Vuelven a la primera plana delitos relacionados con la devolución del crédito fiscal, historia vieja pero poco contada que se origina en un criterio absolutamente técnico y correcto: las exportaciones no pueden pagar impuesto al valor agregado local, pues, al llegar los productos nacionales al mercado internacional, serán, en la misma proporción, menos competitivos en función de precios. La devolución debería ser automática. De su peso cae. Una ventanilla donde usted presenta la documentación que sustenta su cadena de abastos hasta llegar al evento de la exportación y se le reintegra el monto del impuesto pagado.
Pero la siempre presente falta de ética en los negocios no lo permite, pues por muchos lados surgen las empresas de cartón que simulan exportaciones y están asociadas a los funcionarios controladores en frontera, que proceden a documentar lo que no existe. Y la cándida ventanilla que imaginamos no es factible: agentes económicos públicos y privados se asocian para mentir, dar validez legal a esa mentira y entonces delinquir juntos robando los fondos del Estado.
Entonces, tras describir el suceso, se debe corregir la causa que lo origina. El efecto esperado es que el exportador no debe pagar impuesto al valor agregado local sobre la mercancía que va al mercado internacional si está comprobado que el correcto diseño de la medida es pervertido por los agentes económicos involucrados. Hay que cambiar el diseño de la medida. Es simple a todas luces: hay que variar la tasa aplicable del impuesto, y el impuesto al valor agregado para la cadena de exportación debería ser cero. Pero no se hace. Y es en ese momento cuando la niñera pellizca a los niños llorones y el daño se expande. Porque, en este caso, el exportador que recupera su crédito fiscal mediante la contratación de un gestor que le fija un honorario puede aducir que lo hace de manera legítima, reconociendo el trabajo de un profesional liberal, y que no es responsable de la manera como este profesional gestiona el pago que efectivamente el Estado le debe. Y aún peor está aquel que no contrata los servicios del gestor porque igual de cándido luce en la cola eterna de los que esperan su pago y, por derivación, igual de cándidamente menos competitivo es su producto en el mercado externo.
«Hecha la regla, hecha la trampa». Esto parece no entenderlo la niñera pellizcona, que igualmente complica procesos en todos los campos tributarios, donde la simplificación, la claridad y la certeza son urgentes para que los niños llorones se queden sin lágrimas. Porque, al final, el que debe, que pague en materia dineraria. El que comete delitos tipificados en el desempeño de una gestión igual, que los pague. Pero no hay que ser injustos con el que cumple y paga el precio no declarado de cumplir, que pierde su tiempo, su dinero, su competitividad y su confianza en el sistema por culpa de los que perdieron la vergüenza y la dignidad y ganan así montones de dinero.
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