De estos tres requerimientos, con la Ley de Extinción de Dominio prácticamente cumplimos el primero. La OCDE ya reconoció que el acuerdo de intercambio de información entre los países centroamericanos suscrito hace algunos años es un avance válido en el cumplimiento del tercero, aunque hace falta suscribir más acuerdos.
Para cumplir el segundo, la iniciativa de ley número de registro 4326 propone reformar el Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, autorizándole a la SAT que, bajo garantía de confidencialidad, pueda acceder a la información bancaria de los contribuyentes. Originalmente, esta iniciativa fue preparada por técnicos que, con la asesoría de expertos internacionales, cumpliera plenamente el segundo requisito.
Sin embargo, el sector privado guatemalteco expresó preocupación por esta medida, exigiendo condiciones que la limitan. El Cacif ha argumentado que estas condiciones obedecen al clima de inseguridad que impera en el país y el riesgo que supone a la inversión una eventual fuga de información.
Sin embargo, hace unos días la OCDE fue muy clara: son pretextos, sosteniendo que el estándar requiere que la SAT pueda acceder a la información bancaria sin restricciones más que la garantía de confidencialidad.
Según una nota publicada por Prensa Libre el viernes 27 de mayo, el presidente del Cacif expresó que “se provocaría una fuga de capital, por eso nuestra posición es radical”. Declaración que causa estupor y frustración, evidenciando una visión miope y cerrada, sin los alcances para comprender lo que está en juego.
Sin embargo, me consta que no todos los empresarios en Cacif tienen semejante posición. Creo firmemente que en Cacif sí hay empresarios honestos que entienden que solo los evasores, contrabandistas, narcotraficantes y lavadores de dinero son los que se benefician de la incapacidad de la SAT para comparar lo que se consigna en una declaración jurada del ISR con lo que se tiene en el banco.
Sé que en Cacif hay empresarios que sí pagan impuestos y que saben que no toda la denominada economía informal son los “chicleros” de la esquina. Saben que existen millonarios que se esconden detrás de esa economía informal que no paga ISR y que tienen ventaja ilegal sobre los empresarios honestos, y que la única forma de sancionarlos conforme a la ley es que la SAT pueda demostrar que ocultan en sus cuentas bancarias enormes ganancias.
El Cacif es uno de los sectores que ejercen el derecho legítimo de exigirle al Gobierno más transparencia y combate de la corrupción. Pero sé también que en el Cacif hay empresarios que reconocen que ese derecho solo se puede ejercer con la solvencia moral de su propio compromiso por la transparencia y el combate de la corrupción. Son los empresarios abanderados del “nada debo, nada temo”, y que no tienen objeción a que la SAT compare lo que consignan en sus declaraciones del ISR con sus estados de cuenta bancarios.
Son los que se han preocupado por entender qué causó la crisis económica mundial, cuyos efectos todavía estamos sufriendo. Se han informado que dentro de las causas de la crisis están, precisamente, posturas radicales a favor de privilegios fiscales, como agazaparse debajo del secreto bancario para permanecer fuera del alcance de la administración tributaria. Están al tanto de que hasta los países más conservadores han renunciado a viejos paradigmas (incluso Suiza), y se han sumado al esfuerzo internacional para dejar atrás los paraísos fiscales.
Espero que esos empresarios puedan demostrarle a su país que el Cacif ya no es un ente verticalista y autoritario, y que puede rectificar la declaración reciente de su presidente. Que el Cacif es un ente coordinador que sabe demostrar que modernizarse no solo es cambiarse el logo, sino también ser transparentes para tener la solvencia moral de exigir transparencia.
Demuéstrenle a Guatemala que existen.
ricardobarrientos2006@yahoo.com
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