Tradicionalmente, el principal controlador y fiscalizador de la actividad del Ejecutivo ha sido el Legislativo. La función de control y fiscalización implica la vigilancia de que el ejercicio de poder del Organismo Ejecutivo se mantenga apegado a la ley, así como el seguimiento al cumplimiento de todos aquellos compromisos que se asumen. Para realizar esta función con mayor eficiencia, la Constitución Política de la República establece una serie de mecanismos que las y los diputados pueden utilizar para el efecto.
La experiencia de los últimos años evidencia que en el desarrollo de esta función, el Congreso guatemalteco muestra deficiencias importantes. Aunque se cuente con instrumentos y herramientas técnicas y jurídicas, en la práctica, la labor de fiscalización que realiza el Congreso de la República tiene un carácter eminentemente político, ya que por lo general no responde a criterios técnicos de largo plazo, ni a un plan orgánico común.
El énfasis de la función de control del Legislativo se encuentra en la interpelación ante el Pleno de ministros y citación a diversos funcionarios a nivel de comisiones y bancadas. Según el artículo 166 constitucional, las interpelaciones son instrumentos que permiten informar, verificar, debatir y orientar los posicionamientos de los Ministros de Estado frente a temas específicos, como las leyes o negociaciones sobre las cuales estén trabajando.
Sin embargo, hoy por hoy, la interpelación refleja “los pulsos” de coyuntura entre los Organismos Legislativo y Ejecutivo y al interno del Congreso mismo. En este sentido, la interpelación se ha desnaturalizado, convirtiéndose en un “circo político”, más que en un acto de control real.
Si bien es cierto que se citan e interpelan a varios funcionarios de gobierno, lo cual es positivo, tanto las interpelaciones como las citaciones, en la mayoría de los casos son superficiales y de índole política y no van al fondo de la problemática. Por lo que el control del Legislativo hacia el Ejecutivo podría calificarse de muy intenso, pero de poca calidad.
No solamente es necesario y urgente revisar la legislación en materia de control político, específicamente en relación a las interpelaciones, para que se establezcan mecanismos que permitan que esta función tan importante se realice con toda la seriedad del caso, pero además es fundamental que la clase política avance y se modernice, o mejor aún, trasladen la estafeta a nuevos liderazgos conscientes y comprometidos con el país y no con sus intereses particulares, como lo vemos hoy por hoy.
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