Detrás de las decisiones antidemocráticas e ilegales del expresidente estaban en juego mecanismos, actores, pensamientos y conocimientos jurídicos y políticos de cuadros calificados y con experiencia en el manejo del Estado incrustados en los sectores más conservadores de la oligarquía para resguardar privilegios y la matriz colonial de poder, de tal modo que se echó por la borda la mayor oportunidad de democratizar a Guatemala después de la Revolución de Octubre y de la firma de los acuerdos de paz.
El trabajo de la Cicig y del Ministerio Público antes de Consuelo Porras develó una parte importante pero mínima de la verdadera estructura de corrupción e impunidad y permitió entender que el Estado es la corrupción, la cual está metida en todos lados [1], y también que el Estado es reflejo de una sociedad que no entendió o no quiso entender la importancia de la lucha anticorrupción. Las astutas élites de poder sabían el sentir y actuar de la población y por eso se atrevieron a desobedecer a la Corte de Constitucionalidad, a desmantelar los avances en materia de seguridad y a hacer que los organismos Legislativo y Judicial se alinearan en contra de la Cicig con la omisión o el beneplácito de la mayoría ciudadana.
A partir de ahí, el rasgo colonial de la corrupción política, militar, empresarial y religiosa, en vez de disminuir, se ha consolidado. Un ejemplo, dentro de tantos, es el libertinaje que se da en la distribución de medicamentos. Los medios de comunicación recientemente han denunciado la continuada práctica de imponer precios altísimos a los medicamentos de manera inmoral, con lo cual violan la libre competencia, ya que los que controlan el mercado actúan como cárteles que imponen sus condiciones en perjuicio de la población.
[frasepzp1]
Han logrado dicha corrupción e impunidad vinculándose al ejercicio del poder político. Esto no es nuevo, ya que, desde tiempos del gobierno patriota, un diputado propietario de una gran cadena de farmacias orquestó la articulación de laboratorios, importadores, farmacias y transnacionales para aumentar constantemente, y sin razón, los precios de los medicamentos, los cuales son tres o cuatro veces más caros que en el resto de Centroamérica. Cuando la Cicig develó la corrupción en el sector salud, dicho empresario desapareció de la escena. Sin embargo, los vacíos en el ámbito de la corrupción son rápidamente ocupados por otros.
Quedaron los herederos de esta práctica inmoral de jugar con la salud de la población pobre, y las autoridades, en franca colusión, se hacen de la vista gorda. Desde 2015 organizaciones comunitarias y estudiantes de una universidad privada trabajan una propuesta de ley de medicamentos que fue ingresada al Congreso de la República con el número 4,915 y conocida en el pleno el 28 de enero de 2016, con lo cual se convirtió en iniciativa de ley. Lamentablemente, por los intereses espurios de algunos diputados, dicha iniciativa quedó engavetada. La idea era regular legalmente la distribución de medicamentos de tal manera que se garantizara la libre competencia y se combatieran los cárteles que siguen operando. Mi primer artículo de esta serie y el siguiente se titulan igual que este, de manera que se denuncia una situación que cuatro años después emerge de nuevo.
La expulsión de la Cicig ha envalentonado a las redes de corrupción, y por eso estas han arremetido de forma descarada contra aquel que ose denunciar las prácticas monopólicas de los que controlan el mercado de medicamentos. Desafortunadamente, su influencia ha llegado a las autoridades encargadas del asunto y, lo peor, a muchos médicos que se han puesto al servicio de los negociantes de la salud. Obligan así a los pacientes a consumir marcas caras, recomendadas a cambio de recibir regalos, viajes, becas, festividades, etcétera: práctica antiética que debería ser prohibida, ya que es otra manifestación de corrupción desde los profesionales de la medicina.
¿Qué nos depara el nuevo gobierno en esta materia? Somos pesimistas al respecto porque la influencia de estos empresarios al financiar campañas, partidos y políticos les garantiza la impunidad para seguir operando como lo han hecho, y ahora, lamentablemente, sin la Cicig y sin la esperanza de que el Ministerio Público ocupe el lugar de aquella.
* * *
[1] Prensa Libre, 12 de enero de 2020, página 14.
Más de este autor