La rebelión de los padres (2)

Por ello, el último paro magisterial y la imposición del inmoral e injusto —para la población— pacto colectivo de condiciones de trabajo no es coyuntural ni lucha social ni reivindicaciones justas. Solo es evidencia del fracaso histórico del modelo educativo implantado. Y, lo más dramático, aseguro que no hay manera de revertir la perversión del sistema.

El Gobierno anuncia la contratación de más de 35,000 maestros, el aumento del presupuesto del Mineduc, la contratación de más deuda para sufragar el pacto, etcétera, lo cual les hace agua la boca a los Jovieles que controlan y controlarán las organizaciones sindicales, ya que les da más poder de chantaje. La razón es simple: estudiar magisterio no es una vocación, sino una necesidad en estas condiciones de pobreza permanente. Y los nuevos maestros tendrán que adaptarse al sistema y responder al llamado de los pervertidores del sindicalismo.

Estudiar magisterio y buscar una plaza, generalmente por medio del tráfico de influencias, resuelve la situación individual (es el derecho al trabajo), pero no la de la población. Por ello, aunque criticados, los Jovieles son mantenidos en los puestos de dirección sindical porque se necesita ser caradura para exigir beneficios materiales por medio de amenazas y sacrificar así el futuro de los niños. Es su lucha. No cambiarán y el Estado lo permite.

«La vocación docente es el conjunto de intereses, necesidades, aptitudes, ideales y circunstancias personales que al conjuntarse hacen que el sujeto se sienta atraído hacia una profesión o forma de vida y capaz de afrontar los retos que supone. Un buen docente o profesor no se define por su actividad, sino por el sentido que le da a ella. Educar implica dirigir, orientar, facilitar un cambio en la persona del otro. Lo intelectual se supedita a un interés mayor: la capacidad de desarrollar la vocación de otro. El educador es aquel que dispone su vida, sus acciones al servicio de otro».

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El anterior postulado no se cumple y, en consecuencia, la población, la más pobre y los pueblos indígenas, en nada se beneficia con ese juego perverso entre dirigencias y politiqueros.

Por ello es necesario refundar el sistema educativo para que responda a la diversidad y al sagrado derecho a la educación. Sin que el Mineduc pierda la rectoría en la parte cualitativa de la educación oficial, deberían implantarse otras formas de educar tomando como base operativa y de direccionalidad las comunidades indígenas y los municipios para trasladarles los recursos públicos y protegerlos de la voracidad de las dirigencias sindicales.

Lo otro es revisar si los pactos colectivos de condiciones de trabajo son aplicables a la función pública, pues, según el artículo 49 del Código de Trabajo, estos tienen carácter de ley profesional que se aplica a «los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten». Considero que los ministros no pueden considerarse patronos ni los maestros obreros ni la educación una empresa ni los recursos económicos capital de trabajo, ya que se trata del aporte del pueblo a través de los impuestos. Aquí sí han privatizado la educación. La Ley de Servicio Civil o una ley de la carrera docente debería ser lo que garantice de manera prudente y ordenada los derechos laborales del magisterio, y no el hecho de dejar la puerta abierta a negociaciones discrecionales, transeras y leoninas.

Los sagrados intereses del pueblo deben prevalecer sobre los individualismos económicos disfrazados de colectivos, que desvirtúan los nobles principios del sindicalismo.

A los pueblos indígenas, víctimas privilegiadas del colonialismo educativo, los asiste el derecho a definir su propio desarrollo y a la libre determinación, como lo señalan el Convenio 169 y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que señala: «Debido al aumento de la pobreza y de las desigualdades, así como a las crisis sin precedentes que se han producido en las esferas económica, social, cultural, política, ambiental y climática, el derecho al desarrollo cobra hoy más protagonismo que nunca. Un derecho al desarrollo centrado en los aspectos económico, social, cultural y político y en las personas resulta más equilibrado».