El MINEDUC insiste en “dialogar” sin voluntad de escuchar, que no es sino una posición intransigente en imponer algo que ya ni ellos mismos entienden.
Sin embargo, parece que al fin empiezan a escucharse algunas voces sensatas que puedan destrabar el nudo, en esta acelerada militarización de las prácticas de gobierno que no significa que en los puestos de mayor decisión ejerzan oficiales del Ejército, sino que las prácticas de esos funcionarios son cada vez más militaristas, pareciendo ya todos “oficiales de linea” deseosos de marchar a un solo paso y con la cabeza agachada, exigiendo a los demás silenciosa obediencia.
La decisión del Procurador de los Derechos Humanos de salirse de ese juego de falsos diálogos que el gobierno le ha impuesto a los jóvenes y demás sectores que se oponen a la supresión de las escuelas normales, parece ser una valiosa gota de agua en este desierto de intransigencias. El Procurador con su actitud ha venido a mostrar que hay derechos básicos que se están vulnerando a los estudiantes, particularmente porque el MINEDUC, güsachescamente, si bien no emite un acuerdo que establece modificaciones profundas en la enseñanza media y en las calidades de los futuros maestros a contratar, toma, cual locatario de mercado, medidas violentas de rechazo a todos los que le critican.
Pero lamentablemente, el Procurador aún está demasiado solo, pues el MINEDUC a través de sus representantes en el Consejo Económico y Social (CES) –léase el Secretario General del STEG– ha conseguido que este organismo asesor del Estado y supuestamente espacio de diálogo entre los distintos sectores, emita una opinión respaldándole. Suponíase que ese organismo recién creado y autorizado legalmente era un espacio de “diálogo” entre sectores, pero tal parece que es solo una voz, la del empresariado privatizador de lo público, la que allí habla y opina. El CES afirma que lo decidido por el MINEDUC es una política consensuada durante tres gobiernos, cuestión que es totalmente falsa, pues precisamente los empresarios sindicales fueron los principales opositores a las modificaciones que en el gobierno de la GANA se trataron de impulsar.
Razón tiene el Procurador de los derechos humanos en pedir al MINEDUC y a los estudiantes que encuentren un facilitador para el diálogo, papel que, lamentablemente, no podrán cumplir ni el grupo de empresarios representados en el CES, ni las supuestas instancias gubernamentales llamadas de facilitadoras de diálogo.
Es necesario recordar que a lo que se oponen buen número de alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas normales es que la formación magisterial les resulte aún más onerosa, considerando además que el problema de la calidad en su formación no queda resuelto con el simple aumento de tiempo en su escolaridad. Los representantes de la oligarquías económicas y sindicales reunidos en el CES, a través de su comunicado evidencian que lo que se pretende con la medida es limitar la formación de maestros pues, afirman, han ya demasiados egresados.
Pero, al decirlo, dejan al desnudo que la medida defendida a toconazos por las actuales autoridades no busca mejorar la calidad de la educación, pues quienes podrán ser contratados como docentes en el futuro inmediato serán, precisamente, aquellos egresados recientes que, se supone, han sido pésimamente formados por el modelo que se ha suprimido. Lo lamentable de todo este asunto es que demandar a los defensores de la medida un poco de coherencia parece, a estas alturas, pedirle peras al olmo.
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