de la sociedad occidental, llegó a Laguna Larga diez años atrás y rehízo su vida a la par de los campesinos.

Varias veces por semana viene un médico mexicano a atender a los enfermos del campamento. Para mientras, Elmer Córdova es quien reparte acetaminofén, colirios y antihistamínicos, quien regaña al que tomó diclofenaco para curarse de la tos, quien mide el grado de calentura de los niños con la palma de la mano. Hoy, ha detectado 23 cuadros gripales en niños y adultos. Las condiciones de humedad e insalubridad extrema del campamento han multiplicado los casos de conjuntivitis, fiebres, alergias, infecciones y hongos. Los niños, sorprendidos en pleno año escolar por el desalojo, son quienes más sufren.

Vilma Roxana López, alegre, bromista, maternal, ayuda a Elmer Córdova. Ella es una de las seis maestras de primaria de Laguna Larga. Originaria de Poptún, Petén, llegó a la aldea en 2007. “He compartido alegrías, tristezas y cosechas con la gente de aquí”, dice. “Esta es gente que se gana su comida con sudor. No es justo que los desechen de esta manera”.

En boca de todos los desalojados sólo hay palabras de agradecimiento hacia las autoridades mexicanas. Día tras día, sorteando un espantoso camino enlodado que viene desde El Desengaño, la población más cercana, situada a cinco kilómetros, acuden funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Grupo Beta, institución que brinda asistencia médica, agua e información a los migrantes que atraviesan México. Traen además, alimentos enlatados, harina de maíz y medicinas. Los refugiados también han recibido ayuda de Médicos sin Fronteras y de algunas organizaciones mexicanas como el albergue de migrantes de Tenosique. Sin olvidar la solidaridad espontánea de las aldeas mexicanas vecinas. ¿Y del gobierno de Guatemala? “Ni una aspirina hemos recibido”, dice Servelio González. Luego matiza: en los primeros días del éxodo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) envió víveres para dos días y 10 mil bolsitas de agua purificada de 200ml, que ahora están tiradas por doquier. No se ha vuelto a saber más de Guatemala.

El atardecer trae al campamento nubes de mosquitos de tamaño descomunal que se abaten sobre los refugiados. Los hombres descansan en las hamacas, las mujeres cocinan en sus poyos improvisados, los niños juegan a los cincos. A la par de su champa de plástico negro, una chica de 19 años, morena, de finos rasgos indígenas, se entretiene bordando flores rojas sobre una servilleta para envolver tortillas. Se llama Brenda González y recuerda con tristeza su aldea: “vivíamos felices allá. Allí teníamos nuestro futuro. Nos dedicábamos a nuestro hogar, íbamos a la iglesia, ayudábamos a mi papá a limpiar frijol”. Cuenta que cuando terminó la primaria, quiso seguir estudiando pero sus padres no tuvieron los recursos para mandarla a la secundaria en El Naranjo, a seis horas de allí, y las becas que prometió el alcalde de San Andrés nunca llegaron. “Aunque uno tenga sueños, a veces no se puede.”

En nombre de los créditos de carbono

En diciembre de 2015, durante la gran conferencia del clima de París, Guatemala presentó ante el mundo su proyecto faro de lucha contra el calentamiento global. El proyecto llamado Guatecarbon, es fruto de una colaboración entre el Conap, las organizaciones ambientalistas Wildlife Conservancy Society yRainforest Alliance, y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop). Tiene además el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Ford. Incluso el actor Leonardo DiCaprio defendió el proyecto en su cuenta de Instagram.

Guatecarbon es un ambicioso proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada (REDD+). A cambio de reducir la tasa de deforestación en un área de 500 mil hectáreas de la reserva, dentro de la cual están Laguna Larga y El Reloj, los dueños del proyecto obtendrán créditos de carbono que pueden vender en el mercado internacional. Los compradores son empresas o gobiernos de países contaminantes que buscan borrar su huella ambiental y climática apoyando estos proyectos.

Según Sergio Guzmán, gerente de Guatecarbon, el proyecto está a punto de poner en el mercado 1,2 millones de créditos de carbono. Al día de hoy, cada crédito se cotiza en US$3.2 (Q24.3), con lo cual el proyecto podría recibir sus primeros US$3.84 millones. Guzmán espera obtener más. Algunos compradores optan por respaldar los proyectos REDD+ comprando créditos por encima de su valor bursátil. “Nosotros esperamos que el cliente no sólo vea carbono, sino también vea biodiversidad, desarrollo comunitario, cobertura boscosa. El año pasado, hubo créditos que llegaron a pagarse en US$17 cada uno”, anuncia.

En los 30 años que durará el proyecto, Guatecarbon espera poner en el mercado un total de 38 millones de créditos de carbono, que, si el curso del crédito de carbono no aumenta, como esperan los ambientalistas, equivaldrían a US$122 millones. Guatecarbon tendrá que demostrar a sus clientes que este dinero permite llevar a cabo acciones para reducir la deforestación.

El Documento de Diseño del Proyecto Guatecarbon, presentado en 2015, divide a las comunidades asentadas en el área en tres grupos: las que tienen un convenio con el Conap y serán beneficiadas por la venta de créditos, los asentamientos reconocidos por el Conap pero que representan un problema de gobernabilidad y por lo tanto, pueden ser desalojados, y por último, los asentamientos humanos no reconocidos, cuya “permanencia en el lugar es ilegal”. En este grupo están las cuatro comunidades del Triángulo Candelaria: Laguna Larga, El Reloj, Estrella del Norte, El Sacrificio.

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El documento asegura que estos “asentamientos ilegales” son “una amenaza no sólo al proyecto sino a la ley y orden interno”. Y añade: “Algunas de las organizaciones que trabajan en temas de sostenibilidad ambiental y de manejo de recursos naturales además de Conap, han recomendado el desalojo de al menos cuatro de ellas”. Esta “población informal” ya se encuentra “bajo tratamiento”.

Según Carbon Trade Watch, organización que monitorea y denuncia las violaciones a los derechos humanos relacionadas con los créditos de carbono, estos son “fundamentalmente injustos” y han motivado “cercados de bosques, militarización, fraude, coerción, desplazamiento forzado y desalojos en Kenia, Congo, Papúa Nueva Guinea, Brasil y muchos otros más”.

—¿El desalojo de Laguna Larga está relacionado con Guatecarbon?

—Es deber del Conap, y no sólo para el proyecto, mantener la gobernabilidad en la Reserva de la Biosfera Maya. Conap aplicó la medida ante la amenaza que representan las usurpaciones, y por la amenaza a la cobertura forestal —responde Sergio Guzmán.  

En cambio, Elmer Figueroa, secretario ejecutivo de Conap, no asume ninguna responsabilidad en el desalojo de Laguna Larga.

— Lamentablemente al Conap se le ha criminalizado. Nosotros simplemente acatamos con lo que la ley nos mandata, que es presentar las denuncias por diversos ilícitos. Luego ya es un proceso de los entes de justicia, contesta.

El último Plan Operativo del Parque Nacional Laguna del Tigre desmiente esta versión.  El desalojo de “asentamientos ilegales” es uno de los ejes de una amplia estrategia de Conap que abarca el parque y sus zonas aledañas como el Triángulo Candelaria. A lo largo del 2016, Conap promovió  de forma activa el desalojo de dos comunidades, La Mestiza y Torre Chocop, realizando gestiones ante el organismo judicial. Incluso, le adjudicó un presupuesto de Q57 mil a estas acciones que, muy a su pesar, no se llevaron a cabo.

Criminalización

Durante los últimos cinco años, los habitantes de Laguna Larga han sido acusados de dedicarse al narcotráfico. En un reportaje de Guatevisión de mayo 2014, Salvador López, funcionario de Conap, aseguraba que “esa gente” posee “todo tipo de armamento porque tienen un ligamen muy fuerte con una estructura mexicana”.

Los documentos de Guatecarbon también van en ese sentido. “Los habitantes locales expresan que allí se realizan actividades relacionadas al narcotráfico por lo que el diálogo con las personas de esas áreas se ha hecho muy difícil”, indica el documento de diseño, sin reparar en la contradicción interna de la frase.

Sergio Guzmán, gerente de Guatecarbon, asegura que estos grupos tienen por modus vivendi usurpar tierras para venderlas. Además, depredan sitios arqueológicos, destruyen la cobertura forestal, tienen nexos con el narcotráfico, se comunican por teléfonos satelitales. “Muchos de ellos van huyendo de un pasado delincuencial porque si no, no se explica que se hayan metido tan lejos. Sabemos que utilizan a mujeres y niños en estado de precariedad para confundir a la prensa y las autoridades”, acusa Guzmán.

Pregunto a Guzmán si tiene pruebas de que la población de Laguna Larga esté relacionada con el narcotráfico. “No tengo pruebas y el proyecto tampoco las tiene, pero es lo que se maneja a voces”, indica.

El Ejército tampoco tiene tales pruebas. William García, vocero del Ejército dice: “que yo le diga que esa comunidad está involucrada en narcotráfico, sería especular.” Lo que no significa que no haya narcotráfico en esa zona fronteriza: a cinco kilómetros al este de Laguna Larga, en la finca ilegal La Adriana, el Ejército destruyó hace unos meses una pista de aterrizaje clandestina.

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Mario Fiandri, el obispo de Petén, no cree que haya relación entre el narco y las comunidades de Laguna Larga. “Yo he ido a Laguna Larga”, me comentó unas semanas antes del desalojo. “Si viera las condiciones mínimas de vida de esa gente, entendería que si están allí es porque no tienen otro lugar en donde caer muertos”. Es difícil, en efecto, imaginar a narcotraficantes viviendo a la intemperie, apiñados en champas de plástico y comiendo de la ayuda humanitaria de México.

La posición del obispo no es la más común en Petén. En cambio, un amplio sector de la comunidad ambientalista del departamento repite sin tregua opiniones similares a las de Sergio Guzmán en contra del conjunto de habitantes de Laguna del Tigre. Suena esto a construcción de un enemigo interno, un grupo criminal despiadado y perverso con el que sería insensato discutir.

En un comunicado el obispo expresó su “repudio” ante el desalojo de sus “queridos hermanos/as de Laguna Larga”. Para el obispo el desalojo constituye una hipocresía por parte del gobierno. Por una parte, Guatemala exige a México y a Estados Unidos respeto a los derechos humanos de sus migrantes indocumentados, y por el otro, le niega estos derechos a sus migrantes internos. “Si son ilegales, pues son ilegales. Pero no son perros para sacarlos de una patada”, me dijo el obispo. “Si hay delincuentes entre ellos, que lo comprueben en un tribunal, como debe ser en un Estado de Derecho, pero sin castigar a toda la comunidad”, añadió.

Regreso a 1982

Desde el campamento improvisado, al día siguiente del desalojo, los comunitarios pudieron ver columnas de humo subir desde la aldea. Durante varios días el rugido de las motosierras se escuchó sin pausa. Entendieron que las autoridades estaban quemando y destruyendo sus casas.

Junto con seis habitantes de Laguna Larga, nos dirigimos a la aldea. Para llegar hay que caminar 20 minutos por un sendero rodeado de bosque e infestado de zancudos. A lo lejos, se oye una motosierra, prueba de que la labor de destrucción aún no ha terminado. Llegamos a las primeras casas.

La casa de Crescencio, una de las primeras, está quemada hasta los cimientos. Era una simple choza de madera y palma. En el solar, sólo queda el pequeño huerto en el que tenía chiles, tomates y bledo.

La casa del pastor Julián Canal se salvó de las llamas, pero no de la destrucción. Las fuerzas de seguridad serraron los horcones para que el techo se desplomara. La casa ya no puede ser habitada. Adentro no hay nada en pie: el poyo de la cocina fue volteado, las camas están patas arriba y las cuerdas que servían de estera fueron quemadas. Hay ropa pisoteada por el suelo.

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De la casa de Juan Vásquez dos perros sin dueño salen huyendo. Aquí también todo está destrozado. Hasta las hamacas fueron macheteadas. En una habitación en donde cuelgan dibujos infantiles, veo cuadernos escolares pisoteados por las botas.

La iglesia Camino Bíblico, nave grande de madera color verde azul también fue profanada. El equipo de sonido fue destruido y la pared atrás del altar quemada. Algunos soldados o policías escogieron la iglesia para acampar, e improvisaron literas con tablas y blocks. Allí mataron una gallina, la desplumaron y la asaron en una pequeña fogata.

La destrucción sigue, sistemática, uniforme, casa a casa, casa a casa. Son visiones de otros tiempos, de cuando el Ejército arrasaba aldeas en el altiplano, muertos aparte.

Vamos al encuentro de la fuerza pública. Soldados, policías de la División de Protección de la Naturaleza y guarda recursos del Conap descansan cerca de la escuela, que ahora le sirve de dormitorio a los soldados. Tras tomar nuestros datos, el oficial de policía al mando, de apellidos Jocop Moyus, nos atiende cortesmente pero con pocas palabras: sólo ejecutan órdenes del Ministerio de Gobernación; él no es responsable durante la operación, y por eso no le constan los destrozos en la aldea; la fuerza pública va a seguir indefinidamente resguardando el área; los que viven en áreas protegidas, todos saben que un día se les va a desalojar.

De vuelta en el campamento los refugiados nos ofrecen un almuerzo compuesto por una lata de frijoles, una lata de jalapeños y tortillas de Maseca, alimentos que reciben de México. Alrededor de Simone Dalmasso, fotógrafo de Plaza Pública, se juntan mujeres y niños. Quieren ver cómo quedaron sus casas. En la pantalla de la cámara las mujeres reconocen las viviendas, los objetos, las cosas familiares ahora quemadas y destruidas. Se ríen. Comentan burlonas. “La casa de nosotros está hecha lata”, lanza con picardía Mateo, de 11 años, provocando la risa de todos. Una risa catártica, como las risas tras un accidente en el que se pudo perder la vida, sacude a las exiladas de la línea fronteriza.

A una mujer que acaba de soltar la risa al ver su casa quemada, le pregunto qué siente. “Tristeza”, responde, ya con semblante serio.

La corta luna de miel entre Conap y Laguna Larga

Servelio González, secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Laguna Larga, guarda con esmero un fajo de documentos que registran la historia de las relaciones entre el Conap y su aldea. Una historia que tuvo sus vaivenes en función del contexto político.

En el año 2000 empezaron a poblarse Laguna Larga ante la pasividad de las autoridades. Llegaron allí indígenas de varias regiones: Ch’orti’s de Chiquimula, Q’eqchi’s de Petén e Izabal, Kakchiqueles del altiplano, y también ladinos de diversos lugares. El Conap tardó años en reaccionar hasta que en 2005 puso una denuncia por usurpación de tierras y pidió que Laguna Larga y El Reloj fueran desalojados.

Pero apenas un año después, el Conap ya no estaba tan seguro de querer desalojos. En el Estudio Técnico Integral  de 2006, documento que aún sirve de base legal para el reordenamiento de los “asentamientos humanos” de la región, el Conap indicaba que ambas comunidades podían o ser “reubicadas” o iniciar un proceso de “reducción de impactos”. El impacto de Laguna Larga y El Reloj era considerado “mínimo”, su nivel de conflictividad “medio”, y el Conap ya había iniciado un proceso de “diálogo, negociación y concertación” con ambas.

El Conap optó entonces por el diálogo y promovió la firma de acuerdos de cooperación con las dos aldeas. Durante los años 2006, 2007 y 2008, recibieron visitas de dos extensionistas llamados Rudy Quezada y Hottman Castellanos.

Las actas de la comunidad  muestran que los funcionarios les explicaron reiteradamente en qué consistían dichos acuerdos de cooperación: los habitantes tendrían que “mantener bosques, cuidar el agua y pedir permisos a Conap para sacar madera”. Tendrían que evitar que el número de familias aumentara y prohibir la “compra-venta de las agarradas”. A cambio, los campesinos ya no tendrían “contratiempos con las autoridades superiores”, y además, el Conap les otorgaría un polígono para cultivar. Según Constantino Vásquez, presidente del Cocode de Laguna Larga, los técnicos del Conap midieron con GPS un polígono de 235 caballerías (10,575 hectáreas) que les sería entregado. Hottman Castellanos matiza: sí se hicieron mediciones, pero estas sólo servirían de insumo para negociar el polígono comunitario.

Durante el proceso de negociación, el Conap les hizo entrega de varios avales que reconocen la existencia de Laguna Larga. El primer aval data de enero de 2006 y permitió que la comunidad recibiera maestros de primaria del Ministerio de Educación. Con el segundo aval, la aldea pudo nombrar un alcalde auxiliar reconocido por la municipalidad de San Andrés.

Un oficio con fecha 4 de enero de 2008, dirigido al Ministerio de Educación, indica que el “asentamiento humano” Laguna Larga “es reconocido por el Conap y actualmente se encuentra en fase final de firma de Acuerdo de Cooperación.” Por lo tanto, el Conap “no tiene inconveniente en el desarrollo de la educación”.

Hoy, Conap desconoce estos avales.

—Extraoficialmente le puedo decir que hemos comparado las firmas que se manifiestan con las personas, y no coinciden. Los documentos se trasladaron para una investigación especial para deducir responsabilidades —me asegura Elder Figueroa, secretario ejecutivo del Conap.

—¿Quiere decir que la comunidad falsificó documentos?

—No, no, no. No le digo la comunidad. Estamos realizando las investigaciones del caso y estoy a la espera del documento final.

Las sospechas de Elmer Figueroa son extrañas: los documentos emitidos por el Conap que avalan a la comunidad vienen en hojas membretadas, con sellos oficiales, firmas de diferentes funcionarios y se escalan en un periodo de tiempo de dos años. Además Hottman Castellanos confirma que el Conap sí otorgó estos documentos.

Estos avales eran necesarios para que el Ministerio de Educación asignara maestros a la aldea. Óscar Obando, quien en ese momento fungía como Director Regional de Educación, aseguró que nada, en esos documentos, le hizo dudar de su autenticidad. Por lo tanto autorizó el envío de docentes. “La obligación constitucional de brindar educación está por encima de la ley de áreas protegidas”, explica.

En 2008 la rueda giró para Laguna Larga y El Reloj. Los acercamientos con el Conap cesaron. Hottman Castellanos explica que, con la llegada de Álvaro Colom a la Presidencia, la política del Conap cambió. “La gente de las aldeas todavía nos buscaba, pero ya no nos permitieron ir”, recuerda. Colom adoptó una línea dura contra las comunidades asentadas en áreas protegidas: durante su gobierno se realizaron cinco desalojos en los parques Laguna del Tigre y Sierra Lacandón.

Los técnicos de Conap dejaron pues de visitar las aldeas, y a partir de 2012 empezaron a aparecer, entre los cultivos de maíz, frijol y pepitoria, soldados, policías, guarda recursos del Conap y personal de la organización ambientalista Wildlife Conservancy Society (WCS).

WCS, organización estadounidense dirigida por Roan Balas McNab, ha adquirido un enorme peso político en todo lo relacionado con la Reserva de la Biosfera Maya. Esto, gracias al respaldo de Usaid. Sus acciones van más allá del estudio y conservación de la vida salvaje. Por ejemplo, WCS redactó, en lugar del Conap, la última versión del plan maestro de la Reserva de la Biosfera Maya, documento que sirve a la vez de diagnóstico, de reglamento interno y de plan operativo por cinco años.

Los habitantes de Laguna Larga no lo sabían, pero su comunidad acababa de entrar en colisión con los planes de WCS.

En 2014, el Estado de Guatemala otorgó Q602 mil a la ONG para un proyecto intitulado “Recuperación de la gobernabilidad del Triángulo Candelaria” , cuyo objetivo era “establecer el control territorial y la prevención de amenazas para conservar los bienes nacionales y culturales”. Otro proyecto de gran escala de la organización se llama El Escudo. Su objetivo es detener el avance de la frontera agrícola y ganadera hacia el este de la Reserva. Esto, mediante patrullajes constantes en un corredor que atraviesa de norte a sur el Triángulo Candelaria y el Parque Nacional Laguna del Tigre.

“Hemos apoyado patrullajes y hemos recabado información en el área,. Nuestra política es un respaldo para que Conap pueda cumplir su función”, explica Roan Balas. El año pasado, junto con el Conap y el Ejército, WCS realizó 48 patrullajes de uno a tres días.

Con estos patrullajes las relaciones entre las autoridades y la comunidad se degradaron. De vez en cuando la patrulla capturaba a algún campesino sorprendido en su parcela y se lo llevaba hasta San Benito, en donde los juzgados le devolvían su libertad. Hubo también fuertes encontronazos entre las patrullas y la comunidad furiosa por alguna detención. Afortunadamente, no hubo muertos que lamentar.

El Escudo ha cumplido su objetivo y ha logrado detener en seco el avance de la deforestación. Pero su enfoque puramente represivo ha cerrado todas las vías de diálogo con las comunidades. En un eje norte-sur, todas las poblaciones cercanas al Escudo están amenazadas por desalojos: El Reloj, Torre Chocop, La Mestiza. La destrucción de Laguna Larga podría ser apenas la primera.

Oportunidades perdidas

Las fotos satelitales de Google Earth muestran que en las áreas cercanas a Laguna Larga y El Reloj, los cultivos de maíz, frijol y pepitoria y los potreros de las comunidades han hecho retroceder el bosque, sin eliminarlo del todo como es el caso en la parte central del parque Laguna del Tigre.

¿Qué hubiera pasado si el Conap hubiera firmado acuerdos con Laguna Larga y El Reloj? Para Hottman Castellanos, el extécnico del Conap, a cada familia se le habría otorgado una caballería de terreno (45 hectáreas) en la que hubiera podido cultivar. Con voluntad política, los acuerdos hubieran traído asistencia técnica para mejorar el rendimiento de los cultivos.

Castellanos recuerda que Laguna Larga estaba dividida: los líderes querían acuerdos de cooperación para reordenar las comunidades. Pero había un grupo que no quería ningún control del Estado para poder seguir expandiendo sus tierras. Esta división aún existe. En el campamento de refugiados, por ejemplo, se habla de un grupo de unas cinco familias que han realizado talas masivas para poner ganado y vender tierras a los campesinos que no las tienen. En 2014, este grupo taló tres caballerías en un sitio arqueológico llamado “Las Guacamayas”. Las fotos aéreas de esta tala fueron utilizadas por el Conap y WCS para presentar a Laguna Larga como una comunidad depredadora y saqueadora del patrimonio maya.

Estas talas no son bien vistas por la parte que sí está anuente a un “reordenamiento” con el cual, cada familia accedería a una parcela de igual tamaño. “Si las autoridades decidieran reordenar, ellos recuperarían la mayoría de las áreas, y los campesinos podríamos producir para el país”, argumenta Marvin Jordan, presidente del Cocode de El Reloj.

“La idea que queremos proponerle al Conap es que cada familia tenga dos caballerías. Una para cultivar y otra para mantener el bosque. Hasta se podría gestionar un fondo para mantener ese bosque. Pero no ha habido voluntad para negociar”, agrega Jordán.

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Mario Fiandri, el obispo, también defiende esta idea: “llevo seis años diciéndole a los del Conap que por qué no convertimos a esta gente en custodios naturales del bosque, poniéndoles reglas, obligándolos a cumplir. Pero no lo entienden. Para ellos son ilegales, y por eso son delincuentes”, exclama.

Para Jordán el Conap transita por un callejón sin salida. “Entre el parque Laguna del Tigre y el parque Sierra Lacandón somos tantos, que, si quisieran desalojarnos a todos, no tendrían dónde ponernos”, dice, refiriéndose a los 50 o 60 mil habitantes de ambos parques. “Hasta los barrancos de Guatemala están llenos toditos”.

Nadie sabe qué será de las 106 familias que acampan en la línea fronteriza. “Por el momento no hay una solución concreta”, indicó Axel López Anzueto, gerente de Fontierras. “Aún no hay una propuesta para comprar una finca en donde se podría realojar a las personas”. Y aunque la tuvieran, añade, el proceso para adjudicársela a un grupo puede durar meses, “cuando todo está en orden”.

Acosados por los zancudos y las enfermedades, desesperados por la falta de atención del gobierno, por la indiferencia de la opinión pública y los medios de comunicación guatemaltecos, los refugiados de Laguna Larga parecen condenados a vivir de la caridad de las autoridades mexicanas. Al menos, hasta que estas se cansen de atender los problemas de los guatemaltecos.

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