La marcha, organizada por la Asamblea Social y Popular (ASP), a la cual se han sumado un sinnúmero de organizaciones, comunidades y barrios, tiene argumentos sólidos para realizarse. La misma ASP plantea que el 97 % de las fuentes de agua dulce del país están contaminadas y que la desertificación en el país actualmente sobrepasa los 20 000 kilómetros cuadrados (18.5 % del territorio).
Así las cosas, la marcha resulta fundamental como movilización y protesta ciudadana. En primer lugar, porque cientos de comunidades, barrios y colonias padecen la falta de acceso a agua, originada del avance en la apropiación legal e ilegal del agua que empresas capitalistas han estado realizando con el objetivo de garantizar el riego de sus cultivos de caña de azúcar, café, palma aceitera, banano, y la producción de bebidas embotelladas, entre otros. Cientos de comunidades están siendo despojadas de sus fuentes naturales de aprovisionamiento del vital líquido, ríos y riachuelos, lagunas y lagos, sin que las autoridades nacionales y municipales hagan nada al respecto. Más allá, las ciudades pequeñas, intermedias y grandes estamos sufriendo también de ese despojo, ya que dependemos de tales fuentes para surtir nuestros sistemas de aprovisionamiento de agua potable.
Esta problemática también se expresa en otros datos aportados por la ASP, que afirma: «Con relación a las actividades económicas y al uso del agua, para el 2003 la agricultura y la ganadería utilizaron el 53 % del agua, las industrias el 30 % y el suministro de electricidad, gas y agua el 12 %. Si se habla del uso del agua en riego de cultivos agrícolas, solo la caña de azúcar y la palma de aceite (o africana) consumieron el 61 % para el 2010, y el banano, el plátano y el melón, el 22 %, en cuyos casos la mayor fuente utilizada son los ríos. Siendo que la caña de azúcar, la palma aceitera y el banano han ampliado su área de producción, en el 2016 consumen más agua en riego en comparación con el 2010, año en el que consumieron entre el 55 y el 63 % del agua utilizada por las actividades económicas en general. Le siguen la producción de melón con el 3.35 % y de mango con 2.14 %. Mientras, la extracción de agua para uso doméstico es solo del 3 % aproximadamente»[1].
Los efectos, asimismo, se hacen sentir sobre la agricultura familiar y la economía campesina, de las cuales dependen cientos de miles de familias en el país. Estos ámbitos de producción alimentaria se ven imposibilitados de irrigar sus cultivos y padecen la destrucción de sus territorios, ya que ríos robados y desviados hacia las grandes fincas y hacia los agronegocios impiden la irrigación natural de aquellos, con los consiguientes efectos sobre la vida animal y vegetal y sobre la productividad de quienes proveen de alimentos a todo el país.
Complementariamente, Gobiernos municipales —como el encabezado por Álvaro Arzú en la capital— dirigen una política que prioriza la provisión de agua al gran negocio y a las colonias de la burguesía, mientras deja en la escasez a los barrios y a las colonias marginales y populares. Mientras, toleran la contaminación de ríos, lagunas y lagos y son incapaces de garantizar el tratamiento de las aguas y la provisión de agua potable a toda la ciudadanía.
Esto sucede en un contexto donde el Estado capitalista desarrolla una política que permite y facilita el despojo de las aguas y su contaminación y reprime la protesta social cuando se levantan exigencias y luchas ciudadanas ante la indefensión que padece la inmensa mayoría de comunidades, barrios y colonias.
En vista de que el capitalismo y el Estado capitalista están negando y violando el derecho humano al agua, la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida se justifica y se legitima plenamente.
La Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida es una lucha estratégica de todas y todos. Siendo así, como ciudadanas y ciudadanos conscientes sobre la problemática del agua, debemos organizarnos, solidarizarnos y sumarnos a la marcha, que llegará a la capital el 22 de abril.
Levantemos nuestra voz para resolver un problema de carácter nacional y estratégico que afecta nuestra propia supervivencia como sociedad.
Mario Sosa es investigador en el Instituto de Investigaciones sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.
[1] Estos datos coinciden con información aportada por estudios del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de Guatemala y del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar, disponibles en sus respectivas páginas electrónicas.
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