La disyuntiva es simple: beneficio para los financistas de los partidos que cobran con onerosos contratos estatales, beneficio para los caciques que saben cuánto lubricar para reelegirse y beneficio para los medios de comunicación versus beneficio para una sociedad que espera que la democracia le traiga respuestas para mejorar su nivel de vida y de toma de decisiones sobre lo público.
Ya en campaña anticipada (e ilegal) todas estas fuerzas, en especial las opositoras, ya en venta de espacios en los listados para diputados y alcaldes, estos partidos estarían escribiendo una ley que les amarre de brazos para un proceso electoral transparente.
Antes de llegar al contenido final, los partidos políticos deberán ordenar la mesa y decidir qué propuesta de ley es la que más se ajusta a lo ideal y a lo posible.
Más allá de la forma, en el fondo la fórmula no es mágica, y todas las fuerzas democráticas tienen alguna noción de que los temas estructurales, que son los que harían necesaria una reforma, basada en cuatro puntos.
1. El financiamiento. El centro de toda la corrupción de la política es el dinero, o su financiamiento. Son los poderes fácticos quienes financian las multimillonarias campañas, de las más caras del continente, en buena medida gracias a la inflación que provocaron las campañas del Partido Patriota y de Líder en 2007 y 2011. Esta dependencia de los millonarios coopta al Estado y lo convierte en uno menos democrático, pues las leyes, las políticas, las compras y las contrataciones se deciden pensando en los financistas y en la clientela electoral. ¿Cómo reformarlo para que una campaña no cueste Q600 millones? Con financiamiento público y con un techo firme.
2. Los partidos. La experiencia actual de un 40 por ciento de diputados tránsfugas evidencia que necesitan institucionalizarse los partidos políticos. Que sean más representativos en número (o que puedan ser regionales durante sus primeras elecciones), en género (con listados intercalados entre hombres y mujeres), en etnia, que tengan democracia interna real, que no tengan reelección indefinida de sus secretarios generales, que los candidatos estén afiliados al partido, y –quizás- que pueda prohibírseles participar de la siguiente elección si se cambian de partido. La pelota está en la cancha de los secretarios de los dos partidos con más diputados: la vicepresidente Roxana Baldetti y Manuel Baldizón.
3. Los medios. Las presiones no son baladíes. Los medios de comunicación tradicionales son uno de los principales beneficiarios de los gastos privados, opacos, multimillonarios, en campaña. El monopolio televisivo de Ángel González tiene en esto una de sus bazas para ordeñar los fondos públicos por medio de concesiones a los candidatos que después cobra con leyes como la del Presupuesto Nacional, que establece que el 70 por ciento de la publicidad estatal debe ser por medio de los canales de señal abierta. Y el resto de medios tampoco vacila al momento de aceptar anuncios de campaña anticipada ilegal o se cuida de no revelar a nombre de quién piden la factura. En México, es el tribunal electoral el que compra y administra los espacios en televisión.
4. El TSE. He aquí el cierre de una ley que valga la pena: la fortaleza en fiscalización para el Tribunal Supremo Electoral, que se ve amenazado por el interés de los partidos en restarle poder. Un ente que no puede sancionar incluso con la cancelación del partido cuando se viola la ley no es un árbitro, sino sólo una conciencia moral de la política. Esa no es suficiente para el país.
