Como se difundió por todos los medios locales y extranjeros, Marixa Ethelinda se fugó de la cárcel de máxima seguridad ubicada en el cuartel militar Mariscal Zavala. Los reos están bajo custodia de guardias del Sistema Penitenciario, que supuestamente cuentan con la ayuda del Ejército para realizar su labor, ayuda que a todas luces resulta más bien un estorbo y una complicación en la custodia, pues los oficiales mandan, pero no vigilan, se imponen, pero no actúan, de modo que el cuartel es más un hotel con algunas restricciones y limitaciones que efectivamente un centro de detención. Marixa Ethelinda dice haberse fugado vestida de guardia penitenciaria, lo que demuestra el relajado control que las autoridades civiles y militares tienen del lugar.
A consecuencia de la fuga fueron detenidas las personas responsables de la custodia del lugar, no así el conjunto de militares que resguardan las puertas, mucho menos el ministro de Gobernación, quien a estas alturas ya acumula la responsabilidad del asesinato por incineración de las 41 niñas en el hogar seguro, el asesinato de los custodios en Gaviotas y el asesinato de varios reos en centros penitenciarios, desde el joven que supuestamente dirigió el motín en Gaviotas hasta el ajusticiamiento público de Byron Lima, pasando por la muerte de otros varios reos en los distintos centros penitenciarios, incluido el asaltante de turistas de Antigua, encontrado muerto en el penal de Chimaltenango a los poco días de su detención. Directores y subdirectores del Sistema Penitenciario y de los distintos centros han sido detenidos y retirados de los cargos sin que nadie se anime a cuestionar no solo la capacidad, sino, sobre todo, la responsabilidad directa e indirecta que el ministro Rivas tiene en todos estos hechos de sangre. Es evidente que, preocupado en hacer de la captura de supuestos capos y campesinos cultivadores de amapola su carta de presentación ante los órganos norteamericanos responsables del control del negocio de narcóticos, ha dejado que el sicariato encargado de la limpieza social reine en las cárceles.
La Patrona se fugó con todos los permisos en regla, con el beneplácito de los soldados que la vieron salir y muy probablemente la saludaron afablemente, con el de los oficiales que ven para otro lado cuando no se cumplen los mínimos protocolos de seguridad en su cuartel y con el visto bueno de las autoridades penitenciarias, que no logran impulsar medidas de control y sobre todo de formación y estímulos efectivos entre el personal del sistema para impedir, antes que sofocar, motines, reyertas, asesinatos y fugas.
A pesar de todo ello, el ministro de Gobernación, responsable directo de todos esos funcionarios, sigue pavoneándose como autoridad revelación a pesar del baño de sangre y de las fugas que en las instalaciones a su cargo suceden casi a diario.
Marixa Ethelinda fue capturada en El Salvador como producto del trabajo de cuerpos de inteligencia y de seguridad, muy probablemente con el apoyo de las autoridades estadounidenses encargadas del control del tráfico y el mercadeo de estupefacientes. Controles que, curiosamente, no inhiben la distribución y el consumo cada vez más abultados en aquel país. Las autoridades guatemaltecas simplemente se encargaron de ¿dejarla? y recogerla en la frontera y de volver a llevarla a un centro de detención.
Pero tan rápido y expedito procedimiento no se ha producido con los otros patrones nacionales y extranjeros que han sido acusados de distintos delitos contra el erario público. Estados Unidos tiene en su territorio a Erick Archila (exministro de Minas y Energía del gobierno patriota), a Allan Marroquín, principal articulador de la corrupción en Puerto Quetzal, y a Alva Lorenzana de González, codueña de los canales abiertos de televisión y presunta coautora de la Cooptación del Estado, quienes, como Jurg Widmer Probst (principal corruptor en los puertos Santo Tomás y Quetzal) en Suiza y Ángel Pérez Maura en España, se pasean felices y contentos por sus calles y manejan libremente en sus bancos los fondos defraudados o producto de esos fraudes sin que las autoridades guatemaltecas ejerzan ninguna presión para que esos criminales de cuello blanco sean puestos en manos de la justicia guatemalteca.
El Gobierno corre y hasta se tropieza para entregar a los supuestos capos requeridos por los estadounidenses, pero no ejerce, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, la misma presión para que corruptos y corruptores sean deportados. Con Archila y Marroquín se llegó al cinismo de que, detenidos por faltas migratorias, suficientes para que un migrante cualquiera sea deportado encadenado, pronto fueron puestos en libertad y tratados como amigos. Falso resulta, pues, que las autoridades de ese país estén realmente comprometidas en el combate de la corrupción en el nuestro. Aprovecharnos de lo poquito que hacen es, pues, una necesidad.
El gobierno de Jimmy Morales ha demostrado en todos estos casos que en realidad la persecución de los defraudadores le importa un comino. Su actitud ha sido de dejar que todo siga igual. De nuevo, en todos estos casos no hemos sabido de ninguna medida de presión que permita suponer que la captura de todos estos nefastos personajes sea importante para el presidente y sus ministros. Una evidente complicidad se nota en todos los casos.
En ese escenario cobra aún mas relevancia la desaparición, por arte de magia, del exoficial del Ejército y ahora exdiputado Édgar Faustino Ovalle, acusado de crímenes contra la humanidad. Amigo íntimo del actual presidente, su fuga más parece organizada y orquestada desde las altas esferas del poder, que primero consiguieron que se le levantara el arraigo para luego no poner en acción a las autoridades migratorias ni policiales para llevar a cabo su captura. No hay registros de su salida del país, pero tampoco hay noticias de esfuerzos serios de parte de la Policía para dar con su paradero, lo que permite afirmar que el Gobierno en su conjunto lo protege y oculta, de manera que impide que el Ministerio Público y los tribunales hagan su trabajo.
En nuestra más que surrealista Guatemala, los delincuentes comunes se escapan de cárceles con resguardo militar y solo son recapturados cuando un país vecino colabora. Sin embargo, hay vecinos poderosos, como Estados Unidos, España y Suiza, que protegen a delincuentes de cuello blanco, interesados más en su dinero mal habido que en la erradicación efectiva de la corrupción, que a ellos también los carcome. Hay, además, una evidente y clara complicidad del gobierno de turno, que no solo no hace el mínimo esfuerzo por que se realicen esas capturas, sino que, tratándose de sus amigos y allegados, los protege con la incapacidad y la lenidad manifiestas de las autoridades policiales.
Hasta ahora no hay nada que permita afirmar que el combate de la corrupción es una enseña del gobierno del cómico Morales y de sus ministros. Todo lo contrario. En el gobierno del FCN estamos confirmando que los corruptos y los militares delincuentes continúan mandando. Mientras eso sucede, el presidente disfruta de sus vacaciones no autorizadas en París.
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