La ley piñata

Con el inicio de facto del proceso electoral, la corrupción crece voraz para financiar ilícitamente campañas.

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó el decreto número 21-2022, con el sugerente título de «Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica». Por supuesto, la necesidad de reparar y ampliar la red vial es real, pero no debemos caer como babosos y pendejos dejándonos llevar por un título sugerente. Posicionémonos con base en análisis técnicos rigurosos.

La ley aprobada está plagada de anomalías y errores. Los primeros eran evidentes cuando se presentó el 1 de marzo de 2022 como la iniciativa de ley número de registro 6043 por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, los diputados integrantes de la junta directiva actual, Maynor Mejía, Aníbal Rojas y Carlos López, el actual presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM), Cándido Leal, y el oficialista Carlos Calderón. Una constelación oficialista que aseguró un tránsito inusualmente veloz por los laberintos del Congreso, sin discusión ni análisis. El pleno del Congreso la conoció el mismo día que la presentaron y la trasladó a la CFPM para su estudio y dictamen.

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La CFPM no la estudió con el rigor debido, y tan solo tres días después de haber sido presentada, la dictaminó favorablemente. La prisa descarada con la que esta comisión de trabajo actuó, quedó evidenciada en errores garrafales, si no risibles. Por ejemplo, en las tablas que detallan los proyectos viales supuestamente a trabajar, en la ruta nacional 7 se describe el tramo codificado como RN-07-W-05, de Uspantán a Cunén (Puente Barranca Grande Estación-278+285-Construcción), como ubicado en el Departamento de Izabal, cuando Uspantán y Cunén son municipios de Quiché. Además, las sumas en la tabla del artículo 7 no cuadran porque excluyen los datos correspondientes a la señalización de tramos, error aritmético elemental.

A toda prisa, la aplanadora oficialista se apresuró a aprobar la propuesta, lográndolo el 15 de marzo, errores incluidos, solo dos semanas después de su presentación. Pero, ¿por qué la prisa? Si es algo tan importante y trascendental, ¿por qué el Ejecutivo o la alianza oficialista en el Congreso no lo propuso entre septiembre y noviembre de 2021, cuando se analizó, discutió y aprobó el presupuesto para 2022? ¿Por qué no se discutió y analizó con el debido rigor técnico, que pudo haber advertido los errores y anomalías que plagan al ahora decreto número 21-2022?

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Todas estas anomalías generaron pronunciamientos de sectores diversos, rechazándolo. Y, es que más allá de los errores risibles de geografía y aritmética, los problemas de lo aprobado son muy graves y de fondo. Se trata de perder Q 3,191 millones. Entidades como el Icefi advirtieron que, por ejemplo, pese a que la ley se refiere a construcción de infraestructura estratégica, los proyectos de infraestructura vial propuestos cubrirán 719 kilómetros, de los cuales solo 625 metros, menos del 0.1 % corresponden a construcción de tramos nuevos, a un costo de 369 millones de quetzales. Es decir, a un costo promedio de casi Q 370,000 por cada metro. Además, se propone señalizar 1,608 kilómetros de carreteras, a un costo de Q 122 millones, es decir, a un costo promedio de casi Q 76,000 por kilómetro. Estos montos son excesivos, y debieron haberse analizado con cuidado.

En resumen, esta es una ley para el robo y la corrupción, razón por la cual ya se le conoce más como la ley piñata. Un decreto que se perfila más para repartir dinero para las campañas de reelección de diputados y alcaldes aliados al oficialismo. El regalo descarado de Q 3,193 millones para premiar al pacto de corruptos.