Con las designaciones de titulares y de suplentes realizadas por los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se abre paso para el control mafioso del máximo tribunal del país. Por una designación que salvó la cara de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), se designó la única magistratura de trayectoria constitucional apegada a derecho al nombrar a la actual presidenta de la CC, Gloria Porras.
El objetivo de quienes desde los tres poderes del Estado y el CANG realizaron estas designaciones abiertamente mafiosas es inocultable: asegurar la impunidad absoluta mediante resoluciones amañadas desde el tribunal que conocerá en última instancia las resoluciones judiciales de diversa naturaleza. Pero además se intentará revertir sentencias ya emitidas que contra viento y marea han protegido los derechos humanos en general, los derechos de los pueblos y, sobre todo, el derecho a defender derechos.
No es un secreto que el designado desde la oprobiosa Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Molina Barreto, ha sido un hábil y tenebroso operador de las estructuras criminales que han secuestrado el sistema estatal. Tampoco lo es que la nombrada por el Congreso, Dina Ochoa, magistrada al igual que Molina Barreto, ha sido fiel representante de intereses corruptos y en pro de la impunidad. La novel magistrada Leyla Lemus, escogida por el Ejecutivo, también llega con una mochila de atributos no precisamente de decencia. En tanto, el CANG no se ha quedado atrás y en la segunda vuelta de la elección, realizada el 5 de marzo, le dio la titularidad de la CC a Néster Vásquez Pimentel, actual magistrado de la infame CSJ conocido por perseguir ilegalmente a defensores de derechos humanos.
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Las suplencias de estos titulares amplifican el espectro de respaldo desde la CC al proyecto de convertir a Guatemala en un estado mafioso, estructurado para servir al crimen organizado del narcotráfico, de la trata de personas, del robo de recursos estatales, de la apropiación ilegal de tierras comunales, de la explotación irracional de recursos naturales y del lavado de dinero, entre otros. No olvidemos que el asalto a la CC se concreta desde el proyecto de cancelación de la democracia: un proyecto engendrado por esas élites a las que el asistente especial de Joe Biden y director del Consejo de Seguridad Nacional (CNS, por sus siglas en inglés), Juan González, denominó depredadoras.
El control de la administración de justicia no es un simple capricho de orden político o de naturaleza ideológica. No es un conflicto entre izquierdas y derechas (sin menoscabo de que la derecha ha sido la artífice de la destrucción de la decencia y de la democracia en Guatemala). El control que se busca por medio del asalto al sistema es garantizar la continuidad de la acumulación de capitales y de riqueza a costa del despojo sostenido incluso de derechos universales. Para ello se han pintado las élites depredadoras de la oligarquía tradicional, del podrido sistema de partidos políticos y de sus cacicazgos civiles o militares, así como los millonarios emergentes cuyo capital se vincula al narcotráfico, al contrabando y a la trata de personas. Estas élites se aprovechan del poroso sistema bancario nacional para legalizar sus recursos ilegalmente adquiridos, así como del control que tienen en el ejercicio del poder para asaltar la institucionalidad democrática.
Estamos a las puertas de que el crimen, luciendo toga de magistratura, llene de podredumbre las resoluciones de orden constitucional y convierta la Carta Magna en poco menos que papel sanitario. La legalidad, el Estado de derecho y el respeto a la institucionalidad democrática están en grave peligro al quedar en manos de una CC que se anuncia al servicio de la corrupción, del crimen y de la impunidad.
La única figura digna en ese estercolero ha de ser la magistrada Gloria Porras, si es que no sabotean su juramentación. Digna defensora del Estado de derecho, será una voz en solitario que necesitará de todo el respaldo ciudadano para defender lo poco que aún podría quedarle de vida a la democracia.
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