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La Junta Monetaria y el dominio empresarial

“Hay que aclarar que tanto el Ministro como yo hemos sido empresarios, no significa que vayamos a defender intereses sectoriales o a buscar ventajas para la iniciativa privada. Ahora somos patriotas que velamos por los intereses de todo el país”, manifiesta el diputado.
Los puestos del ministro de Economía De la Torre dentro del Cacif incluyen haber sido negociador ante el Gobierno en temas como el pacto fiscal, la ley de Cooperativas y la ley del Registro de Información Catastral (Ric), además de asesorías.
Tradicionalmente la Junta Monetaria ha estado dominada por el sector privado organizado, representado por el CACIf
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La Junta Monetaria y el dominio empresarial

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El diputado oficialista Pedro Muadi pretende postularse como representante del Congreso en la Junta Monetaria. Aspira a ser su suplente Emmanuel Seidner, también diputado patriotista y exintegrante de la Asociación General de Exportadores (Agexport). Si Muadi logra ser electo, cuatro de los ocho miembros de la autoridad máxima del Banguat habrán trabajado para las patronales. Nada nuevo.

Redes-lateral

En El pecado original del sistema financiero guatemalteco, una colección de artículos en los que examina los vicios del régimen financiero nacional, el economista y politólogo del Central American Business Intelligence Carlos Mendoza expresa: “En Guatemala se diseñó un sistema de Junta Monetaria (JM) de tipo corporativista”, un sistema en el que, “se supone”, están representados los diversos sectores de la sociedad, especialmente aquellos que tienen más que ganar o perder con las políticas monetarias.

“Sin embargo, en la práctica”, escribe Mendoza, “la Junta Monetaria únicamente dio voz, y voto, a un sector directamente afectado por sus decisiones: al sector privado organizado, en especial al sector bancario. Todos los demás sectores han sido excluidos. Por ejemplo, los usuarios del sistema financiero”.

“Quien ha dominado la Junta Monetaria no es el sector público, aunque cuente formalmente con más votos, sino el sector privado, por medio de sus dos representantes y gracias a la cooptación de los supuestos tecnócratas”, agrega Mendoza en referencia a la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y, en muchos casos, los ministros de Estado, “especialmente cuando se trata de gobiernos proempresariales”.

El argumento de Mendoza hace referencia a tendencias históricas en el manejo de la política monetaria, pero se refleja de nuevo en la actualidad y es un fenómeno que amenaza con extenderse.

La Junta Monetaria es la autoridad máxima del Banco de Guatemala, que es quien vigila la circulación del dinero y la deuda pública. Sus decisiones determinan condiciones en aspectos como las tasas de interés que se manejan en el sistema bancario del país y el tipo de cambio, ambos de gran importancia para la economía y el último, sobre todo, motivo tradicional de agrias disputas entre importadores y exportadores.

Aunque es la responsable de determinar la política monetaria, no son sólo funcionarios estatales quienes la integran. La preside el jefe del Banguat, cuenta con un delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, otro del Congreso y participan también los titulares de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), Economía (Mineco) y Finanzas Públicas (Minfin). Pero además cuenta con la presencia de un representante de la banca privada y uno del sector empresarial organizado.

La manera en que se conforma la JM es una disposición constitucional. La representación de “las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura”, la ha ejercido siempre el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y la única ocasión, en 2008, en que se había designado la representación de las cooperativas, una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) resultó en que éstas no podían ser quienes enviaran a sus delegados, a pesar de las críticas.

Los representantes del Congreso

Aunque la representación de este comité se limita a un titular y un suplente, los vínculos con este grupo gremial alcanzan a algunos de los otros integrantes, y el número podría incrementarse si se concreta la intención que ha dejado saber dentro del bloque oficialista de enviar a dos de sus integrantes como titular y suplente en representación del Congreso.

El delegado del Congreso en este momento es Luis Fernando Pérez Martínez, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), designado durante la legislatura de 2004 a 2008. Sin embargo, durante las últimas semanas se habló de la posibilidad de que fuera Pedro Muadi, diputado del Partido Patriota (PP) y extesorero de la Cámara de la Industria, quien pudiera llegar a ese puesto.

En el caso del Congreso, no hay un plazo establecido para designar a su nuevo representante –que no necesariamente debe ser un diputado–, pero si la mayoría en el pleno lo decide, el cambio se lleva a cabo.

Muadi no considera que su pasado como miembro del grupo empresarial represente algún problema para optar al cargo, ya que el haber sido empresario no implica que como representante del Congreso y del PP no vaya a buscar lo mejor para el país.

Sin embargo, la percepción de Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exviceministro de Finanzas, es que esto representa un fortalecimiento del poder del sector privado dentro de la JM.

La información originada en la bancada del PP apunta a Emmanuel Seidner, también diputado oficialista y exintegrante de la Asociación General de Exportadores (Agexport), como posible suplente de Muadi en la Junta.

Aunque hay voces que disienten de la posibilidad de que los diputados vayan a plegarse a las decisiones gremiales en lugar de representar a su partido (El diputado unionista y actual suplente en la JM, José Alejandro Arévalo, expresa: “No me atrevería a asegurar que van a representar a algún sector, pero sí al partido oficial”) lo cierto es que la patronal ha hecho siempre todo lo posible por colocar en esos puestos cuadros no sólo afines, sino a menudo propios. Por eso, la voluntariedad de Muadi y Seidner cosecha recelos.

No obstante, de momento parece que su postulación no es decisión tomada y según un diputado oficialista del Distrito Central, el mismo presidente Otto Pérez Molina ha insistido en que aún no es el momento de pensar en la Junta Monetaria. El congresista indica que esto es lógico pues es muy difícil que se consigan los 80 votos si no se coloca, al menos como suplente, a algún miembro de la oposición. “Si tuviéramos el apoyo, ya lo habríamos metido en la agenda”, sentencia el legislador.

Muadi coincide en que no se tiene todavía el apoyo suficiente. Según explica, hasta el momento no hay un designado oficial y la posibilidad de que sea él el elegido sólo ha quedado en pláticas a nivel interno.

También del Ejecutivo

En el caso de los miembros del Gobierno que están en la JM, también se pueden establecer ciertos vínculos, algunos más estrechos que otros.

Por ejemplo, en las pasadas elecciones, Efraín Medina, Ministro de Agricultura, fue el candidato a la vicepresidencia por Visión con Valores (Viva), un partido identificado por su visión empresarial. No obstante, antes de ello, el aspecto más destacado de su trayectoria política era haber ocupado el puesto de Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En el caso del Mineco, sin embargo, la relación parece ser más estrecha. Sergio de la Torre, actual titular de la Cartera, ya formaba parte de la JM antes de que fuera nombrado por el Presidente como parte del Ejecutivo, pues era el representante del Cacif.

Tras su designación como ministro, abandonó el puesto que le quedó a Luis Fernando Lara.

“Hay que aclarar que tanto el Ministro como yo hemos sido empresarios –manifiesta Muadi–, pero eso no significa que vayamos a defender intereses sectoriales o a buscar ventajas para la iniciativa privada. Ahora somos patriotas que velamos por los intereses de todo el país”.

Los puestos de De la Torre dentro del Cacif incluyen haber sido negociador ante el Gobierno en temas como el pacto fiscal, la Ley de Cooperativas y la Ley del Registro de Información Catastral (Ric), además de asesorías.

El resultado que se vería con la designación de Muadi y Seidner, como se había mencionado, dejaría una JM con cinco de sus ocho integrantes, vinculados directamente al sector empresarial organizado.

En su estudio, Mendoza expone que a pesar de las críticas sobre la intervención de los gobiernos de turno en las decisiones de la JM, es el sector privado el que más interviene en la regulación de los mercados, pero que las regulaciones legales mantienen al Banguat “con las manos atadas”.

“Ahora que se habla de reformas constitucionales, se podría revisar esta situación en la que el sector empresarial es juez y parte”, concluye Barreda.

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