Más que ver políticos y empresarios en la cárcel, lo que los guatemaltecos queremos son servicios públicos de calidad y que lleguen a toda la población.
En la columna anterior señalaba que las élites del país hemos desperdiciado dos años en el proceso de construcción de una democracia liberal que efectivamente busque el bien común porque no es suficiente con apoyar la valiosa labor de la Cicig para combatir la corrupción. También necesitamos prevenir la corrupción, para lo cual ofrecía cuatro propuestas vinculadas al IVA a la exportación, al FonPetrol, a carreteras y a la Ley Electoral. Pero, para lograr un acceso generalizado a servicios públicos de calidad, lo que más necesitamos es reconstruir la administración pública. Para eso, como élite, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo reconstruirla.
Hace 27 meses, durante los días de la plaza, señalaba que era necesario aprovechar la ventana de oportunidad de los eventos y dirigir el rechazo a la corrupción a discutir y aprobar legislación y procesos que necesitamos para reconstruir la administración pública. La discusión sigue siendo relevante porque como élite seguimos pasmados. He aquí tres ejemplos de reformas que necesitamos impulsar para reformar la Ley de Servicio Civil, la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
No podemos esperar un buen sector público si no tenemos a las mentes más brillantes del país trabajando por el bien de este. Nuestros problemas de país no son sencillos. No solo requerimos de buenos ingenieros civiles para construir y darles mantenimiento a túneles y puentes, sino también necesitamos administradores e ingenieros industriales para definir el funcionamiento de la provisión de medicinas, útiles escolares y útiles de oficina a las entidades del Estado. También necesitamos contar con directores capaces de orquestar organizaciones con cientos de trabajadores que puedan afrontar los retos de manejar un elevado número de personas. Por eso mismo, reformar la Ley de Servicio Civil, así como sus procedimientos y el funcionamiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), es esencial para pasar de nombramientos basados en amistad o apoyo durante la campaña a generar los mecanismos que permitan contratar y retener en el Gobierno a las personas más brillantes del país para administrarlo y operarlo. Algunas opciones serían establecer exámenes de entrada al servicio civil, mantener una elevada remuneración a los funcionarios públicos, abrir los procesos de competencia por puestos públicos, reformar el funcionamiento de los sindicatos públicos (particularmente en temas de huelga, transparencia y funcionamiento democrático) y proveer recursos a las universidades públicas y privadas del país condicionados a programas específicos que permitan profesionalizar a servidores públicos en temas específicos.
De igual manera, es difícil lograr que el sector público provea dichos servicios si la Ley de Compras y Contrataciones resulta difícil de cumplir o no facilita la compra de productos de buena calidad. Si la obsesión es por los precios más bajos, el problema es que vamos a terminar con productos de baja calidad, que se deterioran con rapidez, y eso implicará comprarlos constantemente o, peor aún, que el producto no provea los resultados esperados. Peor aún, hay tanto miedo hoy en día que, en muchas entidades, los altos mandos presionan a empleados de menor autoridad a conformar las juntas de licitación. Y no por corrupción, sino porque hay miedo a que el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas vean como corrupción algo que no son más que genuinos errores producto de personal que no está preparado y de normativa poco funcional. Esto significa que la ley debe preparar personal de alto nivel para analizar contratos y justificar que una mayor calidad implica mayores precios.
La Ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación también es importante, no solo porque dicha institución ha mostrado ser completamente inservible y por eso hemos necesitado del dúo MP-Cicig, sino también porque he oído a varios funcionarios señalar que sus multas se vuelven mecanismos de extorsión. Además, sus intervenciones no mejoran el gasto público. ¿Por qué? Porque el enfoque es en procesos administrativos y financieros, y no en cumplir las metas, así como en mostrar problemas, y no en prevenirlos. Habría que pensar en que la Contraloría funcione más como la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que en lugar de imponer multas se enfoca en analizar cómo funcionan los programas, analiza si logran sus objetivos y ofrece soluciones sobre cómo mejorar su funcionamiento.
Apoyar el análisis de la legislación, comprender cómo funcionan dichas instituciones en otros países, volver dichos temas relevantes e impulsar su reforma son parte de nuestra labor. Como parte de las distintas élites guatemaltecas, necesitamos involucrarnos en prevenir la corrupción y en reconstruir la administración pública.
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