Ella, una maestra de educación primaria que formó a varias generaciones de niñas y niños en Guatemala, se expresó con palabras y gestos cargados de dignidad. Con voz pausada, con un porte que proyectó serenidad, narró al tribunal la tragedia que marcó su vida y la de su familia: la tragedia que llegó con los pasos de quienes estaban a su izquierda, dentro de una carceleta, escuchando la narración de quien no borró un solo dato de su memoria.
Con sus palabras y con su voz, que por primera vez sonaba en cortes nacionales, explicó la manera como sus retoños Emma y Marco Antonio sufrieron a manos de sus verdugos. Contó su vivencia ante la noticia de la captura de su joven hija Emma y, luego, cómo la alegría por su fuga se tornó en pena por el secuestro de Marco Antonio.
Cuando le preguntaron sobre la persona que llegó a su vivienda y la agredió físicamente para luego llevarse a su niño, no vaciló. Con una entereza que solo el paso de años de dolor contenido genera, indicó que Hugo Zaldaña Rojas era el hombre que dirigía el comando que llegó a su casa a secuestrar al niño. Lo identificó y lo señaló ante el juez sin volver la mirada hacia el verdugo. Su mano de maestra se movió firme para decir quién se había llevado a su niño.
Al igual que otras cinco mil madres de niñas y niños desaparecidos por el Ejército durante el conflicto armado interno, doña Emma Theissen reclamó la devolución de su hijo. No le tembló la voz para explicar ante el tribunal los hechos que vivió durante los minutos que duró el operativo de venganza. No dudó en hablar sobre la militancia política de sus hijas, quienes tampoco la han negado.
En cambio, los acusados, cinco militares de alto rango, han lucido su cobardía. Se negaron a declarar o respondieron cínicamente. Tal es el caso del exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Benedicto Lucas García, quien pretendió dar a entender que no habría dañado a nadie del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT) porque incluso tenía amigos entre sus miembros. Cualquiera que no conozca la historia o no se tome la molestia de indagar en ella fácilmente se cree esa versión: una historia contada por el general cerebro de la contrainsurgencia, quien diseñó el esquema de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), un cuerpo paramilitar que puso bajo mando castrense a casi un millón de hombres de entre 18 y 65 años de edad para enfrentarlos a la insurgencia armada y ejercer control sobre la población.
El cinismo llevó a Lucas García a declarar que, durante su formación en la escuela francesa, de donde nació la estrategia para la guerra de Argel, había aprendido sobre derechos humanos: un curso al parecer mal diseñado o al que no fue muy aplicado, ya que ni siquiera conocía los tratados de Ginebra. Afirmó que su hermano, el también general Romeo Lucas, fue mal informado siendo presidente porque no violó los derechos humanos. La lista de personas ejecutadas durante ese gobierno es alta y por ellas hay ya sentencias en los tribunales. Es el caso de la masacre en la Embajada de España, donde murieron más de 37 personas incendiadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. O el de las ejecuciones de Oliverio Castañeda de León, Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr en operativos combinados del Ejército y la Policía al mando del coronel Germán Chupina.
El discurso incoherente de Lucas no logró desvanecer las certezas sobre su responsabilidad ante los hechos. Pese al cargo que ostentó, pretendió inducir a engaño al tribunal al decirle que todas las órdenes se impartían por escrito y que él no tenía responsabilidad en las operaciones en el terreno. Excusas vanas de quien se ufanó de ser líder nato de las fuerzas armadas y ejemplo de militar en la zona de combate, adonde llegaba cotidianamente en helicóptero. De ahí que la cobardía del verdugo, que solo es valiente cuando está armado y entre pares, quedó empequeñecida ante el coraje de la maestra, que lo confrontó con la verdad y la memoria para reclamar justicia.
Más de este autor