La venganza es una emoción escondida y tan primitiva como el odio y la rabia, que suscita en la conciencia humana pasiones de revancha. Pero lejos de ser un sentimiento repudiable es una reacción subjetiva y espontánea ante la ignominia, el agravio y el daño severo. La crueldad, el despojo, la privación y el sufrimiento despiertan pasiones de venganza así como necesidades de resarcir y restituir el bienestar alcanzado y de las oportunidades perdidas (Elster, 2006).[1] A un año del juicio por genocidio podemos preguntarnos ¿se ha incrementado la polarización del tejido social en torno a los deseos de venganza o en torno a las necesidades de justicia?
Diferentes modalidades de revancha pueden pensarse, desearse y hasta imaginarse “si encuentro al violador de mi hija, lo mataría”, pero habitualmente no las traducimos en actos. Funciona como un flujo a contra corriente, mientras con las fantasías de venganza más personales y ocultas podemos dar rienda suelta a las pasiones suscitadas por la injusticia del daño causado, culturalmente nos avergonzamos e inhibimos de reconocer estos deseos secretos que son de emergencia furiosa, cuando se nos niega el derecho o no se hace justicia. Tan cierto es que el juicio como significado social representa la “ceremonia simbólica de la venganza” como se corresponde con el hecho de que cuanto más impunidad persiste y se recrea, mayores son los riesgos de que se haga justicia por mano propia. La sociedad puede repudiar los linchamientos, pero si el sistema de justicia no funciona o lo hace ficticiamente para demorar y postergar los procesos, hasta volverlos irresolubles y enmarañados sin solución de continuidad jurídica, moralmente la Sociedad y las Instituciones tienen la responsabilidad de estar incentivando las venganzas privadas en vez de prevenirlas mediante una saludable rendición de cuentas.
Entre la necesidad de recordar y el deseo innato de justicia, una línea muy fina los separa, ¿Por qué los habitantes de Rabinal se enfurecieron contra el general Ríos Montt cuando éste acudió de visita en 2006? El pueblo se enojó cuando percibió las disculpas públicas por el sufrimiento del C.A.I. como un requisito protocolario desprovisto de arrepentimiento, dignificación y credibilidad. Lo que encendió los ánimos de la gente fue verse despreciada en el sufrimiento padecido.
La ausencia de desagravio histórico por el genocidio y la inmunidad del General por un proceso judicial estancado y una reactivación de la amnistía, justificaría muy razonablemente que la frustración y la humillación de las comunidades afectadas se convirtieran en revancha. Sin embargo, la cultura a través de la religión y de la política mediatiza la venganza como acto, concibiendo los juicios desde una perspectiva psicosocial como ritual de transición que cohesiona al colectivo (M. Beristaín, Páez, Rime, Kanyangara; 2010)[2] y que retribuye los daños hasta cierto punto. Es posible que sólo lo recuerden quienes se sintieron despreciados por ese acto público de ficticio desagravio. Si así son las cosas ¿qué derecho tendríamos a cuestionar o descalificar que la vivencia de la humillación busque un escape mental fantasioso para odiar y desear la venganza a quienes les hicieron tanto daño y continúan libres de culpa?
Pero tanto las víctimas del genocidio como la parte de la sociedad que pide justicia para evitar su repetición futura, lo hacen desde un sentido innato de justicia vertebrado a la convicción de que “no somos como ellos” (Elster, 2006) perseverando con dignidad y valentía en la lucha por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación.
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[1] Rendición de Cuentas. La Justicia transicional en perspectiva histórica. Katz Editores. Buenos Aires, 2006.
[2] “Efectos psicosociales de la participación en rituales de justicia transicional” Martin Beristaín. Páez. Rime. Kanyangara. Revista de psicología volumen 28 (1) 2010 (ISSN 0254-9247).
* Psicóloga social, (PhD) en la UCM de Madrid en Ciencias Políticas y Sociología (2004). Reside en Guatemala desde 1988, trabaja en salud mental y derechos humanos, investigación social en comunidades indígenas, intervención psicosocial humanitaria con víctimas de violaciones a los derechos humanos, violencia contra las mujeres, salud, desarrollo comunitario y educación popular.
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