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La política del miedo: Trump y la inmigración
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Opinión

La política del miedo: Trump y la inmigración

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En febrero pasado, la revista Actualidad Política, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, publicó un artículo de mi autoría sobre los posibles escenarios migratorios frente a la administración Trump.

Dicho texto lo escribí en noviembre de 2016, un par de días después de las elecciones estadounidenses, por lo que era incierto el camino que tomaría la política migratoria del presidente electo. A pocos meses de su toma de posesión, estas son algunas de las medidas que impactan en las vidas de las personas y comunidades migrantes.

En línea con su discurso de campaña, la administración Trump ha recortado el financiamiento federal para las ciudades santuario, es decir, aquellas que se niegan a cooperar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias. No obstante, varios alcaldes, como el de Los Ángeles y el de Chicago, han insistido en que eso no los detendrá en la protección de la población inmigrante y, por el contrario, refuerzan la posición de esas ciudades como santuarios.

Estas medidas de resistencia también han sido tomadas por organizaciones, escuelas, Iglesias y familias que han decidido proteger a los inmigrantes irregulares de la deportación y así mantener reunidas a las familias. Asimismo, los consulados, las asociaciones y algunas firmas legales están prestando servicios de asesoría para enfrentar posibles redadas, indicar qué hacer si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) toca a la puerta e informar de otras medidas de prevención para las personas en situación irregular, especialmente en cuanto a qué hacer si se tienen hijos que son ciudadanos y que podrían quedar desprotegidos con la deportación de sus padres.

En cuanto a la revocación de las decisiones ejecutivas del expresidente Obama, la administración Trump ha decidido mantener, por el momento, el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). No obstante, ha endurecido las medidas para la deportación de inmigrantes irregulares, especialmente aquellos que tengan récord criminal, incluyendo cualquiera beneficiado con el programa DACA, lo cual contradice el discurso del presidente.

Lo anterior indica que no hay certeza en la política migratoria, por lo cual la comunidad inmigrante permanece en alerta para la resistencia y la defensa. Por ejemplo, ha habido casos de detención y arresto de beneficiarios del programa DACA, así como de padres de familia sin récord criminal, y otros casos en los que las asociaciones han actuado para revertir la deportación. Por ello se aconseja no renovar ni solicitar beneficios de protección (DACA, visas U y otros) sin haber consultado antes con un experto en inmigración, dentro de otras medidas de prevención.

Por otra parte, el incremento de arrestos y deportaciones de inmigrantes irregulares ha disparado las alarmas en el sector empresarial. El sector agrícola es uno de los más afectados cuando ocurren deportaciones masivas, dada la dependencia de la mano de obra inmigrante, pero también impactaría en negocios locales, restaurantes y otros sectores. California podría ser el estado más perjudicado, dado que casi el 70 % de los trabajadores agrícolas están en situación irregular. El aumento de las deportaciones en dicho estado tendría un efecto dominó hacia todo el país, ya que provee más alimentos que cualquier otro estado.

Un elemento muy preocupante es que las políticas y medidas antiinmigratorias de la administración Trump están generando miedo entre la población en condición irregular. Es tal la zozobra que muchas personas están cancelando los beneficios que reciben del Gobierno, como los cupones de comida, y dejan de acudir a solicitar apoyo. Asimismo, las mujeres están dejando de denunciar la violencia doméstica o retirando los procesos en curso por miedo a ser deportadas, dados los cambios desde el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, que reducen las medidas de protección en casos de violencia y crimen.

Por tanto, la actual administración estadounidense está implementando su política antiinmigrante a partir de decisiones ejecutivas que no responden a evidencia y consenso, sino a caprichos, promesas de campaña y discursos que criminalizan a los inmigrantes y los estereotipan como una amenaza. Ante la incertidumbre y el miedo que todo ello genera, la población en condición irregular cuenta solamente con la sociedad civil organizada y con la asesoría de expertos en asistencia migratoria para minimizar los impactos en las familias y comunidades y luchar por sus derechos como personas.

 

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