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La tasa de homicidios de hombres se ha reducido 38 puntos en la última década; la de las mujeres 3
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Ilustración: Dénnys Mejía

La tasa de homicidios de hombres se ha reducido 38 puntos en la última década; la de las mujeres 3

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Un hito histórico en materia de seguridad ciudadana ha ocurrido en Guatemala, pero no ha acaparado titulares en la prensa: 17 mil personas se han salvado de morir de manera violenta en los últimos ocho años como consecuencia del descenso en las cifras de homicidios registradas a partir de septiembre de 2009. El fenómeno, sin embargo, registra una preocupante desigualdad de género.

De una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional registrada ese mes, el máximo observado desde el año 2000 cuando las cifras se empezaron a disparar hasta en un 85%, a diciembre pasado la tasa se redujo a un 48%. El fenómeno incluye las tres últimas administraciones de gobierno: Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Otto Pérez del Partido Patriota (PP), y Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN).

Gracias a ello, en 2017 en lugar de las 4,410 muertes violentas registradas a nivel nacional, habrían ocurrido 7,785; un 77% más de haberse mantenido la tendencia que multiplicó los homicidios entre 2000 y 2009. En febrero 2018 se alcanzó el mínimo histórico (238 homicidios) en el gráfico de tendencia interanual de homicidios.

Buenas noticias en términos generales, excepto porque la reducción de los homicidios también muestra una preocupante desigualdad de género: según las cifras oficiales, durante la última década la tasa de homicidios de hombres ha tenido una tendencia a la baja de 38 puntos, mientras que la de las mujeres apenas ha sido de tres puntos en el mismo período.

Aunque las causas de la reducción de la violencia homicida no están del todo claras, existe cierto consenso entre los analistas sobre la importancia de la coordinación que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) han desarrollado en la estrategia para la persecución de las actividades criminales. Esto ha permitido perseguir de manera conjunta a las estructuras del crimen organizado que pueden ser las responsables de diversos hechos delictivos, y no de manera aislada como ocurría en el pasado.

También se mencionan el uso de los métodos especiales de investigación (escuchas telefónicas), el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en el análisis científico de las evidencias, el despliegue de mayor fuerza operativa en determinados sectores y horarios, y las requisas en centros penitenciarios desde donde aún se planeaban y ordenaban asesinatos.

En Honduras y El Salvador, países que junto a Guatemala conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, región que ha sido considerada una de las más violentas del mundo, también han visto la reducción en sus cifras de homicidios. Aunque en contextos y condiciones diferentes. De una tasa de 87 homicidios para cada 100 mil habitantes, registrada a finales de 2011, Honduras cerró 2017 en 42. Una reducción de más del 50% en siete años, según cifras policiales. El Salvador ha experimentado fuertes variaciones en los últimos cinco años, debido a la estrategia de combate a las pandillas juveniles, grupos a los que se les atribuye la mayor cantidad de asesinatos. En 2013, debido a la denominada “tregua” entre pandillas iniciada un año atrás, la tasa de homicidios se redujo de 70.1 (en 2011)  a 39.4 (en 2013), según datos del periódico El Faro. Pero luego del rompimiento de ese pacto entre las pandillas y el gobierno, la violencia se disparó hasta llegar a una cifra de tres dígitos: 116 homicidios por 100 mil en marzo 2016; un aumento de más del 250% respecto al mínimo observado. La buena noticia es que febrero 2018 cerró con un descenso del 47%, ubicándose en casi 62 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

A la luz de las cifras, El Salvador registra casi 150% más violencia que Guatemala, y Honduras un 60%, de acuerdo con el tamaño poblacional de cada país.

Violencia homicida contra las mujeres: otra faceta

La violencia homicida no afecta a toda la población por igual. Hay grupos poblacionales cuyos miembros tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia. Principalmente las mujeres, y los jóvenes de entre 18 y años de edad. Con la adolescencia aumenta la probabilidad de ser víctima de violencia homicida, pero disminuye conforme aumenta la edad, según los rangos que suele utilizar la PNC para sus registros estadístico.

La PNC clasifica los homicidios dolosos según el tipo de arma utilizada por el victimario al momento de realizar el crimen. En Guatemala el arma de fuego es la más utilizada para quitar la vida, aunque en los últimos años ha ido disminuyendo su importancia relativa, hasta representar el 78% del total de homicidios anuales. El arma blanca es la segunda en importancia, con un 10%. Le siguen las muertes por golpes contundentes y por estrangulamiento, con 6% y 5%, respectivamente. En 2017 solo se registró una muerte por el uso de algún artefacto explosivo.

En general, las tasas de homicidios de mujeres suelen ser bastante más bajas que las de hombres. En 2008 la tasa de homicidios contra mujeres era de 10 por cada 100 mil mujeres. A partir de ese año inició una tendencia hacia la baja, mostrando un leve incremento en 2013 y 2014. Para 2017 la tasa se ubicó en 7. A diferencia de la tasa de homicidios de hombres, la disminución en las muertes de mujeres ha sido menor (3 puntos en los últimos diez años). Los datos muestran que, en 2013, 12 de cada 100 muertes por homicidio correspondían a mujeres. En 2017, este porcentaje aumentó a 13, principalmente porque disminuyó el número de víctimas masculinas.

Del total de homicidios de mujeres, sólo un porcentaje menor al 50% han sido tipificados como femicidios. De estos casos, que el MP encuadra en este tipo penal y que llegan a los órganos jurisdiccionales especializados en la materia, sólo un mínimo porcentaje recibe sentencia condenatoria.

La diferencia que se observa entre las denuncias recibidas por el delito de femicidio y las sentencias es una ilustración de la impunidad que existe en el país, pues a pesar de que se han creado instancias especializadas, es evidente que la procuración de la justicia por parte de las instituciones responsables aún necesita ser fortalecida. Esta situación acentúa el daño, pues deja sin reparación a las víctimas y a la sociedad.

En 2017 se registraron 593 homicidios de mujeres. Con ello, la tasa nacional se ubicó en 7 por cada 100 mil mujeres. Los datos señalan seis departamentos cuyas tasas están por encima de la tasa promedio de país: Zacapa (17.2), Chiquimula (13.6), Guatemala (15.6), Escuintla (15.5), Izabal (10.8) y Santa Rosa (7.4). Alrededor de tres cuartas partes de los homicidios de mujeres, también ocurrieron en estos departamentos. En Guatemala el 46% del total; en Escuintla el 10%; en Chiquimula el 5%; en Izabal el 4%; en Zacapa el 4%; y en Santa Rosa el 3%.

Los diez municipios que concentraron el mayor número de muertes de mujeres durante 2017 fueron: Guatemala (101), Villa Nueva (60) Mixco (31), Chinautla (16); Escuintla (17), Tiquisate (10), San José (11), Puerto Barrios (12), Morales (10), y Esquipulas (10).

Aunque se han creado dependencias especializadas en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y mecanismos para facilitar el acceso a la justicia —como leyes específicas, instancias de procura de justicia y estrategias de seguridad pública—, esto no parece ser suficiente para garantizar la certeza y celeridad en la aplicación de la justicia para las mujeres.

La tasa de impunidad para el delito de homicidios de mujeres entre 2008 y 2014, se ubicó en 90%, tres puntos menos que la tasa de homicidios de hombres; sin embargo, el número de casos por homicidio de mujeres es bastante inferior comparado con el de hombres, como puede observarse en el cuadro anterior.

De acuerdo con las estadísticas del MP, la violencia en contra de las mujeres es uno de los delitos más comúnmente denunciados. Los resultados para el período 2008-2016, muestran un incremento interanual, con excepción de 2014 y 2016 en donde se observa una disminución en el número de denuncias. Esto, según los expertos, puede ser el resultado de la creación de entes especializados y mecanismos que han facilitado la denuncia por parte de las mujeres.

Durante 2010, el Organismo Judicial creó los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de femicidio. A partir de entonces se han emitido 6,880 sentencias condenatorias para los delitos contemplados en la Ley de Femicidio, entre 2008 y 2016. La mayoría de las sentencias (45%) corresponden al delito de violencia física, y en menor porcentaje (0.5%) a delitos de violencia física y psicológica.

Entre 2010 y 2016, en el Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP), la distribución porcentual de servicios legales prestados a mujeres víctimas de delitos contemplados en la Ley contra el Femicidio ha representado entre 7.3% y 13.2% con relación al total de servicios prestados. Es evidente el incremento en la demanda de los servicios legales para las mujeres entre 2013 a 2014, mostrando en 2015 un marcado descenso, para incrementarse nuevamente en 2016.

En general, en las estadísticas de todas las instituciones del sector justicia se evidencia un alza importante en las denuncias de violencia contra las mujeres en los años 2013 y 2014.

Aunque el país ha realizado esfuerzos importantes para ampliar las fuentes de información y los registros permiten ilustrar más ampliamente el fenómeno, aún hay tareas pendientes. Por ejemplo, hace falta que las instituciones registren y compartan data relacionada con el grupo étnico de las víctimas, los lugares en donde ocurren con mayor frecuencia los hechos violentos (el hogar, la calle, la escuela, el trabajo), y si hay una historia de victimización previa. Esta falta de información representa un desafío enorme para especialistas, académicos y diseñadores de políticas públicas, y limita el análisis sobre la relación entre los diversos tipos de violencia que padecen las mujeres en Guatemala.

Como lo muestran las estadísticas, la reducción de homicidios de hombres ha sido mayor que la de las mujeres. Esto permite inferir que cuando se aplican medidas desde el Gobierno para contrarrestar la violencia homicida, éstas parecen tener un mayor efecto en los homicidios masculinos. Por consecuencia, es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres tiene aristas diferentes, que se derivan de la cultura de inequidad de género, las relaciones de pareja, el machismo y la misoginia imperantes en la sociedad.

También es importante fortalecer a las instituciones del sector de seguridad y justicia de forma equitativa. Contar con un sistema especializado demanda la asignación de recursos a ser utilizados únicamente con ese fin, lo cual requiere un alto nivel de coordinación y armonización de planes y presupuestos entre todas las instituciones del sector. 

Así como impulsar acciones para acercar la justicia a las mujeres indígenas, hasta ahora invisibles en las estadísticas del sistema de justicia, aunque sí aparecen en las Encuestas Nacionales que recogen información sobre violencia de la pareja, y que muestran que su alta vulnerabilidad a la misma. El Estado debe asegurarles la disponibilidad de intérpretes y facilitar el acceso a la denuncia y a la procuración de la justicia.

 

 

 

Este ensayo fue producido por el equipo del Observatorio de la Violencia de Diálogos, con la asistencia de María Alejandra Menaldo.
 

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