Al referirse a la pandemia, Alejandro Giammattei plantea: «Hemos perdido el tiempo […] Gracias a Dios ya voy saliendo de ese tema para poder retomar el tema de gobernar el país con todas las cosas. Ya le trasladamos la responsabilidad a la gente. Si la gente se quiere cuidar, se cuida. Si no, le sacamos la tarjeta roja. Ahora ya es problema de la gente».
En varios artículos he analizado un conjunto de determinantes y condicionantes que impiden que el Estado guatemalteco cuente con políticas y capacidades para atender la problemática estructural del país y, en la coyuntura, la pandemia y la crisis que esta desató. En el mismo sentido ha sido planteado el deficiente e ineficaz desempeño de la institucionalidad pública y de quienes la dirigen para disminuir y contener, en la medida de lo posible, el avance de la enfermedad de la covid-19. En un último artículo también refiero algunos de los signos que evidencian la orientación autoritaria del actual mandatario. No obstante, la declaración citada del encargado de la Presidencia constituye un disuasivo para quienes piensan que pueda existir la mínima coherencia y voluntad para enfrentar la pandemia desde el Gobierno nacional.
El mandatario no se afana en aparentar. Por ello no le importan los discursos políticamente correctos. Así, sus afirmaciones citadas pueden considerarse francas. Francas en el abandono de preceptos constitucionales que le mandan dirigir el Gobierno con una orientación a proteger y garantizar la vida, el más fundamental de los derechos. Esto ocurre en un momento en el que muchos están convencidos de que su política carece de observancia y de búsqueda del bien común, lo cual contribuiría a hacer prevalecer el interés social por sobre el interés particular, tónica de muchas de sus orientaciones.
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En la actual gestión no se observan visos de reconocimiento de las propias limitaciones e incapacidades en la gestión de la cosa pública, en la atención de la crisis por la pandemia y menos en la búsqueda de las mínimas reformas que permitan solventar las debilidades y limitaciones de las instituciones para empezar a resolver la problemática profunda que afecta a las grandes mayorías. Contrariamente, las fuerzas políticas que representa el actual mandatario pretenden la captura de la Corte de Constitucionalidad, del Procurador de los Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la continuidad en el control de la cortes de justicia y en el Ministerio Público, entre otras instituciones fundamentales del Estado, lo cual representaría un retroceso en el orden mínimamente democrático y un posible escenario de conflictividad profunda.
En este marco resulta entendible el fuerte descenso en la credibilidad que el gobernante experimenta y las diversas voces que han empezado a poner en el tapete del debate su renuncia al cargo. Esto se justifica en sus discursos, que desdicen responsabilidades constitucionales y que evidencian un alejamiento de la ética que debe regir la orientación de su política. Esto es lo que representa dejar a su suerte a la ciudadanía en estas circunstancias de pandemia.
Como era de esperar, en lugar de corregir su discurso, como haría un estadista, su respuesta a quienes lo adversan se resume en un «no me preocupa si los perros ladran, están cerca o están lejos». Así las cosas, a siete meses de iniciado su mandato, muy probablemente durante el resto de su período presidencial se carecerá de respuestas efectivas a la problemática y a la demanda ciudadana, que se agravan con los impactos de la pandemia. Asimismo, serán tres años de agudización de la crisis política, estimulada además por discursos como el que nos ocupa en este escrito.
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