La «presunción» de inocencia en el reino de la impunidad infinita

De esa obra bien podrían surgir muchos elementos para analizar la coyuntura nacional, especialmente este párrafo:

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias en que se encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.

Karl Marx, El 18 brumario de Luis Bonaparte

Numerosas contradicciones e interrogantes surgen de una situación tan compleja e inédita como la que vivimos en la actualidad. Para empezar, ¿quiénes son los buenos?, ¿en quién podemos confiar?, ¿quién tiene un legítimo interés en que se descubra a los muchos responsables de la debacle política e institucional que vivimos?, ¿quién tiene las manos limpias para iniciar un verdadero proceso de depuración y cambio del sistema?

Es a causa de lo extenso de las redes de corrupción y del arraigo de las malas prácticas políticas que la expectativa ciudadana en el futuro se centra en acusar a muchos personajes paradigmáticos con una regla de oro: a mayor poder, dinero e influencia, mayor sospecha de que su poder y dinero provienen de prácticas de corrupción, especialmente si tuvo participación en alguno de los gobiernos anteriores.

El hecho de que la justicia haya tocado a muy pocos personajes políticos en estos 31 años de democracia solo confirma lo que todos murmuran: la corrupción y la impunidad podrán encontrarse casi en cualquier institución pública o privada. Los pocos casos que avanzaron, como el de Alfredo Moreno o el de Byron Lima Oliva, solo refuerzan las sospechas: algunos casos avanzan para que todos los demás se paralicen. El escenario nacional está cubierto desde hace muchos años por un pesado manto de impunidad. ¿Cuántas fortunas se crearon al amparo de dichas prácticas de corrupción?

El primer efecto de esta situación es que la presunción de inocencia se va al traste: muchos de los que actualmente están acusados por el MP y la Cicig tienen ya una condena simbólica en la mente de muchos ciudadanos independientemente del proceso judicial, lo cual es ahora aprovechado por los legalistas a ultranza para intentar detener las causas o tergiversar el debido proceso a su favor.

Lamentablemente, es la misma contradicción que detecté en tiempos de la ejemplar movilización ciudadana del 2015: intentar defender la institucionalidad en las condiciones actuales es impensable. Sin embargo, si es la única institucionalidad que tenemos, ¿cómo podemos fortalecerla y a la vez avanzar en el castigo ejemplar de quienes se han servido de las debilidades del sistema para satisfacer todos sus caprichos?

Depurar el sistema con las mismas reglas vigentes y con los mismos actores de poder que durante décadas han retorcido las reglas a su favor parece imposible o al menos, francamente, cuesta arriba. A menos, claro está, que exista un actor supranacional que sea garante de los procesos, llámese Cicig o la comunidad internacional. Esta intervención, por supuesto, no está exenta de contradicciones y problemas, pero en estos momentos no hay ninguna alternativa: hay demasiados actores de poder que quieren que todos los procesos de investigación se detengan, de manera que se resguarden los muchos intereses ocultos.

La tesis de la refundación es esa: necesitamos contar con una institucionalidad renovada, que no dependa de la valentía o la claridad de un puñado de personas, sino de reglas que se apliquen a quienes violen la ley. Mientras no se castigue severamente a quien infringe las reglas y se aproveche de las debilidades del sistema a su favor, este país difícilmente superará exitosamente la coyuntura actual.