El fracaso educativo es permanente, sistemático, estructural y extensivo, ya que abarca los distintos niveles cubiertos por el Gobierno e incluso el universitario, a cargo de la USAC y las universidades privadas.
El sistema es un filtro racista. El mayor y mejor acceso se ha dado históricamente a la oligarquía, a la clase alta, a la media, a la baja y, en menor grado, a los indígenas, que son minoría a pesar de ser mayoría demográfica. Las estadísticas siempre indican que la cobertura educativa es significativamente menor para los pueblos indígenas, con las comunidades rurales y las mujeres (y dentro de estas, especialmente las niñas) como las más excluidas. Paradójicamente, esta desigualdad colonial se ha utilizado para que los gobiernos reciban donativos y empréstitos internacionales con el pretexto de abatir las deficiencias. Es en la burocracia política, en los niveles administrativos, en el sector privado y en los maestros, todos ellos mayoritariamente ladinos, donde se queda la mayor parte de estos fondos, que tienen poco impacto en la población.
Si analizamos la calidad educativa, sobrarían motivos para la desesperanza. Tanto profesores como alumnos saben poco de matemáticas, lenguaje e historia. Menos entienden la diversidad y la necesidad de un sistema que no vea a todos los alumnos como una masa homogénea a la que hay que aplicarle un modelo monocultural, centralista, memorístico y único.
En los programas y servicios de educación que desarrolla el Mineduc no se ha hecho énfasis en dar respuesta ni a las necesidades generales de los guatemaltecos ni a las específicas de los pueblos indígenas, de los cuales se han excluido «su historia, conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las aspiraciones sociales, económicas y culturales» (artículo 27 del Convenio 169), y con lo cual se ha violado la Constitución de la República.
El modelo escolar (escuelas, directores, maestros, sindicatos, programas, ciclo escolar, currículum, metodologías, bibliografía, presupuesto, etcétera) ha fracasado una y otra vez y ha demostrado así la colonialidad del sistema, impuesto desde la legalidad, mas no desde la legitimidad. El resultado, uno de los peores modelos educativos de América Latina.
Con el reciente paro magisterial queda demostrado el fracaso del sistema educativo. No es la primera vez que sucede ni será la última acción de este tipo si el modelo sigue igual. En detrimento de los pueblos indígenas, no se está cumpliendo con el mandato constitucional establecido en el artículo 25 del Convenio 169, relacionado con «garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles». Lo más dramático es que también el pueblo mestizo sufre las consecuencias de dichos paros y de dicho fracaso estatal.
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El sistema nació colonial, creció discriminatorio bajo los intereses de la clase y cultura hegemónica y hoy ha consolidado su perversión. De seguir así, se convertirá en la mejor arma para el sistema imperante de colonialismo, exclusión, racismo, pobreza, desigualdad, etc. Y en esto las dirigencias sindicales, con su acción u omisión, han vuelto culpables a todos los maestros, sindicalizados o no. Hoy, igual que antes, se dan aumentos salariales y se le pone la tapa al pomo. Las demandas por dignificación, calidad, presupuesto, escuelas, materiales, etcétera, han quedado tapadas con el manto de la irresponsabilidad social y de la traición a los principios de una de las más nobles tareas humanas: el magisterio.
El digno ejemplo de los padres de familia de muchas comunidades de no permitir el retorno de los irresponsables maestros es una llama de esperanza, dignidad, autodeterminación y ciudadanía que el Estado está obligado a acatar.
Es tiempo de que los pueblos ejerzan el derecho de formar sus propias instituciones y medios de educación creando las normas mínimas establecidas por el Mineduc en consulta con ellos, garantizando los recursos apropiados para tal fin y cumpliendo el artículo 27 del Convenio 169.
Los pueblos indígenas, las comunidades rurales y campesinas y las clases pobres urbanas y medias que utilizan el sistema público de educación deben expulsar este de su vida social y formativa y crear un modelo diverso bajo una política educativa de Estado que otorgue autonomía y descentralización a los pueblos indígenas y a los municipios del país. Que no se alimente más el modelo actual. Que vaya declinando paulatinamente en su propia agonía hasta desaparecer. Que los préstamos que vengan, el aumento al presupuesto público y la cooperación internacional no alimenten un sistema fracasado y que mejor sean utilizados para dar vida paralelamente a otro modelo desde las entrañas de una auténtica revolución educativa.
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