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La Unidad de Análisis e Investigación Sociodelictual, un radar para detectar y prevenir la violencia
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La Unidad de Análisis e Investigación Sociodelictual, un radar para detectar y prevenir la violencia

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Desde abril de 2017, 30 comunidades son protagonistas en prevenir la violencia en sus municipios así: revelan al Ministerio de Gobernación qué tipos de violencia les afectan más, y los datos sirven para elaborar políticas de prevención ajustadas a sus realidades, según Federico Reyes López, jefe de la Unidad de Análisis e Investigación Sociodelictual del ministerio. Una encuesta nacional persigue el mismo objetivo a nivel macro.

En 2017, el Ministerio de Gobernación (Mingob) anunció que los delitos contra la propiedad se redujeron en un 16.2%, en particular el robo de vehículos y los asaltos a transeúntes. También destacó la baja en la tasa de homicidios. Sin embargo, la percepción ciudadana apunta hacia un aumento de la violencia y la delincuencia.

El titular del viceministerio de Prevención, en el Mingob, Axel Romero, reconoce que la estadística criminal ofrece “una visión parcial de la realidad” por la falta de denuncia. Los tipos de violencia más mencionados en los conversatorios y grupos focales, que son la base de las políticas de prevención municipales elaboradas desde abril pasado, no siempre coinciden con el tipo de delitos que registran la Policía Nacional Civil (PNC) o el Ministerio Público (MP).

Para contar con más insumos de la población, desde noviembre de 2017, el Mingob realiza la Encuesta Nacional de Percepción y Victimización. La recopilación de datos concluirá a finales de este mes, y un primer borrador de sus resultados se prevé para mediados de este año. Mientras tanto, la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) del Viceministerio de la Prevención del Delito, comienza a armar un panorama por municipios, por medio de diagnósticos que sirven para elaborar las políticas. Así lo explica Federico Reyes López, jefe de la Unidad de Análisis e Investigación Sociodelictual (problemas asociados a la seguridad ciudadana) en la UPCV.

Reyes afirma que la única manera de estudiar la percepción en quienes creen que la violencia aumentó, es una encuesta para averiguar por qué, contrastar lo que sucede realmente y lo que la gente piensa, y si la violencia les afectó hoy o hace dos años. “Todos hemos sido de una u otra manera víctimas de la violencia y el delito, pero nadie nos ha preguntado hasta qué punto”, dice. “En la encuesta hay 22 delitos, pero sólo hay ocho fichas de delitos priorizados a nivel internacional que se pueden medir. Hay robo, extorsión. No se medirá homicidios porque es muy palpable, sino algún otro tipo de violencia o delito”.

La forma en que los medios de comunicación reportan los hechos de violencia, la seriedad con la que reportan las noticias, es un factor que influye en cómo la población percibe la realidad, según Reyes. Admite que no se puede negar que hay una tendencia a la resolución violenta de los problemas, asaltos y crímenes terribles, pero subraya que importa qué se reporta y cómo. “Por ejemplo, nunca es un titular en un medio de comunicación que en Sacatepéquez, Totonicapán, San Miguel Petapa o Chinautla, cerraron algunos bares y hay un mayor control de las secuelas violentas por el consumo de alcohol. ¿Por qué razón?”, se pregunta. “Pero la primera noticia, la segunda noticia, es violencia, y ¿será que es lo primero que se nos viene a la mente? Si no, desde el inicio estamos sesgados en la información, (además) hay una percepción alta de que la criminalidad va en ascenso, que no se hace mucho por controlarla”. 

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El funcionario afirma que la encuesta nacional será valiosa, cualquiera que sea el resultado, porque permitirá el análisis y la interpretación de los números. Si refleja lo que está ocurriendo, dice, se habrá hecho un buen trabajo de campo, y se incluirá en las políticas de prevención. Estas requerirán actualizaciones anuales, diagnósticos, y un retorno al punto de partida: la retroalimentación de las comunidades, el desafío de la comunicación continua con las comunidades y autoridades locales, y su participación en las soluciones, a prueba de futuros cambios de autoridades, en el Ejecutivo y en las municipalidades.

Desde hace nueve meses, el Mingob registra los tipos de violencias que más afectan a varios municipios del país. Los insumos salen de las comunidades afectadas, y se contrastan con las estadísticas delictivas de la PNC. El Mingob capta los datos por medio de la Unidad de Análisis e Investigación Sociodelictual, que dirige Reyes. Esa unidad, que cuenta con un presupuesto anual de Q4 millones y personal especializado en ciencias sociales, usa la información para elaborar políticas de prevención de la violencia para los municipios que más la necesitan.

Julie López

La UPCV existe desde hace cinco años, pero una reestructuración en marzo de 2017 orientó el trabajo en prevención con las comunidades hacia un modelo de adentro hacia afuera. Durante un conversatorio con cerca de 50 líderes comunitarios y miembros de sociedad civil, se identifica cuáles son los problemas de violencia que más le aquejan. Luego, la Unidad de Análisis enlista al menos diez violencias, prioriza tres o cuatro, y organiza grupos focales con los mismos participantes del conversatorio, pero divididos en grupos de mujeres, adultos mayores y niñez (representados por madres o padres). El objetivo es escuchar la experiencia de las víctimas de primera mano, no diluida en un informe estadístico.

“Es un éxito que lleguen al conversatorio, y participen en los grupos focales, personas que sí han sido afectadas por alguna violencia o delito”, dice Reyes. “Los mismos participantes deben continuar el proceso del conversatorio hacia los grupos focales, para afinar el material, y no que haya diferentes resultados porque en cada reunión hay diferentes participantes”. El proceso continúa con una marcha exploratoria en el municipio: caminar en los lugares identificados como zonas vulnerables o rojas y preguntar a vecinos, transeúntes y comerciantes sus percepciones sobre “¿por aquí es donde asaltan?” o “¿por aquí roban carros?”, para identificar los puntos de riesgo.

El sistema descansa sobre los delegados del Departamento de Organización Comunitaria, y su habilidad para convocar a líderes comunitarios y personas afectadas. Entre los líderes, los Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) son la voz de comunidades en caseríos y cantones, según Reyes. En las municipalidades, el contacto principal es la Comisión Municipal para la Prevención de la Violencia y el Delito (Comupre). El delegado también es la bisagra entre la Comupre y el Mingob. Para obtener resultados, necesita mantener una comunicación efectiva entre ambos, y la habilidad de escuchar. “El delegado no debe ser tan soberbio que imponga lo que cree que está pasando” sobre lo que le dicen que sucede, explica Reyes.

El nuevo enfoque cambió cómo las comunas perciben las políticas. En abril de 2016, algunos alcaldes de Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y Guatemala rechazaban la Política Nacional de Prevención de la Violencia (diseñada para 2014-2034), que firmaron los gobernadores departamentales con el Mingob. La condenaban a ser “un acuerdo de papel”. En aquel entonces, el alcalde de Sumpango, Sacatepéquez, Efraín Paredes, dijo que un plan para prevenir la violencia debía surgir de las comunidades, y no al revés. Paredes recalcó que era imposible adaptar un plan nacional a municipios tan distintos como San Lucas Sacatepéquez o Santo Domingo Xenacoj, más aún en otras regiones del país.

Ahora, bajo el nuevo modelo, Santo Domingo Xenacoj está por recibir una política preventiva, que aborda sus problemas específicos. San Lucas todavía debe generar un diagnóstico que permita diseñar su política.

Diagnósticos de escritorio y de campo

Hace cinco años la Unidad de Análisis de la UPCV publicaba a lo interno los planes de las políticas públicas. La calidad de éstos, según Reyes, impedía generar resultados útiles porque las políticas se diseñaban desde un escritorio, sin los insumos de las comunidades donde se pretendía prevenir la violencia. Ahora se analiza la información que obtienen los delegados de las organizaciones comunitarias a nivel departamental en todo el país. Luego, determinan qué pueden hacer con los resultados.

Si los recopiladores hacen un mal trabajo, no hay materia prima para un diagnóstico adecuado. Si los datos son útiles, la unidad filtra la información para manejar datos de mejor calidad en las políticas que entregan a una municipalidad, con actividades que pueden implementar para ayudar a reducir la violencia y el delito. Para ello, Reyes dirige un equipo de once personas que producen materiales como gráficas, dibujos geo-referenciados, estadísticas y metas de prevención y reducción de la violencia. La idea es producir un documento fácil de comprender y aplicar, que no sea tan técnico, una de las quejas en 2016.

El 5 de abril de 2017, en Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, se entregó la primera política de prevención municipal bajo los nuevos lineamientos. En los meses siguientes, hasta el 14 de agosto pasado, siguió la entrega de otras 29 políticas en diversos municipios de Sololá, San Marcos (como Tajumulco), Huehuetenango, Petén (El Chal, La Libertad, Poptún, Sayaxché y San Luis), Jutiapa (Atescatempa, Quezada), Chiquimula (Esquipulas), Santa Rosa (Cuilapa), y Jalapa. En la actualidad, en la UPCV, están en proceso las políticas de San Andrés, San José y Flores, en Petén, y otras en el departamento de Guatemala.

Cada política municipal consigna la fecha y lugar de los conversatorios y grupos focales que sirvieron de insumo para el diagnóstico. “Las personas se sienten más identificadas con el documento cuando regresa”, afirma Reyes. “Hay una entrega pública a las autoridades municipales; eso ayuda a legitimar el documento ante la alcaldía, el Concejo Municipal, la Comupre, y los Cocodes, que además deben avalarlo. Los Cocodes son importantes porque llegan a los conversatorios y grupos focales y dicen ‘hay extorsión, hurto, robo’, y les gusta verlo reflejado en el documento”. Las comunidades y municipalidades lo asumen como un esfuerzo propio, y no como una imposición. Luego, la implementación a largo plazo requiere monitoreo y evaluación.

“Habrá monitoreo y evaluación, que no se hace en la mayoría de los procesos”, dice Reyes. “Si un resultado es malo, (de todas formas) es un resultado. No se debe reportar sólo lo positivo. Hay una matriz diseñada para el seguimiento a las políticas públicas: la temporalidad, evaluación y monitoreo de qué actividades se hicieron, cuándo, y si ayudaron a reducir algo. Si la violencia sigue igual, eso significa que el otro año no deben hacer la misma actividad porque no funciona”.

Políticas puestas en práctica

El tiempo mínimo para hacer una política son tres meses, luego del primer conversatorio, aunque puede prolongarse hasta los seis u ocho meses; después varía, y la Comupre llega a su límite de paciencia. “El proceso ha mejorado”, afirma Reyes. “Antes, por ejemplo, en áreas de Jutiapa (transcurrió) como año y medio”. En este caso, el diagnóstico estaba desactualizado. No obstante, a veces el plazo se extiende por los desafíos en cada caso: depende de la relación delegados-Comupre, del tiempo y recurso humano disponibles para capacitar, y desarrollar los insumos y la política.

“Lo importante es el aval municipal, porque yo pude haber hecho todo magnífico, pero si no lo aceptan, no avanza”, dice Reyes. El jefe de la Unidad de Análisis en la UPCV atribuye al trabajo y perseverancia de los delegados el avance en las políticas en los municipios Esquipulas Palo Gordo, La Blanca, San Pablo y Sibinal, en San Marcos, así como de otros en Petén y en Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala.

¿Cómo garantizar continuidad a los planes como política de Estado después de un cambio de autoridades municipales? El próximo año electoral es 2019. La temporalidad es 2017-2020. La idea es que las administraciones subsiguientes le den seguimiento al trabajo y que el documento de la política esté bien planteado para hacerle cambios mínimos de 2021 a 2025. Esto, en un contexto de una estrategia nacional planificada entre 2014 y 2034. En la mayoría de casos se especifica que haya actividades trimestrales y semestrales, y los fondos necesarios para cada una. La municipalidad debe estimar si los tiene. No debería planificar ni aprobar actividades que no puede financiar.

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“Santa Catarina Pinula es un buen ejemplo”, dice Reyes. “Como al mes de recibir la política, la pusieron en práctica porque tienen fondos y los administran bien”. Otras comunas, que también recibieron su política de prevención, deben esperar la asignación de fondos el próximo año para ejecutarla. En abril pasado, el viceministro Romero, anunció el lanzamiento de un Plan Estratégico para la Prevención de la Violencia en Sacatepéquez. Reyes afirma que el plan incluye el impulso de una política de prevención para Santo Domingo Xenacoj, por sus altos índices delictivos. Aunque en 2016 tuvo una de las tasas de homicidio más bajas del departamento, su comuna también solicitó la asesoría de la Coalición Contra las Drogas de San Lucas Sacatepéquez, que integran miembros de la Comupre, para reducir el narcomenudeo y el consumo de drogas. En este municipio y en Antigua Guatemala todavía deben hacer el trabajo preparatorio para generar un diagnóstico, igual que en San Lucas. Otros municipios en el objetivo de las políticas de prevención son Ciudad Vieja y Santa Lucía Milpas Altas.

El proceso demanda información reciente. Una política con datos desfasados es inútil para atacar problemas actuales, aunque algunos municipios emplean otros recursos. Por ejemplo, la comuna de San Miguel Petapa tiene una política antigua que prefiere actualizar, en lugar de hacer una nueva, según Reyes. En este impasse, la municipalidad prohibió la venta de licor en tiendas del casco urbano, y tuvo una reducción de hechos violentos. En 2016, reportó un homicidio, cuando no registraba menos de 34 en los siete años anteriores, y su tasa de homicidios se redujo. El funcionario explica que las juntas de vecinos (no juntas locales de seguridad) han sentado una base para reducir la violencia a raíz del alcoholismo, muchos de ellos, desde la Comupre. Esfuerzos similares se observan en Mixco y Villa Nueva, que están por recibir una política pública de prevención de la violencia, pero que tienen desafíos más complejos: un alto índice delictivo, ingesta de bebidas alcohólicas, y venta de droga al narcomenudeo, y poblaciones mucho mayores.

Julie López

Elaborar el diagnóstico de una comunidad (un cantón, villa, o municipio) requiere de una Comupre para ayudar a ejecutarlo y darle seguimiento a un plan o política. Sin embargo, no todos los municipios tienen una, y entre los que la tienen, algunas están inactivas porque los miembros ya no se reúnen. Por ejemplo, Palencia (a 28 kms. de la capital) tuvo Comupre, pero se desintegró y no se ha conformado de nuevo. Mientras tanto, en San José Pinula (a 22.8 kms. de la capital) siempre hubo Comupre, pero se quedó en el olvido; luego se reestructuró y su política está por salir.

Políticas de prevención no son trajes de talla única

No todos los municipios necesitan una política de prevención. “Hay unos donde, por suerte, no hay un delito que amerita una política”, explica Reyes. “Tal vez hay que aumentar la cantidad de policías, o ajustar presencia del MP; algunos municipios lo han dicho, como Chuarrancho (departamento de Guatemala): en octubre pasado no hubo ni un incidente, lo que tampoco quiere decir que sea terriblemente pacífico”.

¿Qué califica como “incidente”? Un lesionado, homicidio, un robo violento, que involucre algún tipo de arma. En octubre de 2013, un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), mostraba que ese año, Chuarrancho tuvo un incremento del 100% en hechos de violencia. En cifras, era un incremento de cuatro sucesos a ocho. Otros cuatro municipios mostraban incrementos mayores al 100%, como San Pedro Ayampuc y Chinautla.

Reyes afirma que un gran error metodológico es la comparación de un año con el anterior. Si en un lugar no pasó nada y el año siguiente mataron a 10, no se puede decir que la violencia subió en un 100%. Se debe observar los cinco años anteriores, y los siguientes, para analizar la tendencia al alza o la baja, y si el incremento se debió a uno o diferentes hechos. En Chuarrancho, la PNC registró cero homicidios entre 2011 y 2013, y uno por año entre 2014 y 2016 (en una población estimada de 13,800 habitantes, la más pequeña del departamento). En 2016, su tasa de homicidios fue de 7.20, aunque sus municipios colindantes San Pedro Ayampuc y Chinautla tuvieron tasas de 59 y 49, respectivamente (mayores que el promedio nacional de 27.8 en 2016).

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¿Cómo se explica que, en dos municipios o departamentos colindantes, donde en uno hay altos niveles delictivos, no haya un efecto de rebalse? La violencia no migra de un municipio a otro porque colindan, según Reyes. El funcionario afirma que intervienen varios factores. “Por ejemplo, Villa Nueva y Villa Canales son bastante violentos, pero Villa Canales, en algunos delitos, es menos violento porque es un área de paso”, explica. “Villa Nueva es una ciudad dormitorio, y también vive gente allí. Otro caso: San José Pinula y Santa Catarina Pinula. Santa Catarina Pinula tiene muchas pandillas y maras y delitos contra la propiedad, pero San José Pinula tiene más violencia armada en calles, bares, tiendas, y comercios”.

Las políticas de prevención, en conjunto, reflejan una gama de grises: los diferentes tipos de violencia que afectan ciertos departamentos. Aun así, algunos conversatorios no reflejan hechos obvios. “El robo de celulares casi no se reporta porque se tiende a pensar, ‘lo reporto, pero no va a pasar nada’, o ‘voy a comprar otro’”, dice Reyes. El funcionario subraya que es importante saber, para el diagnóstico, que un hecho forma parte del mapa delictivo.

Las tendencias de violencia por departamento

Por lo general, la violencia armada ocurre en o cerca de centros urbanos, y la intrafamiliar, más lejos de los centros urbanos (aunque también ocurre en estos). Sin embargo, aunque la intrafamiliar está tipificada como delito, no siempre se reporta. La UPCV registra sólo lo que se reporta. La presencia del MP y la PDH en las cabeceras ha influido en incrementar el reporte de los casos.

NORTE. Federico Reyes ubica tendencias en Petén, Alta y Baja Verapaz e Izabal, de extorsión, homicidios con arma de fuego, y violencia en contra de la mujer, niñez y adolescencia—no precisamente en ese orden. Desde 2011 a la fecha, Petén tiene el segundo o tercer lugar en incautación de armas en el país después de Guatemala y Escuintla; en 2016, tuvo la sexta tasa de homicidios más alta del país, y una de las cinco más altas en los cinco años anteriores.

SUR. En la costa sur, el funcionario también ubica violencia derivada de la proliferación de armas de fuego, que hace escalar los problemas domésticos entre vecinos o familia cuando ocurre una lesión. Incluye casos de violencia en contra de la mujer, en los que también interviene el consumo de alcohol. “En los grupos focales dicen: ‘es que llegó borracho y me pegó, y como tiene un arma, no me defendí’”, revela Reyes.

En Retalhuleu, atribuye el elevado número de robos y hurtos de motocicletas al incremento del sicariato. También hay un alto nivel de homicidios. En Escuintla menciona los secuestros, aunque la incidencia se redujo. Hay robos de vehículos y en residencias, pero no lo reportan, según Reyes. En 2016, también fue el departamento donde las autoridades incautaron (en tierra o frente a la costa) casi la mitad de las 12.8 toneladas de cocaína decomisadas en el año. Además, este departamento es el segundo donde la PNC ha incautado más armas de 2007 a la fecha (salvo por 2010), después de Guatemala, y tiene entre la quinta y la sexta tasa de homicidios departamental más alta entre 2010 y 2016.

Por lo general, los homicidios ocurren en las cabeceras, centros urbanos, y salidas y entradas de las carreteras principales en Escuintla y Santa Rosa. “Uno hasta lo puede mapear”, afirma Reyes. “Suceden cerca a los días de pago, y cerca de las carreteras, aunque también sucedan en fincas y lugares alejados”. El experto agregó que son frecuentes los homicidios en la entrada a Siquinalá, o en las salidas de Masagua, San Juan Tecuaco, y de Casillas, Santa Rosa.

OCCIDENTE. La tendencia de los homicidios en las entradas y salidas de carreteras también se observa en Chimaltenango, en la carretera Interamericana, que pasa por Guatemala y Sacatepéquez, pero parte en dos a Chimaltenango. El fenómeno se observa en toda la ruta casi hasta Cuatro Caminos, Sololá. “Se pueden observar los puntos que reportan la PNC y el conversatorio de la UPCV, con las comunidades en Chimaltenango”, dice Reyes. El Tejar, Pochuta, y la cabecera, en ese orden, tienen las mayores tasas de homicidio, aunque la UPCV tiene reportes de violencia en Patzicía, Patzún y alrededores, que atribuye en parte a la proliferación de maras y pandillas, y la cercanía del Centro de Preventivo de detención.

En San Marcos y Huehuetenango, donde la presencia del narcotráfico y el narcomenudeo es de conocimiento general, las comunidades no lo reportan abiertamente por temor. “También hay mucho robo y hurto de motos y vehículos”, dice Reyes, además de la proliferación del uso ilegal de armas de fuego. “Obviamente hay homicidio en todos lados, pero la generación de datos depende de la presencia del MP para llegar a las escenas del crimen y reportarlo, y hay poca presencia de la PNC, que a veces también cubre Quetzaltenango por la cercanía”.

En Quiché, el reporte de violencia en general es bajo porque sólo hay una delegada para cubrir todo el departamento, y hay áreas de difícil acceso: es más fácil llegar al Ixcán y al área Ixil por Alta Verapaz que desde Santa Cruz, y es imposible cubrir todo el departamento.

En Totonicapán y Sololá predomina la violencia intrafamiliar más que otros tipos, una tendencia que refleja la prensa en Totonicapán. No obstante, desde 2010 y junto a Quiché, son los tres departamentos con las tasas de homicidio más bajas del país. La PNC reporta delitos y faltas, robos, hurtos y extorsión. Totonicapán y Sololá tienen delegados que trabajan de cerca con la PNC, según la UPCV. En Totonicapán hay un acercamiento con los cantones. No obstante, en Sololá, reportan divisiones entre las comunidades al norte y al sur del lago, que Reyes relaciona con diferencias culturales de los grupos Tz’utujil o Kakchiquel.

ORIENTE. En la mayoría de los cascos urbanos de algunos municipios de Chiquimula, Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, se reportan muchas lesiones que no acaban en homicidio (heridas con arma de fuego, o provocadas sin el uso de armas). Cifras del Inacif de las Evaluaciones de Área Clínica de 2017 registran que trató a 145 heridos por arma blanca, y 93 por arma de fuego, en Chiquimula. Estas son las cifras departamentales más altas después del departamento de Guatemala, donde trató 314 heridos por arma blanca, y 1,327, por arma de fuego, aunque Chiquimula tiene una población 12 veces menor. Estas cifras no necesariamente reflejan el total de heridos por departamento.

En Santa Rosa, la UPCV registra un alto número de lesionados, pero en 2017 el Inacif registra tres pacientes tratados por heridas de arma blanca y otros seis, por heridas provocadas con arma de fuego. Según Reyes, en lo que va del año, la UPCV también registra menores niveles de violencia en Jutiapa en relación con Chiquimula. Ambos departamentos tienen una población estimada similar (490 mil y 423 mil habitantes).

Reyes explica que los registros de la UPCV atribuyen los casos de lesiones en el oriente del país a conflictos por las hidroeléctricas, como un factor de riesgo, en situaciones de desalojo—pero también al consumo de alcohol. La incidencia de homicidios se mantiene y subió la violencia contra la mujer, que antes no se reflejaba comparativamente con el occidente. “En el oriente, hay más violencia contra la mujer y la niñez; en el occidente es más en contra del adulto mayor y la mujer”, afirma. En el occidente, el consumo de alcohol también es un factor.

Según el MP, Chiquimula y Alta Verapaz comparten el mayor número de denuncias de violencia contra la mujer por departamento. Sin embargo, Reyes dice que la violencia intrafamiliar se reporta más en el oriente. “Es preocupante que se está reportando más y no está decreciendo (es decir, no hay más casos porque hay más denuncias, sino el fenómeno sí está aumentando)”, afirma. ¿Eso qué significa? Reyes dice que tal vez no se considera un problema serio, y que en el centro y occidente del país se han hecho más esfuerzos. “Si hay violencia, hay una orden de restricción, (el agresor) ya no se acerca, le llaman a declarar; sabe que ya no lo tiene que hacer”, afirma.

El funcionario cree que en el oriente hay reincidencias porque la primera vez no se actuó. “La mayoría de victimarios, si no le llaman a declarar, o ni siquiera asiste a una reunión conciliatoria, acaba impune y piensa: ‘yo le puedo agredir y nadie me lo va a impedir’”, dice Reyes. En Chiquimula, en el área Chortí (Camotán y Jocotán), la PNC reporta que el agresor suele ser quien provee el único sustento en la familia (por lo general, numerosa y sumida en la pobreza), la esposa o conviviente no lo denuncia, o si fue encarcelado, presta dinero y paga la fianza para que salga libre.

El experto admite que en las áreas rurales es más difícil obtener datos que permitan identificar por qué no hay un rebalse de violencia de un municipio a otro, o un departamento y otro. “Si no hay mucha presencia del MP y el Organismo Judicial, y si además de los datos oficiales, hay una cifra oscura (desconocida), no vamos a lograr saber por qué”, admite. Un ejemplo es Chiquimula, que describe como “muy violento”, y Jutiapa, que comparativamente no lo es, aunque colindan.

Los contrastes también ocurren dentro de un municipio. Reyes cita a Mixco como ejemplo, y a la zona 18 capitalina, donde la violencia está focalizada en algunas colonias. “Hay lugares que sólo por estar cerca de un lugar violento, se asume que son violentos, aunque es sólo una percepción”, dice.

Si los plazos previstos se cumplen, en unos seis meses, el gobierno tendrá algunos resultados preliminares de la encuesta, así como más municipios diagnosticados y con políticas de prevención, que permitirán a las autoridades —en teoría— acortar distancias entre la percepción del aumento de la violencia y las cifras que reflejan una reducción.

 

Desde hace nueve meses, el Mingob registra los tipos de violencias que más afectan a varios municipios del país.
¿Cómo garantizar continuidad a los planes como política de Estado después de un cambio de autoridades municipales?
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