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La Puya: una comunidad en resistencia, una empresa insistente

La exploración abarcaba un área mayor, que se denomina proyecto El Tambor e incluye 12 licencias de exploración de un subsuelo que abarca 107,072 hectáreas. Un área en la que la ciudad de Antigua—que ocupa 7,800 hectáreas— cabría aproximadamente 14 veces.
Según Rafael Maldonado, director legal de CALAS “no es responsabilidad de la compañía en sí, sino del Estado, que al otorgar las licencias no contempló el artículo 169 de la OIT”.
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La Puya: una comunidad en resistencia, una empresa insistente

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Desde 2012 un grupo de vecinos acampó frente a la entrada de la mina Progreso VII Derivada, en La Puya, para defender su derecho al territorio. Durante cuatro años acamparon en la entrada del proyecto minero y se autonombraron “comunidad en resistencia”. Varias veces, mujeres arrodilladas sostuvieron su Biblia y la mirada ante el escuadrón de antimotines que amenazaba con desalojarlas. El 28 de junio, Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó la suspensión de la licencia de este proyecto por no haber consultado antes a la comunidad y en los juzgados avanza una acusación del Ministerio Público contra la empresa por no acatar la suspensión de operaciones.

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Era de madrugada. Una mujer bajita se puso de pie frente a una excavadora, ella no se movió y el conductor tuvo que retroceder. Así comenzó —el 1 de marzo de 2012—“La Puya”, la resistencia pacífica conformada por habitantes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo contra la mina que explotaría el subsuelo entre los dos municipios. Una semana después, ya eran decenas de mujeres las que se tendieron al suelo, deteniendo una caravana  de máquinas. Cantaban y rezaban para impedir que las retroexcavadoras pasaran la frontera construida con sus cuerpos.

El proyecto minero contra el que protestaban se había aprobado antes, sin que los vecinos lo supieran.

El 30 de septiembre de 2011, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cargo de Alfredo Pokus Yaquián, otorgó una licencia que permitía a Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua) explotar oro y plata. En ese terreno se erigió el proyecto minero Progreso VII Derivada. Un trámite que comenzó en mayo de 2010, cuando la empresa explotadora presentó un estudio de impacto ambiental —que luego se comprobó que estaba amañado— en el que se aseguraba que “se puede definir el Proyecto como Minería de Baja Escala”.

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La exploración abarcaba un área mayor, que se denomina proyecto El Tambor  e incluye 12 licencias de exploración de un subsuelo que abarca 107,072 hectáreas. Un área en la que la ciudad de Antigua—que ocupa 7,800 hectáreas— cabría aproximadamente 14 veces.

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Antes de la concesión de la licencia de Proyecto Derivada VII no se realizó el proceso de consulta previa a la comunidad, en la que se pudiera informar sobre el proyecto, de acuerdo a lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre los Derechos de los Pueblos Originarios. Es por eso que el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) presentó un amparo el 29 de agosto de 2014, en el que indica que el Estado falló al no consultar a las comunidades aledañas previo a la explotación del territorio.

Pasó más de un año para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgara dicho amparo en forma provisional, el 11 de noviembre del 2015. Esta acción dejó en suspenso la licencia de explotación.

Pero según la empresa, esa suspensión no era firme hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) la confirmara. La CC rechazó las impugnaciones el 5 de mayo de 2016 y confirmó lo resuelto por la CSJ seis meses atrás. Representantes de la resistencia de La Puya, se apostaron a partir de entonces, frente al Ministerio de Energía y Minas, en la zona 13 de la capital, para exigir a esa cartera que cumpliera con lo ordenado por la Corte, y para denunciar que la empresa seguía operando.

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Según Arturo Miranda, el abogado de Exmingua y ahora también mandatario judicial la empresa, el fallo de la CC les fue notificado el 9 de mayo a las 14:23 horas. El miércoles 29 de junio, la CSJ otorgó en manera definitiva el amparo solicitado por CALAS. En su fallo, los magistrados reconocen que los derechos de los habitantes de las comunidades colindantes al proyecto minero, fueron violentados al no ser consultadas sobre el proyecto. Cuatro años después, la justicia le da la razón a los habitantes de La Puya.

La medida suspende en definitiva la licencia otorgada a Exmingua en 2011 por la cartera de Energía y Minas. “Esta resolución no es contra la empresa, sino contra el actuar del Ministerio de Energía y Minas, al que le ordena que inicie el proceso administrativo de cierre”, en los próximos tres días, decía Miranda antes de que la resolución fuera definitiva.

Sin embargo, la sentencia de la CSJ aún no está del todo firme; aún cabe una última apelación ante al CC.  El abogado de Exmingua hace la distinción de que el fallo de la CSJ suspende la extracción minera en el Progreso Derivada VII, pero no suspende a las operaciones de la empresa.

El MP confirmó lo que los habitantes denunciaban

Según el Ministerio Público (MP), las investigaciones a Exmingua comenzaron el 18 de marzo del 2016, tras recibir denuncias por la explotación ilegal de recursos, y confirmar que la empresa continuaba operando a pesar de que la CC había suspendido sus operaciones de manera temporal desde febrero pasado.

La mañana del  9 de mayo, cuatro trabajadores de Exmingua fueron detenidos en las cercanías de la mina, cuando viajaban en un picop en el que llevaban 19 costales que contenían concentrado mineral con un alto contenido de oro, y plata, supuestamente recién extraído de la mina.  A un precio estimado de 100 mil dólares por saco, según los cálculos de la Fiscalía, el valor del decomiso asciende a 1,900,000 mil dólares (unos Q14,687,000 aproximadamente).

A partir de este hecho, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente inició nuevas investigaciones en la empresa. El 6 de junio, la Fiscalía recuperó 174 sacos más, de 1,025 kilogramos cada uno, luego de allanar las instalaciones de Exmingua. Con ello se confirmó lo que pobladores habían denunciado desde hacía meses: la compañía ingresaba maquinaria por la noche y continuaba operando a pesar de que su licencia estaba suspendida.

A partir de ese día, la fiscal de Medio Ambiente, Aura Marina López, advirtió que los propietarios de la mina no estaban exentos de culpa y que si el caso avanzaba, los señalamientos alcanzarían al representante legal de la empresa. El Juzgado Cuarto declaró este caso bajo reserva judicial. “Para el MP la fecha que cuenta como inicio de la suspensión, es la resolución de la CC, del 5 de mayo, pero a nosotros nos notificaron hasta el 9 de mayo por la tarde”, es la defensa de Exmingua a través de su abogado Antonio Miranda.

Con base en ese argumento, según Miranda, la detención de los empleados de Exmingua sería ilegal porque ocurrió antes de que la empresa fuera notificada de la decisión de la CC, aunque la hora en que se determinó que los sacos decomisados  contenían oro y plata, fue después de que la empresa se diera por enterada de la resolución.

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Rafael Maldonado, director legal de CALAS y quien presentó el amparo, explica que esta acción especificaba la omisión de la consulta previa a los habitantes de la región. “No es responsabilidad de la compañía en sí, sino del Estado, que al otorgar las licencias no contempló el artículo 169 de la OIT”.

Maldonado explica que a pesar de que la CC ha confirmado la ilegalidad de esta práctica, las licencias de exploración y explotación se continúan otorgando sin realizar los procesos de consulta.

Los representantes legales de la empresa que ejecutaba el proyecto minero también han sido señalados. El 8 de junio, la  jueza Anabella Acevedo Estévez, titular del Juzgado Cuarto del Ramo Penal ordenó el arraigo de los dos representantes legales de Exmingua, el estadounidense Daniel William Kappes, presidente del consejo administrativo de la empresa y socio mayoritario de la matriz norteamericana —que lleva su nombre, KCA, por Kappes, Cassiday & Associates—, y el guatemalteco Héctor Jacinto Vaides Medina, gerente general.

El arraigo fue promovido por el diputado Juan Ramón Lau, del partido TODOS, presidente de la Comisión de Energía Eléctrica del Congreso, quien denunció a los dos representantes por los delitos de desobediencia y explotación ilegal el 30 de mayo.  “Me parece extraño que se dicte arraigo de esta manera cuando lo normal es que el juzgado remita al MP la facultad para que sea él, el ente acusador, quien solicite cualquier medida necesaria”, cuestiona Miranda.

El legislador asegura que su acción fue motivada por denuncias de los vecinos de La Puya, de que la mina seguía operando a pesar de la suspensión ordenada por la CSJ y ratificada por la CC.

El día en que se le dictó arraigo, el estadounidense Daniel William Kappes no se encontraba en el Guatemala, según Miranda. El abogado dice que Exmingua y KCA estudian la posibilidad de llevar a un arbitraje internacional su caso, bajo el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA). “La empresa fue invitada a explorar en Guatemala y la inversión que hizo supera los 300 millones de dólares. La empresa cumplió con los requisitos que el MEM le pidió”, enfatiza Miranda.

La defensa de la minera esperaba que la CC dictara una sentencia definitiva sobre la suspensión de  la licencia, para iniciar los trámites para solicitar una indemnización.  “No puedo decir quién invitó a Exmingua a invertir (en Guatemala) porque eso se dará a conocer en el caso de que presentemos una demanda o un arbitraje en Estados Unidos”, señala el abogado.

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