La responsabilidad de ser un “país megadiverso”

El reconocimiento de la comunidad internacional al valor de la biodiversidad en Guatemala, es decisivo para su protección y conservación, pues representa un patrimonio de la humanidad. Según el Informe Ambiental de 2009, el territorio nacional se divide en 14 ecorregiones terrestres, cada una de ellas con diferentes ecosistemas, más de 200 sistemas ecológicos fluviales y terrestres, alrededor de 15 000 diferentes especies de flora y 100 000 de fauna. Tesoro natural que no siempre es prioridad nacional.

Esta es una oportunidad para Guatemala y para la conservación y protección de su biodiversidad. Primero porque al ser reconocido como un país megadiverso se tiene acceso a fondos que los 193 países partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica otorgan para los 19 países megadiversos. Para recibir esta “inversión ambiental” se debe tener una planificación estratégica que permita alcanzar los objetivos de cara a la situación precaria a la que se enfrenta las organizaciones sociales e instituciones del Estado que trabajan por el bien natural.

De ahí que la oportunidad también se presente para la implementación y sobre todo seguimiento y sostenimiento operativo de políticas que hagan efectivos los tratados y convenios internacionales de carácter ambiental a los que Guatemala se ha comprometido. Se podrá así fortalecer todo un sistema de acción política y técnica que dé respuesta a las necesidades y compromisos del país frente al mundo.

Ser un país megadiverso es ante todo, una responsabilidad que se debe asumir como Estado y como sociedad guatemalteca. Responsabilidad que debe traducirse en voluntad política para trascender del discurso ambiental de moda, a un planteamiento serio y coherente que permita poner en macha planes de trabajo ambiental de beneficio público.

En ese sentido, se debe recuperar la discusión del marco legal que protege al país de la pérdida de su biodiversidad. Frente a los recurrentes incendios, sobreexplotación de suelos, deforestación y muchos otros procesos humanos que acrecientan el riesgo a la vida natural, se hace necesario revisar la Política Nacional de Biodiversidad, la Ley de Áreas Protegidas y todo el andamiaje técnico que debe ser reevaluado y replanteado, a la luz de una visión moderna y de beneficio común.

La responsabilidad es, por lo tanto, de la sociedad organizada para la protección del tesoro natural de orden global existente en el país y aportar y fortalecer tanto en el marco legal e institucional, como en la proyección social; todo ello fortalecido con instrumentos técnicos y recursos económicos y humanos en todos los niveles.