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La nueva era del saqueo
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La nueva era del saqueo

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En diciembre de 1996 los Acuerdos de Paz pusieron fin a los 36 años de conflicto armado. Además de una transición política, estos acuerdos marcaron el inicio de una nueva era económica. Guatemala siguió la estela de la globalización y la liberalización de los mercados, cumpliendo a rajatabla la receta plasmada en lo que se llamó el Consenso de Washington. Entre los ingredientes de esta receta estaban la reducción del tamaño del Estado y de sus gastos, la privatización de empresas públicas, la apertura a los capitales extranjeros y los incentivos fiscales a los grandes emprendimientos. Para Fernando Solís, todo esto dio inicio a “una nueva etapa del saqueo”. Lo explica en esta entrevista.

Fernando Solís es el coordinador general de El Observador, una publicación que, desde el 2003, recoge el trabajo de un puñado de investigadores, entre los cuales sobresalen nombres como el de Luis Solano, Gustavo Illescas y el propio Solís. Estos trabajos, en palabras de Solís, buscan relacionar el pasado con el presente y dibujar un mapa del poder en Guatemala. “Tratamos de ponerle nombre y apellido al poder”.

Economista con estudios en filosofía, Solís imparte una cátedra de economía política en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos. Fue parte de Inforpress Centroamericana, medio de comunicación nacido en 1972 y clausurado en 2010. Este legó a El Observador parte de su equipo, pero también sus métodos de trabajo y enfoques.

Uno de los temas investigados por Solís es el desarrollo de los megaproyectos que se han multiplicado desde el inicio del siglo XXI. Para el economista, “la implantación del modelo de democracia” generó un cambio estructural que desembocó en un nuevo “modelo de acumulación” que cuenta con tres grandes ejes:

“El primero es el de los monocultivos. No solo palma africana, sino también la caña, el hule, el cardamomo. Hay también un nuevo ciclo de la teca. El segundo, el de las industrias extractivas: minerales y petróleo. El tercero es el de los mega proyectos de infraestructura: hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos, corredores. Entran también, aunque en esto hay debate, los edificios de oficinas de gran calado en las zonas urbanas, los condominios y los centros comerciales”.

El presidente Álvaro Arzú (1996-2000) simboliza el auge de este modelo. Él no inició el proceso, explica Solís. Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías, sus antecesores, ya habían empezado los primeros movimientos, bajo la batuta de los grandes organismos internacionales. Igual que en decenas de países subdesarrollados, los préstamos condicionados del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, les permitieron exigir a Guatemala una reducción del Estado que propició la expansión del sector privado hacia sectores que anteriormente eran del dominio exclusivo de las empresas nacionales. 

“Arzú hace tres movimientos estratégicos, a la par de negociar los Acuerdos de Paz. Uno, va a formular una nueva Ley de Minería. Este era un proyecto que los empresarios traían desde hacía mucho tiempo. Arzú abre esa explotación dándole cabida a inversiones nacionales, pero también cabida a las grandes inversiones externas. Segundo, reformula la política petrolera y amplía el control del sector privado sobre las inversiones del petróleo. Uno de los grupos favorecidos son sus socios: los Campollo Codina. Ellos controlan la explotación, el proyecto que está en el rio Sarstún. El tercero fue liberalizar el mercado eléctrico. Prácticamente privatiza el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y reformula el control monopólico para abrirlo a los grandes capitales”.

—Estos procesos económicos se repitieron de forma muy parecida en casi toda América Latina. ¿Pero hay algo en esta evolución que sea propio de Guatemala?

—En Guatemala, un baluarte para la aplicación del modelo fue la contrainsurgencia. Fue ganar la guerra. De allí viene la alianza muy clara entre militares y empresarios. La aplicación de los programas de ajuste estructural no hubiera sido posible sin la contrainsurgencia y sin esa alianza entre capital y militares. Esto los amalgamó y llevó a los Acuerdos de Paz. Esta alianza siempre fue accidentada. Posiblemente ahora esté rota, o vaya a reformularse en otros términos.

Lee también: Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra

En la historia, tal como la relata Solís, los grupos de capital guatemalteco —él cita con frecuencia a los Campollo Codina, a los Bosch Gutiérrez y a Cementos Progreso—, fueron convirtiéndose en grandes corporaciones que pasaron de controlar un sector de producción a invertir en negocios de muy diversa índole. “Por ejemplo, los Bosch Gutiérrez empezaron en la industria agroalimenticia. Cuando se consolidaron e hicieron alianzas con transnacionales, pasaron a invertir en energía, hidroeléctricas, y ahora están invirtiendo en palma africana”, indica. “Ha habido una entrada de transnacionales a través de estas alianzas. No es casual que los Bosch Gutiérrez hayan traído a Florentino Pérez y a José María Aznar. Los Campollo Codina, sus alianzas son con capitales mexicanos”.

Estas alianzas no hubieran sido posibles, afirma Solís, sin otra de las grandes dinámicas que marcaron la década de los 90: la “liberalización del sector externo”, el que según su análisis, se dio en dos ejes:

“El primero, eliminar las trabas a las transacciones de mercancías, hacer fluido el comercio. El segundo, eliminar las trabas a la entrada de capital. Era necesario liberalizar la cuenta de capitales del sector externo para que estos capitales entraran sin problemas y activaran la economía guatemalteca”.

Un ejemplo de esta dinámica se encuentra en el sector eléctrico, que de estar bajo control estatal, pasó a manos privadas y se desarrolló de forma exponencial. El transporte de energía se le adjudicó a la empresa colombiana Trecsa, encargada de construir los anillos de interconexión dentro del territorio, así como la interconexión eléctrica con el resto de Centro América.

En cuanto a la distribución de electricidad, ésta ha ido cambiando de manos a lo largo de los últimos diez años. La española Unión Fenosa adquirió dos de las grandes empresas de distribución, Deocsa y Deorsa, para luego cedérselas a Actis, un fondo de inversión de origen británicos, quien las fusionó en una sola empresa, Energuate. Pero pronto, el fondo inglés cedió este mercado a una corporación israelí llamada IC Power. En ningún momento estas empresas de distribución eléctrica han dejado de crear conflictos en las comunidades.

La generación eléctrica, antes controlaba por el Inde, se convirtió en el Santo Grial de empresas y fondos de inversión nacionales e internacionales. Desde la liberalización del sector, los ingenios azucareros no han parado de levantar nuevas plantas de cogeneración para convertir en energía el bagazo de caña. Desde mediados de los 90, transnacionales construyeron  plantas de generación a base de bunker y carbón mineral, como, por ejemplo, Jaguar Energy, en Masagua, Escuintla. Empresarios como Mario López Estrada, accionista mayoritario de Tigo, erigieron plantas de energía solar.

Pero sobre todo, Guatemala conoció un verdadero boom de hidroeléctricas. Esto en parte gracias al apoyo del Estado plasmado en la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable aprobada durante el gobierno de Óscar Berger. De hecho, el objetivo de la Asociación de Generadores con Energía Eléctrica Renovable (AGER), que reúne a las empresas del sector, es que, en 2025, el 80% de la electricidad en Guatemala provenga de estas fuentes. Hoy, según los últimos datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la proporción  de energías renovables se mantiene en 68%. El 37% de la energía eléctrica producida en Guatemala proviene de hidroeléctricas.

Para Fernando Solís, el fomento a las energías renovables tiene dos verdaderos objetivos: “obtener un kilovatio más barato”, y “convertir a Guatemala en un exportador de energía eléctrica”. Según Solís, “el objetivo de proporcionar electricidad a la población entra en segundo o tercer plano”. Y agrega: “la oferta nacional de energía eléctrica cubre la demanda”.

Los datos de Cepal muestran que desde el 2012, año en que el Sistema de Interconexión Eléctrica entre Países de América Central (Siepac) se puso en marcha, la exportación de electricidad se ha multiplicado por 5.5. En 2015, casi el 10% de la energía producida en Guatemala fue exportada a los países vecinos.

¿No cree que aprovechar los ríos para generar electricidad es una elección racional, frente a la producción por bunker o carbón, que son contaminantes?

—Es racional en términos económicos para quien aprovecha esta energía. Pero no lo es en términos sociales y ambientales. Las hidroeléctricas causan conflictividad porque son impuestas. ¿Hace falta construir tantas hidroeléctricas? Los estragos sobre el río Cahabón son impresionantes. Está devastado. Esto es una racionalidad capitalista llevada al extremo.

Otro de los sectores que tuvo un éxito descomunal, afirma Solís, es el de los monocultivos. Tanto los “clásicos” como la caña y el banano, como los más recientes como la palma africana. Otros cultivos, como el hule, que se habían estancado, han recobrado un gran dinamismo.

La extensión de palma africana, por ejemplo, crece a un ritmo de 16% anuales, según datos del Central American Business Intelligence (Cabi). En 2003, la palma cubría 31 mil hectáreas. En 2015, ha rebasado las 160 mil, que corresponden al 4% de la superficie cultivada en Guatemala, y a 0.8% del territorio nacional. Las grasas y aceites derivados del fruto de la palma constituyen el sexto producto de exportación y generan casi US$400 millones en divisas. Según Solís, “Hay seis familias que controlan todo el circuito”. Entre éstas, puede leerse en las páginas de El Observador, están los Molina Espinoza del grupo Hame, los Bolaños Valle, de Agroamérica o los Maegli Mueller de Naturaceites.

Inevitablemente, los grandes emprendimientos han generado grandes conflictos en todo el país. Este es otro de los grandes temas de investigación de El Observador.

“Para nosotros, la conflictividad es el nuevo nombre de la lucha de clases. Lo que la conflictividad esconde es la disputa real por los territorios, y lo que hay en esos territorios. Es una nueva lucha entre el capital y la naturaleza y entre el capital y la fuerza de trabajo. El Estado ha respondido como lo ha hecho históricamente: en función de los grandes intereses que son su soporte. Las empresas tienen el discurso de que son las comunidades las que generan conflictividad porque se resisten al desarrollo. El Estado las secunda en esto”.

Para Solís, el Estado y la empresa privada han puesto en marcha una estrategia para contrarrestar la protesta. Una estrategia que, para él, tiene varias fases.

“Lo primero que hace el Estado, sus agencias de inteligencia, es control poblacional, la búsqueda de liderazgos. Empieza a hacer seguimiento a estos liderazgos. La segunda fase es la elaboración de un discurso para criminalizar, diciendo que hay grupos que responden a intereses del narco, que allí hay armas… Mauricio López Bonilla lo dijo en Huehuetenango, en Quiché, en San Rafael. Por eso se impuso un estado de sitio. La tercera fase es criminalizar de manera directa. Se movilizan contingentes de policía y del Ejército para resguardar el orden y generar gobernabilidad. Una cuarta fase es la apertura de espacios de diálogo. Se le dice a la gente que las inversiones ya están, y es como una amenaza: ‘si ustedes se salen del diálogo, lo que viene es la represión abierta’. Eso pasó en La Puya, en San Rafael, en la mina Marlin. Ha pasado en el caso de las hidroeléctricas. Una quinta fase es la judicialización, los presos políticos. El temor, y esto hay que decirlo, es que luego venga la represión directa, la limpieza social. Es muy fácil de hacerla. Una amenaza directa, un ataque directo no tiene que hacerlo una estructura militar o contrainsurgente. Puede hacerse a través del sicariato.”

—No todos los proyectos generan la misma conflictividad. Mientras ciertas hidroeléctricas y las minas han levantado mucha oposición, la palma africana ha tenido poca respuesta. ¿Cómo se explica esto?

—Creo que la implementación de los cultivos y muchas hidroeléctricas han tenido éxito. ¿Dónde está el éxito? En la neutralización, mucho antes de su expansión, de los posibles rechazos. Voy a poner el caso de una hidroeléctrica en donde no hubo conflictividad: Renace, de los Gutiérrez Bosch. Renace empezó durante el gobierno de Arzú. La gente dice que en 1999 empiezan a haber movimientos. Esto fue hace casi veinte años. En San Pedro Carchá, la hidroeléctrica tiene controladas a varias comunidades con programas sociales y un control paramilitar de los movimientos en el municipio. Una hoja no se mueve sin que Renace no lo sepa. Por eso no vemos mayor conflictividad, porque hubo un trabajo de instalación previo. En el caso de la palma africana ha sido igual. Los Molina Espinoza y Olmeca empezaron en los 90 a preparar el terreno en Petén. La instalación real fue en 2004 y 2005, pero había un trabajo previo de reconocimiento y control.

Una de las grandes tendencias actuales, es la implementación de programas de responsabilidad social empresarial que tratan de hacer sostenibles las inversiones. Se han desarrollado certificaciones internacionales que las grandes empresas buscan obtener para darles mejores salidas a sus productos en el mercado internacional. Una de estas, es la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), una certificación que garantiza a los compradores que el aceite de palma cumple con ciertos estándares laborales, ambientales, industriales e incluso fiscales. Países como Bélgica y Holanda se han comprometido en comprar únicamente aceite de palma con esta certificación. En Guatemala, solo dos empresas, Naturaceites y Agroamérica, han obtenido el sello RSPO.

Naciones Unidas también impulsa esta tendencia a través del Pacto Mundial, un acuerdo voluntario para que las empresas respeten “los principios universales de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción”.

Pero Fernando Solís rechaza esta evolución. “Estas nuevas regulaciones, o el hecho que se tenga que cumplir con parámetros y estándares internacionales, está en la línea de favorecer y fomentar el modelo. Se habla de minería sostenible, de energía limpia, empresas de palma que cumplen con los estándares ambientales. Sí, ¿pero eso qué? Este discurso de la sostenibilidad es parte del modelo”.

Las grandes agencias de cooperación internacional, afirma Solís, están reformulando sus líneas de acción para seguir esta tendencia de la responsabilidad empresarial y los emprendimientos sostenibles. “Se habla de crisis de la cooperación. Nosotros creemos que no hay tal crisis, que lo que hacen las cooperaciones es adaptarse a los nuevos rumbos del capitalismo mundial. La cooperación sigue hablando de derechos humanos, pero no apoya más proyectos de derechos humanos. En conjunto con Naciones Unidas, promueven un tipo de cooperación en donde el sector privado pasa a ser un eje fundamental. La tendencia es promover el diálogo para que la sociedad civil se siente a hablar con los empresarios, para que las inversiones sean más sostenibles. Si cumplen con las reglas de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, ¿cuál es el problema?”

—¿Pero no cree que se está dando un cambio en Guatemala? Me refiero a la liberación de los líderes de Huehuetenango, a las recientes decisiones de la Corte de Constitucionalidad que han anulado varias licencias mineras, de la ofensiva de la SAT contra grandes empresas evasoras, de la enorme indignación popular que causaron este año los desvíos de ríos.

—No lo creo. No quiero decir que no se está moviendo nada. Pero eso no va a modificar la raíz en que está construido el Estado guatemalteco, un Estado corporativo, autoritario, cooptado, penetrado por intereses militares y empresariales. El modelo va seguir avanzando. Van a haber posiblemente nuevos actores en la escena política, pero no va a haber un cambio. Me temo que habrá una etapa, en lo que se asienta este gobierno y avanza los casos de cooptación del Estado, va a haber profundización de la represión. Van a haber nuevos casos de presos políticos. Me temo eso.

—¿Cree que hay que dejar de explotar y aprovechar los recursos naturales? ¿O existe para usted un modelo correcto para extraer petróleo y minerales o generar energía?

—Creo que el modelo está hecho para favorecer intereses privados nacionales y transnacionales. Está hecho para esta nueva etapa de saqueo. Pero aunque fuera el Estado el que hiciera este tipo de inversiones…. Este modelo no ha desarrollado el país, si pensamos qué beneficios reales, en términos de desarrollar a la fuerza de trabajo, a los pueblos, a disminuir los índices negativos. Hace falta un modelo de otro tipo. En realidad, la discusión sobre qué modelo nunca se ha dado, y esta retardada desde hace mucho tiempo.

—Pero si vemos Bolivia, Ecuador, estos son países extractivistas. ¿Considera que tienen un modelo diferente?

—Lo que cambia en Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela es que el Estado explota los recursos con el sector privado. Pero eso no le quita validez a decir que este modelo no desarrolla los países. Pienso que los vuelve más dependientes. Tenemos poco que decir en términos del crecimiento mundial. Seguimos siendo proveedores de materias primas. La diferencia es que ya no nos llaman países subdesarrollados, sino países en vías de desarrollo. ¿Pero desarrollo hacia dónde? Allí hay una discusión que nos lleva a la ética. ¿Qué perseguimos realmente? Estos países, yo no puedo asegurar que traigan beneficios a las grandes mayorías. Sí tienen gobiernos que han abogado por un desarrollo distinto, pero hasta ahora no lo han hecho. Yo diría que el único país exitoso en América Latina es Cuba. Pero no puedo decir lo mismo de países como Ecuador. Aunque se hable de una nueva hornada de gobiernos ligados a un pensamiento de izquierda, yo no lo veo tan así. Sigue siendo un modelo basado en las megainversiones para explotar recursos naturales. Ese es el modelo hegemónico, aunque se quiera pintar distinto.

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