La otra ley «antiderechos» que se encuentra en el Congreso y podría convertirse en cortina de humo

Lleva por nombre Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género. El oficialista Allan Rodríguez, expresidente del Congreso, es el proponente de esta iniciativa, la 5940.

Pero antes de conocer esta propuesta respaldada por las bancadas Vamos, Valor, PAN, Partido Humanista De Guatemala (PHG), UCN y Viva, merece revisar en qué momento la presentaron.

Llegó a comisión legislativa el 12 de julio y desde esa fecha esperó turno hasta el 13 de septiembre cuando se conoció en el pleno. Eso fue dos días antes que el presidente Alejandro Giammattei hablara de firmar la política pública por la vida y la familia.

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De hecho, la recién electa presidenta del Congreso, Shirley Rivera, viajó a Estados Unidos a finales de octubre para participar en la conmemoración de un año de la declaración del consenso de Ginebra, la cual promueve políticas públicas de protección a la vida y la institucionalidad de la familia. En dicha actividad participaron congresistas del ala conservadora de ese país.

«Esta participación fue labor legislativa para el fortalecimiento de los lazos de amistad y de cooperación internacional por la defensa de la vida y la familia», expresó el Departamento de Comunicación Social del Legislativo.

Probablemente, la 5940 no se apruebe, opinan diputados consultados. Hubo quienes la consideran una «cortina de humo». Por esos días se acercaba la elección de la junta directiva, dice Karina Paz, de la UNE. Para otros congresista es la agenda provida que impulsa el Gobierno.

Guatemala fue uno de los ocho países americanos no invitados a la Cumbre por la Democracia convocada por Biden; dentro de los cuales figuran Cuba, El Salvador, Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. En respuesta a esto el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei acudió a una gira de reuniones en Estados Unidos.

El 6 de diciembre estuvo presente en un evento de la Heritage Foundation, fundación del mismo país autodenominada conservadora. Mencionó, entre otros temas, que el 9 de marzo del 2022 el país sería declarado Capital Iberoamericana Provida ante el esfuerzo de proover la política pública de protección a la vida y a la familia.

También asistió al Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, destacó las acciones de su gobierno para prevenir la violencia, principalmente en temas de narcotráfico y migración. Contradictoriamente, solo unos días después más de 50 guatemaltecos en situación de desplazamiento forzoso fallecieron en Chiapas, México, tras un accidente automovilístico.

La iniciativa incluye reformas a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), Ley de Radiocomunicaciones y Ley de Educación Nacional, enfocándose en cualquier institución pública o privada que afecte a la niñez. Pero la modificación afecta directamente a la comunidad LGBTIQ+ sin importar la edad.

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Los cambios medulares

En 2003 se aprobó la Ley PINA, un instrumento jurídico para procurar el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, buscan «garantizar el derecho a la identidad» según su sexo al nacer, así como ejecutar programas de educación sexual que no promuevan la disconformidad o reasignación de género. Y el Estado tendrá la capacidad de sancionar a quienes promuevan lo contrario.

Los medios de comunicación social del Estado deben supervisar y regular la información y contenido que promueva alteraciones de la identidad o reasignación del género natural y contenido pornográfico.

Por ello, organizaciones de sociedad civil y activistas manifestaron su rechazo a tales modificaciones, consideran que elevaría el estigma contra la niñez y adolescencia trans.

Pero hay más: las reformas a Ley de Educación Nacional se centran en no promover la disconformidad ni la reasignación de género. Un Currículum Nacional Base (CNB) con «principios espirituales y científicos» que prohibe contenido que muestre «desviaciones de la identidad sexual natural», «reasignacion de genero» y aborto.

Estas reformas a la Ley PINA, aseguran activistas, incrementarían el estigma y los prejuicios hasta llegar a la violencia física, mental y sexual. «Es un ataque a la libertad, autonomía y la capacidad de elección de un proyecto de vida propio de cada persona», expresaron varias organizaciones por medio de un comunicado.

Entre los firmantes se encuentran la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, Asociación La Cuerda, CREAR ONG, Familias por la Diversidad Gt, Visibles y Red Nacional de Personas Trans en Guatemala, entre otras.

También se manfestaron a nivel internacional las organizaciones LGBTIQ Diversxs, Aborto por la Vida y Latinoamérica Piensa.

Se unieron a firmar dicha oposición Ale Teleguario, Ana Lucía Ramazzini, Rodrigo Barillas, Sandra Morán, entre otras personas.

«Con esto nos callarán y sancionarán aún más. Negar el acceso a la información o el derecho a la libertad solo terminará en traumas», comentó Kevin Dubón, de la Organización De Locxs Centroamercanxs y del Caribe (ODELCA), dedicados a la defensa de la comunidad LGBTIQ+.

En la actualidad no existen leyes específicas  para garantizar que las personas de la comunidad LGBTIQ+ gocen igual respeto y reconocimiento —legal y social— de sus derechos humanos.

Las cifras de asesinatos hacia personas de la comunidad LGBTIQ+ se esconden, opina Dubón. Esto, lo motivó a realizar una exhibición donde representó un personaje sin características asociadas socialmente a un sexo o género determinado (drag). Nombró a esta presentación «por hueco» y la realizó en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala para evidenciar los múltiples homicidios que quedan impunes por la homofobia criminal.

Según el Ministerio Público (MP), se registran 462 denuncias de personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ agraviadas por delitos desde 2018; se identificaron como 21 bisexuales, 218 gays, 44 lesbianas, ocho intersexuales, 149 trans y 22 no registrados.

Noe Zarate, persona de la comunidad LGBTIQ+ y fundador de la organización Divergente Gt, habla del miedo a manifestarse en contra de la iniciativa 5940. Miedo derivado a la persecución desde la reforma a la ley de oenegés en 2020.

A pesar de ello, la fundación a la que pertenece realizó una presentación en la zona 1 de la ciudad. «Estas acciones no deben verse como manifestaciones para no interpretarse como alteración del orden público, por lo que apostamos únicamente por realizar una transmisión de nuestro rechazo a la iniciativa», agregó.

Antonella Alvarado tiene claro el retroceso que significa. Ella es mujer trans, cofundadora de CREAR Escuintla, una organización en pro de los derechos y la inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Las modificaciones a la Ley PINA son inhumanas, considera. Ser trans, sabe, es un camino complejo. «Lo más difícil es imponerse a las decisiones que otras personas quieren tomar sobre tu vida».

En empresas con políticas de contratación de personas de la comunidad LGBTIQ+ podrían verse obligadas a despedirlas para no interpretarse como «promover la ideología de género», apunta.

La iniciativa carece de validez científica, asegura Luis Guiguí, psicólogo clínico y catedrático de la Universidad Rafael Landívar. No existen manuales que tipifican los «trastornos de identidad de género», los ponentes se basan en argumentos morales en lugar de la ciencia. Mezclan conceptos.

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En qué van en este tema otros países

En Estados Unidos iniciaron la emisión de pasaportes con designación de género «X» para las personas no binarias, intersexuales y no conformes con su género.

Otros como Australia, Canadá y Argentina tienen políticas similares.

En octubre, la Secretaría de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), Fundación Sobrevivientes y el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef) lanzaron tres herramientas virtuales para niñez y adolescencia con el fin de reducir el riesgo de ser víctima de delitos sexuales, bullying y acoso.

«En Guatemala el Código Penal no contempla los delitos de odio o discriminación motivados por la orientación sexual o la identidad de género y, por ende, si estos delitos no se nombran no existen», lamenta Kevin Dubón.

El artículo 202 bis del Código Penal del 2002, establece como discriminación: «la distinción, exclusión y restriccion causada por motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil u otro motivo, razón o circunstancia».

En 2019, la diputada Karina Paz del partido UNE, propuso modificar ese artículo al incluir específicamente la orientación sexual y la identidad de género como posibles formas de discriminacion. Sin embargo, la propuesta sigue pendiente de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que actualmente es de posición conservadora, refiere la congresista.

De igual forma en 2017, la entonces legisladora, Sandra Morán, presentó la Iniciativa 5278 Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio. Propuso sancionar como delitos agravados, los delitos de odio por motivos de orientación sexual, identidad de género, edad y religión, así como la discriminación contra personas LGBTIQ+. La propuesta recibió dictamen desfavorable por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Ambas propuestas fueron iniciativas y no llegaron a discutirse por el Pleno del Congreso. Lo cual refleja las prioridades del Estado de Guatemala y no únicamente de los gobiernos en turno, expresó Sandra Morán.

Posible estrategia política

Para determinar si es una cortina de humo hay que identificar qué sucedía en el Congreso en el momento que la presentaron.

Los diputados que promueven esta ley tratan de imponer terror a través de amenazas de persecución y criminalización a organizaciones, medios de comunicación y activistas, indica la exdiputada Morán. «Hay aspectos que son inconstitucionales, es una ley que violenta los derechos humanos».

Esta iniciativa, así como la engavetada 5272 Ley para la Protección de la Vida y la Familia, promueven el pensamiento de un grupo de personas cercanas al poder.

En septiembre pasado, el Congreso discutió el Decreto Gubernativo 8-2021, emitido por el Presidente de la República, el cual buscaba declarar Estado de Calamidad Pública por 30 días más en todo el país, en respuesta a la emergencia de salud pública por la COVID19.

Tras diez horas de discusión se improbó el decreto con 77 votos a favor y 79 en contra por falta de transparencia en el proceso de las contrataciones y adquisiciones.

Sin embargo, el 13 de septiembre se aprobó el Decreto 11-2020, denominado Ley de Emergencia Nacional para la atención de la pandemia.

Durante septiembre también se realizó la elección de Magistrados de la Corte de Apelaciones, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales colegiados; con base en la sentencia de amparo dictada por la Corte de Constitucionalidad.

Según el diputado Aldo Davila, la iniciativa 5940 es una «Cortina de Humo» del Presidente del Congreso, Allan Rodriguez. En otras palabras, es un mecanismo usual en la política tradicional con la finalidad de encubrir otra acción.

La diputada Karina Paz asegura que sirvió de distractor de la ineficiencia del gobierno actual; promovida por los diputados de la alianza oficialista que respaldan al Presidente de la República.

La iniciativa es como un bote ruidoso con pocas nueces. Probablemente no se apruebe, pero distrae de lo importante. Además genera una conversación desenfocada y queda en el imaginario de las personas, lo cual fomenta la discriminación y eso preocupa a quienes velan por el respeto de los derechos de estas comunidades.

Para Antonella Alvarado ir a una universidad, recibir tratamientos médicos, sentirse segura en la calle o incluso recibir aceptación de la familia no es posible cuando deciden iniciar el proceso de ser trans. Todos los días hay una persona a quien se viola su dignidad. Ni la niñez ni la adolescencia no deben pasar por esto.