Ante una administración tributaria tan destruida como la que dejaron los superintendentes del gobierno de Otto Pérez Molina, pareciera que el camino para la provisión de bienes públicos a la sociedad guatemalteca es la limosna, pues se recurre a la solidaridad ante el sufrimiento ajeno. E interpreto que eso lo entiende bien el binomio presidencial, que acaba de culminar su primera semana completa de trabajo. Posiblemente a todos nos sorprendió que el presidente Jimmy Morales venía con el pan bajo el brazo, es decir, con una donación de 100 millones de quetzales en medicinas y equipamiento, algo así como 12.8 millones de dólares estadounidenses.
Aquí la primera pregunta que habría que hacerse es quién regala 100 millones de quetzales. Ante esa interrogante, el vicepresidente ha salido en defensa a decir que no hay ningún trasfondo político en esta donación. De igual manera se indicó que esta había provenido en buena medida de la Fundación Esperanza de Vida, la cual funciona por donativos de Hope of Life. De hecho, en este vínculo se puede consultar el formulario 990 que dicha entidad entrega al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Al hacer una rápida revisión del documento, las cuentas simplemente empiezan a no cuadrar. En 2014, esta organización obtuvo ingresos por 19.3 millones de dólares, de los cuales 2.5 millones fueron utilizados en misiones en Guatemala para la distribución de alimentos y ropa, así como para la construcción de refugios, escuelas y orfanatos. El resto se utilizó en Estados Unidos. Aquí el punto no es cuestionar el trabajo de Hope of Life, sino la transparencia con la cual el Gobierno y los donantes llevan a cabo la caridad. ¿Cómo una entidad que recibe 2.5 millones de dólares puede donar más de 12.8 millones? Argumentan que aglutinaron a varios donantes. ¿Quiénes? ¿En qué cuantía? Sin transparencia, esto más parece la lista de financistas de algún partido político.
También es importante mencionar que en el momento en que dichos insumos y activos son recibidos por las entidades del Estado se debe levantar un acta (de acceso público) en la cual se especifique la cuantía, que debe ser revisada por la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Además, en dicha acta debe detallarse el estado en el cual fueron recibidos las medicinas y el equipo. Dicho sea de paso, debo aclarar que conozco las bodegas de la fundación en Zacapa, que prácticamente todo lo que distribuyen es usado y que la mayor parte de los alimentos enlatados que venden ya sobrepasaron la fecha de vencimiento. ¿Y las medicinas?
Sin embargo, el binomio presidencial debería tener claros al menos dos aspectos al pedir limosna. Primero, que no es para siempre. Precisamente porque no es una obligación, si alguien quiere la da y si no no. Segundo, que la limosna no está ajustada a las políticas públicas e incluso puede ejecutarse según los intereses del donante.
¿Será acaso entonces que alguien regala 100 millones de quetzales solo porque está conmovido ante el colapso en el sistema de salud? Mi respuesta es tajante: no. Contrario a la reforma fiscal del decreto 10-2012, en diciembre del año siguiente se emitió el decreto 19-2013, en el cual se revirtieron varios avances de la reforma, entre ellos el de las donaciones, de modo que a partir de este se considera gasto deducible del impuesto sobre la renta la «responsabilidad social empresarial», es decir, aquellos gastos que los empresarios hacen en favor de escuelas, hospitales, viviendas y servicios de asistencia médica, entre otros. Aclarando, nadie regala 100 millones por solidaridad con el sufrimiento ajeno. Es simplemente para tener un gasto deducible del pago de impuestos.
¿Es limosna lo que necesita Guatemala? Evidentemente esto es como un analgésico más. Los guatemaltecos requerimos de un Estado fuerte, garante de los derechos humanos. Ello significa fortalecer las finanzas públicas, lo cual en principio pasa por restructurar la administración tributaria, no ser permisivos con los evasores de impuestos (a propósito de la ministra de Comunicaciones), velar por la suficiencia y la calidad del gasto público, gestionar una nueva ley del servicio civil y eliminar los excesos de los pactos colectivos de trabajo, (entre otros). ¿Estarán el binomio presidencial y su equipo viendo la política fiscal como un instrumento de desarrollo y crecimiento económico?
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