Hirshman se enfoca en tres momentos históricos claves de claro impulso progresista: (1) la Declaración de los Derechos del Hombre y las ideas de la Revolución Francesa; (2) el proceso de expansión del sufragio universal en el siglo XIX; y (3), el surgimiento del Estado benefactor. En estos tres momentos históricos, Hirshman identifica tres elementos retóricos o tesis presentes en los discursos y argumentos de prominentes figuras públicas y pensadores conservadores-reaccionarios. Estos, como veremos, son los mismos que los Doce utilizan en su comunicado “Traicionar la paz y dividir a Guatemala” de la semana pasada.
La primera tesis, la tesis de la perversidad (perversity thesis), consiste en sugerir que el cambio propuesto únicamente exacerbará los problemas que se tratan de resolver; es decir, que una reforma, acción, cambio o nuevo acuerdo en la esfera política, social o económica dará lugar a un resultado opuesto al deseado. La segunda tesis, la de la futilidad (futility thesis), sostiene que el cambio, reforma o acción propuesta no logrará nada porque no toma en cuenta o tergiversa ciertas características políticas, sociales o económicas incuestionables. Finalmente, la tesis del riesgo (jeopardy thesis) asegura que las reformas, acciones o acuerdos propuestos son inaceptables porque ponen en peligro algún logro anterior importante conseguido en circunstancias difíciles. Veamos, pues, como estas tres tesis le dan “fundamento” y se entrelazan en el comunicado de los Doce.
Según los Doce, el principal objetivo alcanzado por los Acuerdos de Paz “es que a lo largo de los dieciséis años transcurridos desde sus suscripción, la violencia política desapareció”. Por ello, “la acusación de genocidio en contra de oficiales del Ejército de Guatemala constituye una acusación… en contra del Estado de Guatemala en su conjunto que, de consumarse, implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada”. Dejando a un lado qué tan cierto sea que la violencia política ha desaparecido, en este pasaje del comunicado la tesis del riesgo es por demás obvia: si el juicio continúa y se llega a probar la responsabilidad de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez en el genocidio, la Paz lograda en 1996 con tanto esfuerzo —paz simbólica, demás está decirlo— no sólo se perderá, sino que será revertida.
En esta misma cita podemos también ver en funcionamiento la tesis de la perversidad: el juicio, que para muchos es parte del necesario proceso de curación de las heridas de la guerra, no logrará cerrarlas sino más bien lo opuesto: reabrirá las heridas, exacerbará las divisiones y agudizará la polarización social. O sea, en vez de resolver el problema lo hará peor: el resultado será opuesto a lo esperado. Esta misma tesis de la perversidad se repite claramente en otro pasaje del comunicado: “Esta acusación de genocidio… implica —de consumarse— el peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo y la conquista de la paz”. Cabe preguntarse, a nivel lógico-formal, ¿qué relación existe entre el juicio y el incremento de la violencia política? Yo, al menos, por más que lo intento no logro ver cómo una puede llevar a la otra. ¿Se trata, en realidad, de una amenaza velada?
Finalmente, en el pasaje que le dedican los Doce a los anhelos de los deudos de las víctimas podemos ver funcionando la tercera tesis. Dicen los Doce que “la acusación de genocidio es una fabricación jurídica que no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas de dignificar a sus seres queridos, de finalizar el luto inconcluso y de hacer justicia. Tampoco es correspondiente con el anhelo de la mayoría de la población de superar el pasado y encontrar la reconciliación nacional”. En otras palabras, y como precisamente sostiene la tesis de la futilidad, el juicio no traerá absolutamente ningún beneficio porque hemos malentendido las características sociales —los “anhelos”— no sólo del pueblo ixil, sino de la mayoría de la población. Así, los que consideramos que el juicio debe continuar somos unos pendejos ignorantes pues son ellos, los iluminados Doce, los que tienen el saber y por ende la potestad de decidir por todos, más aún por los pueblos indígenas. Este argumento, valga decirlo, va más allá de la tesis de futilidad de Hirshman pues muestra, en toda su dimensión, la mentalidad racista-etnicista-clasista de la élite criolla-ladina: el subalterno ni puede, ni debe, ni tiene por qué hablar.
Quizá lo más interesante de todo esto es que Hirshman concluye que, dada su ubicuidad, estos artilugios o tesis retóricas son empleadas sin importar las circunstancias específicas. Es decir, el comportamiento y la retórica conservadora-reaccionaria no es el resultado de un análisis de la situación en sí. Es, más bien, el reflejo de una concepción o conciencia previa que sale a relucir en ciertos momentos. Esta conciencia previa puede apreciarse en el segundo comunicado de los Doce publicado el pasado 23 de abril, cuando sostienen que el conflicto armado “no se dio por razones étnicas, sino político-ideológicas y económicas”. Me sorprende que personas conocedores de la historia y realidad guatemalteca —como es el caso de Stein, Porras, Zelaya o Zapata, entre otros— separen tan tajantemente lo étnico de lo político-económico cuando no dudo que sepan que en Guatemala, las divisiones étnicas y socio-económicas (de clase, pues) tienden a coincidir y, consecuentemente, en la gran mayoría de casos un conflicto socio-político o económico es también un conflicto étnico.
Al dar preferencia a la interpretación socio-económica del conflicto, los Doce realmente parecieran querer decir que cuando lo que está en juego es el statu quo, la conciencia de clase prima sobre cualquier tipo de solidaridad o empatía interétnica o interclasista. Es obvio que, sin importar en qué lado del conflicto estuvieron, los Doce del comunicado pertenecen a esa élite que históricamente se ha sentido y se siente parte del Estado guatemalteco; a esa élite que, ante la irrupción política de los que nunca han sido considerados como parte del Estado, optan por aglutinarse, acuerparse y defender sus intereses y privilegios de clase.
De ahí la variopinta mezcla ideológica. De ahí que cierren filas y les preocupe tanto que el Estado de Guatemala, su Estado, sea señalado como genocida y tengan así que reconocer, finalmente, que todos los nacidos en Guatemala —inclusive los otros, los más— también son guatemaltecos; que también son sujetos políticos; que siempre lo han sido. Aunque los Doce (y cientos de miles más) se empeñen en negarlo, argumentando la supuesta perversidad, futilidad y/o riesgo de un juicio en el que lo más importante no es el fallo del tribunal en sí sino, más bien, que lo dejen fallar con independencia, mesura y objetividad.
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