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La impunidad y la narrativa conservadora posconflicto
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La impunidad y la narrativa conservadora posconflicto

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Algunos diputados han decidido impulsar una iniciativa de ley cuyo propósito es garantizar impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

Claramente se trata de una propuesta enmarcada en la estrategia de disminuir las capacidades de persecución penal de la Fiscalía en todos los frentes posibles, así como de provocar alineamientos ideológicos en razón de lo acontecido durante las tres décadas de brutalidad y violencia política armada que vivimos en el siglo XX.

Desde el 2016 se ha venido construyendo una narrativa para enfrentar la lucha por la justicia y contra la corrupción en los términos políticos en que se planteó nuestro conflicto interno de más de 30 años. Esencialmente, se dice que la lucha por la justicia es otra estrategia de la izquierda para procurar alcanzar el poder luego de su fracaso tanto a nivel armado como a través de elecciones democráticas. La narrativa define a la Cicig y a la Fiscalía como las cabezas de punta de ese esfuerzo izquierdista que en el actual contexto significa hacer avanzar el socialismo del siglo XXI tipo Venezuela. En el extremo del delirio, el discurso define que Iván Velázquez y Thelma Aldana vendrían a ser una suerte de chavistas que buscan a toda costa alinear a Guatemala con la izquierda latinoamericana.

 «Ahora todo tiene sentido», dicen y se repiten a sí mismos quienes, convencidos, abrazan esas ideas como mantras. Por eso «la justicia es selectiva», lo cual quiere decir que solo persigue a aquellos valientes que se han opuesto al avance del comunismo en Guatemala. Iván Velázquez fue el verdugo del uribismo y de su conexión con los paramilitares en Colombia, y eso equivale a apoyar a las FARC y a otras expresiones de la izquierda del hermano país sudamericano. Velásquez, por lo tanto, trajo a Guatemala su izquierdismo antiuribista para seguir la batalla continental a favor del socialismo del siglo XXI.

La narrativa se completa con la lectura de que existe una comunidad internacional que articula esfuerzos izquierdistas contra la minería y las hidroeléctricas. Así, todo queda enlazado y estrechamente conectado: los comunistas guatemaltecos nostálgicos del conflicto armado, el socialismo del siglo XXI, la justicia selectiva, la comunidad internacional amiga de los comunistas antiminería y antihidroeléctricas, la Cicig y el MP. No es una lucha por la justicia y contra la corrupción, sino a favor del comunismo y de la subversión izquierdista, que ahora buscan el poder vía golpes de Estado orquestados por la Cicig, la Fiscalía y las cortes.

Uno de los problemas para la narrativa conservadora anticomunista es el papel de Estados Unidos. El hecho de que Washington haya dado —y continúe dando— un apoyo inequívoco a la Cicig y al MP genera fisuras y contradicciones en el discurso reaccionario. Finalmente se han decantado por una explicación clásica de la guerra fría: también en Estados Unidos hay socialistas y comunistas, como el expresidente Obama y otros infiltrados en el Congreso de aquel país, en el Departamento de Estado e incluso en la Casa Blanca. Esos comunistas disfrazados de ciudadanos estadounidenses se articulan con redes internacionales como la del filántropo George Soros, lo cual tiene sentido porque eso es lo que viene diciendo la llamada alt-right (derecha extremista) estadounidense desde hace años.

Al final queda claro que ser anticomunista durante el conflicto armado y oponerse a las estrategias subversivas actuales disfrazadas de lucha por la justicia son solo dos caras de una misma moneda ideológica. Por eso tiene sentido la iniciativa de los diputados a favor de la impunidad para crímenes de lesa humanidad, la cual quita dientes no a la justicia, sino a los subversivos de hoy.

La mayor parte de la ciudadanía guatemalteca y de los medios de comunicación independientes están claros en que la lucha por la justicia y contra la corrupción no es la continuación de lo vivido en el siglo XX. Sin embargo, el discurso posconflicto de la derecha extrema es muy creíble para la élite económica capitalina (que incluye a un segmento muy influyente y poderoso del sector privado), así como para los exmilitares y exparamilitares que aún viven la guerra como si nunca hubiera acabado.

La narrativa anticomunista tipo guerra fría es el último refugio de las fuerzas conservadoras. Definir a su enemigo como el comunismo los coloca en una posición moralmente cómoda y políticamente clara. No apoyan la corrupción ni la impunidad, sino que defienden al país de la subversión izquierdista, que hoy actúa disfrazada a través de la Cicig y el MP.

La debilidad política de este discurso delirante y retrógrado es patente en las ciudades y en las comunidades rurales de todo el país. El pueblo está contra la corrupción y a favor de la Cicig y el MP, y no se pierde con los cantos de sirena del discurso ultraconservador. Para la mayor parte de los guatemaltecos, Iván Velásquez y Thelma Aldana son héroes de la lucha contra la corrupción, no guerrilleros chavistas disfrazados.

Conscientes de esa situación y del riesgo político que implica, las fuerzas proimpunidad se mueven rápidamente para montar un andamiaje legal que debilite la persecución penal antes de que sea demasiado tarde. El objetivo es claro: no importa a quién se elija como fiscal general el próximo año, sino que sea lo más débil posible en cuanto a instrumentos legales a su disposición. Una Fiscalía sin dientes es el gran propósito que se espera alcanzar en el 2018.

Así las cosas, el discurso anticomunista posconflicto y la defensa de la corrupción seguirán caminando de la mano hasta el día en que sean derrotados políticamente. Ese día no está lejano, pues la ciudadanía tiene clara la película: luchar por la justicia y contra la impunidad es el camino que debe seguir Guatemala en el siglo XXI.

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