es decir, acciones que no permiten el establecimiento de mecanismos de participación, negociación, inclusión, todos elementos centrales de la democracia y por ende, de la gobernabilidad democrática.
Por el otro lado, desde las acciones de modernización estatal, aparentemente hay una voluntad política mixta: se elaboran leyes muy buenas, se presentan planes preciosos, se manifiestan públicamente deseos de implementar la modernización y la descentralización que conduzca a establece...
es decir, acciones que no permiten el establecimiento de mecanismos de participación, negociación, inclusión, todos elementos centrales de la democracia y por ende, de la gobernabilidad democrática.
Por el otro lado, desde las acciones de modernización estatal, aparentemente hay una voluntad política mixta: se elaboran leyes muy buenas, se presentan planes preciosos, se manifiestan públicamente deseos de implementar la modernización y la descentralización que conduzca a establecer mecanismos de participación; sin embargo, en la práctica se crean instancias inoperantes por la misma falta de apoyo; se centralizan decisiones y se elaboran leyes muy cuestionables. El resultado es una maraña de contradicciones que aparentemente tienen como fin dar pasos formales para la participación ciudadana y la descentralización, pero sin un avance real en la práctica.
En el fondo, el proceso de transición generó situaciones que nadie esperaba. En un primer momento, cuando se inicia formalmente la transición en 1986 y se instaura un gobierno civil electo popularmente, la expectativa era que finalmente se resolverían los problemas de los guatemaltecos. Había un optimismo que le asignaba a la Democracia un poder de cambio que no tenía. El resultado fue un pronto despertar que desmoralizó a muchos. Desde el ámbito de los llamados sectores populares, el resultado fue una creciente desconfianza[1] de las acciones gubernamentales, por lo que por ejemplo cuando se crea el Sistema de Consejos de Desarrollo, pocos sectores sociales y populares se adhieren a su estructura. (…)
En la práctica la institución armada se ha consolidado como institución y como factor de poder. Podrían argumentarse muchas razones en contra y a favor de esta afirmación, pero como no es el objeto de este trabajo, solamente queremos mencionar dos argumentos (que se desarrollarán en la siguiente entrega).
Uno, la institución armada como institución fue el artífice de la apertura democrática como una estrategia de combate a la insurgencia.
Dos, el clima de violencia e inseguridad ciudadana ha sido favorable para la misma institución armada, ya que ha generado un clima conservador en la sociedad guatemalteca que está más dispuesta ahora a aceptar la presencia del ejército, siendo en algunos casos su intervención aplaudida por aquellos que antes les temían.
[1]- No hay que perder de vista que la transición se inaugura como una estrategia contrainsurgente.
* Éste es un extracto del artículo: “Gobernabilidad democrática, modernización del Estado y participación ciudadana”, por Luis Mack, publicado en la Revista Política y Sociedad No. 36, año 1998, páginas 61-64.
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