En sociedades post conflicto como la nuestra es evidente que el acomodo de las distintas fuerzas políticas resulta complicado y difícil. Sin embargo, es necesario dejar claro que los grupos con los que supuestamente la pareja gobernante ha entrado en conflicto pertenecen a su misma orientación ideológica y visión de país, estando en discusión simplemente la manera y a qué grupo económico dominante se le satisfacen sus intereses. Es más, los diputados más ausentes en las escasas sesiones parlamentarias y reuniones de comisiones son, precisamente, los que ellos mismos escogieron para ocupar curules cuando se disputaron las elecciones en las que por cierto apenas obtuvieron 36% del total de los votos.
El Presidente y su co-presidenta han argumentado que cuando los ministros asisten a las citaciones, los diputados les piden beneficios. Sin embargo ¿hemos conocido acaso quejas de esos ministros al respecto? Y si tales prácticas existen, ¿por qué no se han hecho las denuncias respectivas ante los organismos correspondientes, en lugar de paralizar el funcionamiento del Congreso?
La citación a los ministros fue práctica recurrente del ahora grupo gobernante cuando oposición, llegando su lideresa a decir que si “x” o “y” ministro “tenía pantalones” debería asistir a ofrecerle aclaraciones. ¿Es que acaso sus ministros carecen ahora de lo que ella exigía cuando demandaba esas comparecencias? Y dejando los pantalones y faldas de lado, ¿cuántas denuncias por intento de cohecho ha presentado la pareja gobernante contra algún diputado? No hemos sabido, tampoco, que los diputados del partido oficial hayan salido en defensa de uno de sus ministros cuando han sido citados en alguna comisión legislativa.
Los comentarios y filtraciones sobre sobornos a los diputados es permantente, no obstante ninguna autoridad ha presentado denuncia legal al respecto. Sin embargo, cuando el Ejecutivo ha querido aprobar alguna ley, en general en beneficio de algún grupo económico, los supuestos radicales opositores actuan cual borregos y, sin chistar, aprueban las iniciativas redactadas fuera del Hemiciclo.
Evidentemente, el Presidente y la co-presidenta al dar esa orden sabían que el Artículo 168 de la Constitución de la República, en extenso dice: “Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos. No obstante, en todo caso podrán asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su competencia. Podrá hacerse representar por los Viceministros. Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste o sus comisiones lo consideren necesario”. De esa cuenta, si bien el ministro puede hacerse representar, esto es para el caso de que quiera opinar sobre “materias de su competencia” ya que el último párrafo es claro y taxativo respecto a la obligación de los empleados públicos de informar al Congreso, sus comisiones o bloques cuando les sea solicitado, no existiendo la salvedad de que puedan hacerlo por interpósita persona.
La Constitución de la República, a pesar de sus grandes errores y defectos, es más que clara en la separación de los poderes del Estado y la preeminencia del Congreso como su principal autoridad, punto nodal, además, para la construcción de una democracia.
De esa cuenta, si bien el ex militar que por ahora ejerce la Presidencia dice estar actuando de acuerdo con la Ley y, como están las cosas, muy probablemente la tripleta de magistrados de la CC que permanentemente le han favorecido le darán también en este caso la razón, obviando la claridad con la que el Artículo 168 constitucional se expresa, los riesgos en que se está poniendo a la democracia tampoco le son ajenos, por lo que si no se corrige este equivocado proceder, en Guatemala ésta será simplemente el nombre de municipios de Escuintla y Huehuetenango, sin que tenga ya ningún sentido político ni social. De cómo la sociedad se comporte y de cómo los otros poderes actúen dependerá, pues, que nos evitemos un claro y evidente golpe de Estado técnico e intentemos, o no, comenzar a construir democracia.
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