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La Puya: una comunidad en resistencia, una empresa insistente
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La Puya: una comunidad en resistencia, una empresa insistente

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La exploración abarcaba un área mayor, que se denomina proyecto El Tambor e incluye 12 licencias de exploración de un subsuelo que abarca 107,072 hectáreas. Un área en la que la ciudad de Antigua—que ocupa 7,800 hectáreas— cabría aproximadamente 14 veces.
Según Rafael Maldonado, director legal de CALAS “no es responsabilidad de la compañía en sí, sino del Estado, que al otorgar las licencias no contempló el artículo 169 de la OIT”.
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Tiempo aproximado de lectura: 7 mins

Desde 2012 un grupo de vecinos acampó frente a la entrada de la mina Progreso VII Derivada, en La Puya, para defender su derecho al territorio. Durante cuatro años acamparon en la entrada del proyecto minero y se autonombraron “comunidad en resistencia”. Varias veces, mujeres arrodilladas sostuvieron su Biblia y la mirada ante el escuadrón de antimotines que amenazaba con desalojarlas. El 28 de junio, Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó la suspensión de la licencia de este proyecto por no haber consultado antes a la comunidad y en los juzgados avanza una acusación del Ministerio Público contra la empresa por no acatar la suspensión de operaciones.

Era de madrugada. Una mujer bajita se puso de pie frente a una excavadora, ella no se movió y el conductor tuvo que retroceder. Así comenzó —el 1 de marzo de 2012—“La Puya”, la resistencia pacífica conformada por habitantes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo contra la mina que explotaría el subsuelo entre los dos municipios. Una semana después, ya eran decenas de mujeres las que se tendieron al suelo, deteniendo una caravana  de máquinas. Cantaban y rezaban para impedir que las re...

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