Hoy, 14 años después, la incertidumbre sobre el futuro de la participación se hace más fuerte cuando los recursos económicos asignados al sistema de consejos de desarrollo son trasladados a las municipalidades, según el presupuesto aprobado por el Congreso de la República para 2017.
Si desde la vigencia de la citada ley la mayoría de los alcaldes aprovecharon para crear sus Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) o para presionarlos por medio de obra gris aprovechando su pobreza y necesidad, y si luego fueron los diputados, posteriormente los gobernadores y paralelamente muchas empresas constructoras, hoy el panorama es más complicado, ya que serán los alcaldes quienes dispondrán de los miles de millones de quetzales que son aportados al sistema de consejos de desarrollo.
Si antes los recursos asignados a dicho sistema llegaban a ocho consejos regionales y la Contraloría apenas los fiscalizaba, si posteriormente fueron los 22 departamentos a los que se les asignó la ejecución de dichos recursos y ahora serán 240 las municipalidades ejecutoras, menos podrá la Contraloría controlar a más actores públicos.
Asimismo, se aprovechó la citada ley para eludir la responsabilidad constitucional, según el Convenio 169, de realizar las consultas a la población cuando hubiera medidas o acciones que afectaran a las comunidades. Se dejó en los vulnerables Cocodes dicha responsabilidad, condicionada por las obras y los proyectos. El poder se valió de esto para evadir la consulta de buena fe y posibilitar así la arremetida de la industria extractiva en territorios indígenas.
Los Cocodes, base de la pirámide construida, corren el riesgo de desaparecer como entidades representativas y gestoras de proyectos comunitarios. Desde la entrada en vigor de la ley en 2002 y 2003 llegaron a ser más de 20 000 los consejos regados en toda la república, excepto la ciudad capital. Por su magnitud y sus grandes exigencias, las funciones que deberían cumplir según los artículos 13 y 14 de la referida ley chocaron con la realidad marcada por la pobreza, la exclusión, la precaria capacidad técnica y los bajos niveles de escolaridad. La mayoría dependían de la benevolencia de las autoridades municipales y departamentales y de los diputados, con lo cual apenas se lograron algunas obras materiales: adoquinados, carrileras, balastros, pilas, tinacos, etcétera, que distan mucho de ser cruciales en el desarrollo integral. La salud, la educación, el medio ambiente, la equidad de género y el desarrollo humano, entre otros, son la deuda pendiente de resultados.
Nacieron con el pecado original de la vulnerabilidad técnica, política, económica y geográfica. Catorce años después, los recursos económicos que fueron el centro gravitacional de los esfuerzos comunitarios son trasladados a otros centros político-partidistas: las alcaldías municipales. De ese modo se trasladan el clientelismo, la manipulación y la intrascendencia en el desarrollo a entidades que hoy por hoy son ineficientes, poco transparentes y de casi nula incidencia en mejorar la vida de la sociedad, de los individuos y de las ciudades o los poblados.
Distantes son los tiempos de la última década del siglo pasado, cuando muchos alcaldes, la cooperación internacional, centros de estudio y liderazgos comprometidos debatían y proponían acciones trascendentales para el desarrollo humano. Hoy la capacidad política y ciudadana ha declinado y la participación se ha convertido, como ocurrió en las plazas en el 2015, más en algarabía festiva, urbana y clasemediera en su mayoría, sin proyecto político y sin liderazgos. En tanto, la participación comunitaria es criminalizada, perseguida y violentada, como lo demuestran los recientes casos sucedidos en Huehuetenango.
Y la guinda en el pastel: el afianzamiento de la vieja política con una ley electoral que privilegia el modus operandi de los partidos políticos tradicionales y conservadores, la declinación de los comités cívicos y un Congreso de la República dominado por diputados cuestionables y perseguidos, lo cual impedirá legislar en consonancia con las demandas de la población. Y lo peor es que saben que la participación, en términos generales, se ha limitado a las protestas virtuales, de manera que se ha obviado la participación política integral y real. ¿Se extingue entonces la participación comunitaria?
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