Como se difundió por varios medios de comunicación, las estudiantes Ana Sofía Ortiz Hernández y Nereyda Victoria Vanegas Reyes fueron intoxicadas en el marco de la conformación del Honorable Comité de Huelga 2020.
Hechos de violencia como el sucedido el 25 de enero y otros (como las intimidaciones denunciadas por la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación —AECC— el 17 de febrero) son parte ya rutinaria y prevista de las actividades de la Huelga de Dolores. Durante años distintos hechos de violencia dirigidos en contra de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo estudiantes, han sido cometidos por integrantes del comité de huelga y de los distintos subcomités.
Los abusos empiezan por la misma conformación de los comités. De acuerdo con los estatutos de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) y de las demás asociaciones estudiantiles, el comité de huelga y los subcomités se constituyen y rigen bajo la dirección de las asociaciones. La conformación y el funcionamiento de un comité de huelga sin la participación de la AEU invalidan el comité resultante.
Además, como también es harto sabido, los encargados de los comités son estudiantes que han pasado ya varias décadas en la universidad, que no estudian o que han sido señalados de hechos delincuenciales. Esto invalida cualquier tipo de representación a la que supuestamente aspiren.
La AEU y diversas asociaciones que tienen la representación estudiantil por haber sido elegidos democráticamente han señalado de manera continua abusos que se cometen en el nombre de la Huelga de Dolores, pero tienen que enfrentarse a grupos que recurren a las amenazas, a las agresiones y a otros delitos [1].
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Las autoridades universitarias no afrontan esta situación aduciendo que la huelga es una tradición y que es una actividad estudiantil en la que no tienen participación. En la sesión a la que fue citado por diputados del Congreso debido a la intoxicación de las estudiantes, el rector dijo: «De mi boca no quiere… no debe salir cancelar la Huelga de Dolores».
Pero esta es la actitud del avestruz: esconder la cabeza. El rector y el CSU, como autoridades universitarias, con autoridad administrativa, moral e intelectual, tienen la responsabilidad de dar respuesta al problema de la violencia de la Huelga de Dolores.
No se vale decir que es una tradición y que es una actividad estudiantil. Cualquier examen serio del asunto (que ahora incluye una citación de diputados del Congreso), la denuncia de los padres de las afectadas, la investigación del MP, etcétera, muestran que las autoridades no han dado una respuesta efectiva a esta situación.
Se ha rumoreado insistentemente que los grupos de Huelga de Dolores, desde ya varios años a la fecha, han sido grupos de choque que están en connivencia con decanaturas y rectorías, que recolectan fondos de actividades como venta de alcohol en el campus y que las autoridades no hacen nada por evitarlo o se benefician de ello.
Rector y CSU: demuestren que no es cierto y que ustedes son autoridades electas. El problema se da en la universidad que ustedes rigen. Ustedes son profesionales e intelectuales que pueden hacer análisis profundos y complejos. Deben saber abordar el problema y dar respuestas eficaces, democráticas y creativas. Si no tienen la voluntad o la capacidad de resolver este problema, ¿quién las va a tener?
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[1] Por ejemplo, en el 2018 varios miembros de los comités agredieron al activista Jorge Santos y se robaron el No nos Tientes preparado por la AEU, lo cual fue cubierto por los medios, pero, como resulta tradicional en el caso de la huelga, permaneció en la impunidad.
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