Mientras llega ese momento, los actores contrarios a la justicia buscan demorar todos los procesos judiciales y las posibles reformas al sistema para esperar dos cambios: un nuevo fiscal general y un nuevo comisionado de la Cicig. Incluso, aspiran a que la Cicig desaparezca del todo, de tal manera que la persecución penal deje de tener ese incómodo elemento internacional.
A favor de los enemigos de la justicia opera ahora la geopolítica, justo su principal problema en el 2015. El gran actor crítico de esa coyuntura fue el Gobierno de los Estados Unidos, el cual en ese momento alineó todos sus diferentes intereses y agencias gubernamentales en torno a la idea de eliminar la corrupción y la impunidad. Según esa lectura de inteligencia, el débil Estado de derecho era la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos y, por lo tanto, no se podía tolerar el liderazgo de aquellos que perpetuaban dicha debilidad a través de un sistema de aduanas corrupto y de un sistema de justicia garante de la impunidad.
Hoy la posición de Estados Unidos es muy diferente. A la administración Trump no le interesa garantizar su seguridad desde afuera, sino desde adentro. Quiere acabar con los problemas de migración ilegal en su territorio, sellar la frontera sur y tratar como amenaza potencial todos los flujos de personas y mercancías provenientes del sur del río Bravo. No hay aliados ni amigos en América Latina. Todos somos una gran amenaza.
No es que Estados Unidos favorezca a las fuerzas proimpunidad de países como Guatemala: es que no le interesa lo que suceda en Guatemala, siempre y cuando no amenace a los Estados Unidos de manera directa. Su modalidad de intervención es reactiva, no preventiva. No va a intervenir en Guatemala ni en ningún país para decirles qué hacer, sino para evitar que realicen acciones peligrosas para Estados Unidos. Lo más peligroso es que promuevan la migración y el narcotráfico de manera directa y clara. Quien no haga eso está en terreno seguro.
Anulado el rol de Estados Unidos como garante final de la lucha contra la impunidad, las fuerzas pro-statu quo locales dependen de su fuerza para imponer su voluntad política. Por eso pueden eliminar al ministro de Gobernación de un plumazo sin mayores problemas. Por eso pueden elegir dos veces casi a la misma junta directiva del Congreso sin problemas (tienen 90 diputados y eso les garantiza la mayoría en el Legislativo en cualquier escenario). Por eso podrán definir con bastante libertad quién será el próximo fiscal general y quiénes serán los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso también podrán definir qué reglas quedan establecidas en las reformas a la Ley Electoral que regirán los comicios del 2019.
Aún así, las fuerzas políticas proimpunidad y procorrupción tienen un enorme obstáculo de cara al escenario electoral del 2019: la mayor parte de los ciudadanos no las respalda. Entre más éxito tienen en su estrategia, mayor claridad tiene la ciudadanía de que son unos impresentables y de que gobiernan para ellos mismos, y no para el país. Lo que ha sucedido del 2015 a la fecha es una paulatina toma de conciencia de los ciudadanos de que los grupos tradicionales que han ejercido el poder lo han hecho para servirse ellos con cuchara grande, y no para servir al bien común.
Por más que los enemigos de la lucha contra la corrupción han procurado enmarcar el debate como una batalla entre derecha e izquierda, la ciudadanía mayoritariamente lo lee como una confrontación entre corruptos que velan por sus intereses y un pueblo que está cansado de tanto robo y tantos privilegios. El pueblo quiere justicia, quiere honestidad y honor en los funcionarios públicos, y quiere gobierno para todos, y no solo para unos pocos.
La elección de la junta directiva del Congreso, la remoción del ministro de Gobernación y los ataques recurrentes del Gobierno a la Cicig solo le agregan más rayas al tigre. Cada defensa en pro de la impunidad es leída por el pueblo como una demostración más de la bajeza moral de los grupos dominantes. Y si a eso se le suman los ingresos y gastos injustificados del presidente, la percepción del pueblo se mueve a niveles aún más negativos.
La ciudadanía no se engaña. El pueblo de Guatemala lo tiene cada vez más claro. En el 2019 habrá que barrer con este sistema de gobierno para unos pocos y sentar las bases de una verdadera democracia, donde el Gobierno sirva al pueblo y no se sirva de él. La justicia y el pueblo son los dos grandes aliados para el 2019.
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