Los atacantes huyeron inmediatamente y las dos víctimas, que cayeron heridas en medio del tránsito de la hora pico, fueron trasladadas por los bomberos al cercano Hospital San Juan de Dios. Afortunadamente, nadie más salió herido.
Al día siguiente, uno de los periódicos de circulación nacional publicó una pequeña nota que identificaba a las víctimas como Leonel Estrada y Vinicio Gallardo, de 27 y 12 años de edad, respectivamente. Bajo el lacónico titular “Ultimados cuatro en hechos armados”, además del referido, se reseñaba el asesinato de un joven de unos 17 años, en silla de ruedas, en el Barrio Gerona; de otro hombre de 40 años, en la Colonia La Reinita, zona 6; de una mujer de 50 años en Jutiapa; y de un piloto de mototaxi, de 26 años, en Malacatán, además de mencionar a varias personas más, heridas también por arma de fuego en diversos incidentes. ¿Termina allí cada una de esas tragedias? Para la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, siempre y cuando no sean familiares o allegados a las víctimas, ese tipo de notas no merecen ni 30 segundos de su atención. Sin embargo, en un país que registró 6,498 homicidios en 2009 y que después de una disminución de la cifra en los años subsiguientes (6,234 en 2011 y 6,025 en 2012), cerró 2013 con un nuevo incremento a 6,072, según datos del INACIF, este tipo de hechos, que aparentemente se diluyen entre lo cotidiano, deben encendernos la luz de alarma.
¿Y qué aportan nuestras autoridades para encontrar soluciones? Veamos teoría y práctica: El Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, nacido en el seno del Ministerio de Gobernación, documento de carácter conceptual, que carece de metas, cronograma e indicadores, que no asigna responsabilidades institucionales claras y que ni siquiera es “pacto”, en tanto que no es el resultado de un proceso de negociación entre partes distintas, sino más bien una declaración de intenciones, es uno de los pilares en los que la actual administración se basa para autoevaluar sus avances en materia de seguridad ciudadana. Y la Política Nacional de Seguridad, por su parte, hija del Consejo Nacional de Seguridad, pero divorciada del Pacto mencionado, ha quedado en un cumplimiento meramente formal de lo mandatado en la Ley Marco del Consejo Nacional de Seguridad, caracterizado por su opacidad en estos 28 meses del gobierno que nos garantizaba que podríamos ir a pasear a pie, con nuestros celulares y laptops a cualquier lugar de Guatemala, sin temer ser víctimas de robos ni mucho menos de balas, directas o perdidas. “Mano dura” y “efectos perceptibles durante los primeros seis meses” era lo que nos prometían antes de tomar posesión. En la práctica, la creación de las “Fuerzas de tarea” contra homicidios, femicidios, extorsión, secuestro, sicariato, robo de vehículos y celulares le apuntaba, según las autoridades, a ser la solución para combatir delitos específicos, de alta recurrencia, en lugares previamente identificados, mediante trabajo de inteligencia civil e inteligencia militar, durante un tiempo determinado.
Sin embargo, cuando presenciamos espeluznantes episodios como el de las dos jóvenes baleadas fríamente por sicarios a pocos metros de su establecimiento educativo, cuando a diario somos testigos anónimos de hechos como los relatados arriba, y a la vez escuchamos los reproches del Presidente, afirmando que es sólo cuestión de percepción y que la violencia ha disminuido, no podemos más que arrepentirnos de nuestra crasa equivocación y dejar que los brillantes Pactos de Seguridad y Fuerzas de Tarea del gobierno de la mano dura continúen avanzando en la solución de nuestras infundadas angustias en materia de seguridad ciudadana. ¿Un alto a la violencia, un hasta aquí a la delincuencia?
*Politólogo graduado en la Universidad de Viena, Austria. Escribe sobre temas de DDHH, Seguridad, Justicia y Paz, así como análisis político nacional e internacional. Profundamente comprometido con las transformaciones estructurales que necesita nuestro país.
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