Desde que Guatemala emergió a la vida democrática el 14 de enero de 1986, el sistema político guatemalteco ha arrastrado cíclicamente una deficiencia muy marcada: el hecho de que el proceso de transición a la democracia se produjo con un sistema de partidos prácticamente inexistente, con una ley electoral que combinó la regulación del proceso electoral con la normativa que caracteriza a los partidos políticos (decreto 1-85), la cual adolecía de numerosos problemas. Se trata de una normativa d...
Desde que Guatemala emergió a la vida democrática el 14 de enero de 1986, el sistema político guatemalteco ha arrastrado cíclicamente una deficiencia muy marcada: el hecho de que el proceso de transición a la democracia se produjo con un sistema de partidos prácticamente inexistente, con una ley electoral que combinó la regulación del proceso electoral con la normativa que caracteriza a los partidos políticos (decreto 1-85), la cual adolecía de numerosos problemas. Se trata de una normativa demasiado rígida —de rango constitucional—, con débiles controles al financiamiento electoral y a los topes de campaña y con altos requisitos de entrada a nuevos partidos políticos, pero con una estructura minimalista para el funcionamiento de estos, así como con una ausencia de regulación de la vida partidaria, lo cual produjo las principales deficiencias institucionales de nuestro sistema democrático:
- Democracia sin partidos políticos reales. Los partidos, más que estructuras de representación, se conformaron como redes territoriales de inclusión por la vía del compadrazgo, el familismo amoral y el clientelismo, lo cual ha producido un sistema político sordo y ciego a las necesidades de la mayoría de la población.
- Partidos franquicia. La fortaleza partidaria depende de la capacidad de captar financistas anónimos que respalden la expansión de las redes territoriales de inclusión, por lo que la fortaleza partidaria y la posibilidad del triunfo dependen de la calidad de los bienes y los servicios que ofrecen a la ciudadanía para asegurar el voto.
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- Competencia electoral inequitativa. Los partidos ganadores usan los recursos institucionales para promover una prolongada campaña anticipada, que se financia con los recursos institucionales que el candidato ganador controla, lo cual asegura una mayor capacidad de atraer nuevos financistas anónimos.
La reforma del 2016 intentó minimizar la competencia electoral inequitativa y reducir la naturaleza franquiciaria de los partidos políticos, pero dejó intacto el problema de ausencia de partidos políticos reales, por lo que la sensación de falta de representatividad de las opciones electorales sigue vigente. Además, las restricciones al proceso electoral actualmente vigentes fueron muy efectivas en controlar la competencia electoral inequitativa, pero reprodujeron sin querer la inequidad: no evitan la ventaja que llevan los candidatos que ya han acumulado un capital electoral por haber participado en procesos electorales previos, por lo que las opciones surgidas luego del proceso electoral del 2015 llevan las de perder debido a las restricciones vigentes al financiamiento y a la campaña electoral. De la misma manera, las reformas de 2016 también adolecen de errores técnicos que están provocando muchos problemas en la aplicación de la nueva regulación, lo cual indudablemente ha impactado en la alta incertidumbre que prevalece en el actual proceso electoral.
Por lo tanto, encontrar una vía para evitar los problemas y las trampas que el sistema electoral reproduce desde 1985 sigue siendo una tarea prioritaria que hay que enfrentar sin demora después del proceso electoral de 2019.
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