El anuncio de una política de mano dura contra las maras emocionó a miles de los que escucharon el discurso presidencial el pasado 14 de enero de 2020. Y creo que nadie negará la importancia de combatir el flagelo de las extorsiones, los asesinatos, los robos y otros delitos atribuidos a esas estructuras criminales. Podríamos asumir entonces que hay cierta justificación en una política contundente de persecución criminal, que pase por rescatar la PNC, mejorar la coordinación con el MP y hasta involucrar al Ejército en tareas de seguridad de Estado. Por cierto, me resisto a utilizar el concepto de seguridad democrática o de seguridad ciudadana en la repetición de ese experimento.
Aclarado lo anterior, me atrevo a pronosticar que esa política fallará, otra vez, a menos que la mano dura contra la delincuencia esté acompañada de medidas igual de contundentes contra la elusión y evasión de impuestos. Y eso todavía será insuficiente porque la teoría de los ahorritos no alcanzará para financiar la presencia del Estado en amplias zonas del país donde mandan los caciques de siempre, como los narcoganaderos y, por supuesto, las maras. Dicho en otras palabras, las guerras se ganan con dinero, y dinero es lo que no hay en el Estado, precisamente porque, cuando se trata de asuntos fiscales, la mano del Estado es blanda y selectiva.
Un aparato estatal en trapos de cucaracha, que solo tiene recursos para funcionamiento precario y financiado a medias con deuda pública, no podrá controlar territorio y población, no podrá pagar centros de detención modernos y tampoco podrá acometer tareas estratégicas como el combate de la pobreza extrema y la ampliación de la cobertura y la calidad educativas, como otras acciones que en el largo plazo son irrenunciables si queremos un país menos inseguro. En suma, un Estado desfinanciado no podrá ofrecer más que resultados mediocres, otra vez.
[frasepzp1]
En ese sentido, muchas personas estaríamos de acuerdo con una política de mano dura siempre y cuando sea institucional, estratégica, apegada al derecho y articulada con acciones de largo plazo para combatir la delincuencia. Pero eso requiere una reforma fiscal progresiva que transforme lo que tenemos en lo que necesitamos. Lo que tenemos es un sistema semiprivatizado de seguridad carísimo e ineficiente. Algo parecido ocurre con la educación y la salud. Y lo que necesitamos es un sistema de seguridad ciudadana en el cual no tengamos que pagar por guardias de seguridad en cada colonia o en cada comercio, con el agravante de que las maras asolan justamente a quienes no pueden pagar guardias privados.
En pocas palabras, pasar del sistema ineficiente y privado de seguridad al sistema de seguridad ciudadana para toda la gente significa pagar más impuestos y dejar de erogar millonarias sumas a empresas que ven la seguridad como negocio. Desgraciadamente, no creo que eso ocurra porque el Estado sigue en manos de empresarios, incluyendo a los que controlan el negocio de la seguridad privada.
Ojalá la mano blanda fiscal desapareciera y, en su lugar, emergiera una mano dura que estuviera a la altura de las necesidades. Pero, como es usual, la mano dura sigue reservándose para los pobres. Cuando la justicia se acerca a quienes saquean el Estado y provocan así muerte, pobreza y sufrimiento, la mano del Estado se reblandece, se hace tolerante y ciega. Precisamente para eso se reformó recientemente la Ley de Aceptación de Cargos. Así las cosas.
Más de este autor