Como me dijera alguna vez un profesor de leyes, tributar es un ejercicio democrático del mismo nivel que el sufragio universal, y la administración tributaria es el ente garante de ese ejercicio.
Días atrás reiteré esta convicción durante un encuentro con la SAT. Fui citado para presentar la documentación de respaldo para la planilla del IVA que presenté en enero de este año.
Acudí a la cita, presentando la documentación requerida. Luego de revisar el caso, resultó evidente que yo había cometido un error formal, involuntario, pero error al final, y cuya corrección implica pagar más impuesto, multa e intereses. Por supuesto que semejante situación me resultó de lo más desagradable. Sin embargo, pese a ese desagrado natural, extraje de la experiencia algunas reflexiones.
Primero, el inspector que me asignaron me atendió con una amabilidad y gentileza notables. De lo más ajeno a esa imagen terrible y estigmatizada que tenemos del recaudador de impuestos, el esbirro corrupto empeñado en sangrar a sus víctimas. Hasta la Biblia los presenta como personajes nefastos y detestables. Pero digo, en mi caso no, este profesional dedicó tiempo a analizar cuidadosamente la situación, y sobre todo destaco que se empeñó, honestamente me parece, en analizar las leyes y buscar una solución que me favoreciera.
No satisfecho con leer y releer las leyes y reglamentos, acudió a sus superiores y asesor legal de esa oficina tributaria, actuando más como un defensor del contribuyente que como un esbirro sangrón. Me sorprendió porque llegó con sus superiores con propuestas beneficiosas para mí, consultando sobre su viabilidad legal. Para mi mala suerte, los superiores y asesores confirmaron que la única salida legal era ajustar el impuesto, sancionado con multa e intereses.
Se me explicó la situación, tuve a la vista las leyes, y sobre todo, el esfuerzo del inspector por buscar una solución favorable al contribuyente. Sin embargo, prevaleció la ley, y se aplicó la sanción, con la rebaja que el Código Tributario establece cuando se procede de manera voluntaria y de buena fe. El veredicto fue un error involuntario del contribuyente, el cual fue sancionado según lo dispuesto en la ley.
Un resultado muy desagradable, pero salí satisfecho, con la sensación que se me trató con justicia e imparcialidad, cumpliendo lo que dice la ley, y nada más. Y entonces me pregunté si lo que me tocó es lo usual o una excepción, una feliz rareza ente un mar de trampas y corrupción.
Y esta pregunta tiene que ver con esa visión de la tributación que tanta falta nos hace. En la medida que logremos que nuestra relación con el Estado a través de los impuestos que pagamos se limite a cumplir la ley, sin discriminar entre comunes y poderosos, entre castigados y privilegiados, habremos avanzado hacia el tan ansiado Estado de derecho, sin impunidad.
Pero además, un Estado con un sistema tributario que fomente la igualdad ante la ley y asegure que todos contribuyamos según nuestra capacidad de pago, es una democracia más participativa. Como bien decía mi profesor, tributar también es democracia, porque solo cumpliendo todos con una obligación justa, es que tenemos el poder de exigir.
La SAT, a través de este inspector de planillas del IVA, demostró que sí es posible. Con responsabilidad y apego a la ley, demostró que se puede resolver civilizadamente incluso algo tan desagradable como una auditoría tributaria. También así podríamos buscar resolver nuestros problemas más graves.
Otros lo han hecho y viven mejor, demostrando que sí funciona.
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