La importancia de las escaramuzas previas

El miércoles, tras una visita de media docena de dirigentes de la UNE al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro de Ciudadanos, dirigido por Miguel Solís, notificó a los oficialistas que se había resuelto no inscribir a Torres. La candidata, se alegaba en el dictamen, cometió fraude de ley y violó la Constitución al divorciarse del presidente Álvaro Colom para poder competir en las elecciones.

El partido de Gobierno presentó ayer un recurso de nulidad contra el fallo, que tendrá que ser evaluado por los magistrados del TSE. El argumento es, en esencia, que el Registro se excedió en sus competencias: no es función del registrador juzgar si un candidato ha violado ley alguna, mucho menos la Constitución; sólo verificar si los expedientes están completos. Los magistrados tienen tres días para resolverlo. El plazo vence el domingo, dado que una vez comenzado el proceso de elecciones, la Ley Electoral declara que todos los días son hábiles.

Decidan lo que decidan los magistrados, es seguro que la batalla legal agotará todas las instancias y sólo concluirá, como ocurrió con Ríos Montt en 2003, en la CC. La UNE no piensa cejar en su empeño de inscribir a Torres y la oposición se niega a permitirlo. El Partido Patriota, el principal grupo opositor y líder en intención de voto, incluso ha anunciado tener listo un arsenal de más de cuarenta recursos para impedirlo.

Sin embargo, lo que suceda antes de la resolución final de la CC no es algo baladí, un simple trámite. La política –y la política judicializada también– es en buena medida un asunto de legitimidad. Los estrategas del partido oficial son conscientes de que carecer de fallos favorables antes de llegar a la última instancia les pondría en grandes dificultades. La oposición sabe que un fallo que autorice la inscripción le abriría caminos a la candidatura de Torres. Sería muy improbable, afirma el analista Fernando Carrera, que la CC fallara a favor de la UNE si existen tres dictámenes previos en contra: el del Registro, el del pleno del TSE, y el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por eso, subraya, “la oposición va a hacer de todo para que el TSE ratifique el fallo del registrador.”

Pensaron que era el final, pero no

Originalmente, algunos interpretaron el fallo del Registrador como la estocada definitiva a la candidatura de Sandra Torres y en redes sociales como Facebook y Twitter muchos celebraban con algarabía y hacían cábalas sobre cómo afectaría esto a los resultados de las encuestas. Se barajaba la posibilidad de que, aun si apelaba a instancias superiores, no tendría el tiempo necesario para llegar puntual a una fecha que se suponía fatídica para ella: el 12 de julio. Ese día se cierra el plazo para presentar la solicitud de inscripciones. Sin embargo, según han asegurado en estos días juristas como Alejandro Balsells, el vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución y contrario a la inscripción de la candidata oficialista, ese límite parece no afectar a Torres. Lo que está pendiente es su inscripción, pero su solicitud se presentó a tiempo.

La restricción pudiera constituirse en un problema si la coalición UNE-GANA pretendiera cambiar de candidato. Pero de momento, el equipo de campaña no se plantea seguir esa línea. Jairo Flores, el jefe, ha reiterado que Sandra Torres es el plan A, el B, el C y así hasta la Z. Según Orlando Blanco, estratega oficialista, aunque ambos partidos convocaron nuevas asambleas para el próximo 7 de julio, lo más probable es que sólo sirvan para nombrar nuevos candidatos a alcalde que sustituyan a aquellos que dispongan de sus finiquitos. Ni siquiera se sopesa la idea de cederle a Torres el primer lugar del listado nacional.

De momento, nadie ha mencionado otro horizonte temporal para las aspiraciones de Torres y el que manejaba hasta ayer su equipo de campaña era el obvio: el 11 de septiembre, día de los comicios.

Política, jurisprudencia, plata

Antes de esa fecha, el litigio pasará por el Tribunal Supremo Electoral, llegará a la Corte Suprema de Justicia y desembocará, según prevén las agrupaciones políticas, en la Corte de Constitucionalidad.

Todo este proceso se está interpretando de dos maneras: como un asunto que se resolverá de acuerdo con la ley, o como un problema cuyo resultado dependerá de la correlación de fuerzas políticas, y del flujo de dinero.

Si prevalece la vertiente jurídica, tocará dilucidar si Torres incurrió en un fraude de ley al divorciarse para vadear un controvertido artículo constitucional que prohíbe la candidatura presidencial de los parientes cercanos del Presidente. Como ella misma reconoció que su separación de Álvaro Colom respondía a motivos electorales más que afectivos, en la UNE se sopesa argumentar que el espíritu de la norma de que tipifica el fraude de ley es evitar infracciones graves en materia penal o civil; no tanto las electorales.

Si prevalece la política, el resultado dependerá más de las correlaciones de fuerza que de los argumentos legales, aunque, como señala Carrera, finalmente todo fallo será vestido con justificaciones jurídicas.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido que decidir dos veces sobre asuntos relacionados con la coalición UNE-GANA. En ambas ocasiones se resolvió a favor de los oficialistas, una vez con tres votos de cinco posibles, y otra con cuatro de cinco. Ayer mismo José Rodolfo Pérez Lara, un magistrado suplente del TSE, acusó a cuatro de los cinco magistrados de dejar pasar las actas de la asamblea de la GANA como pago de compromisos con la colación oficialista, según él a todas luces incompletas, para beneficiar la candidatura de Sandra Torres. En ambas votaciones María Eugenia Villagrán de León, que preside el tribunal, se opuso a las aspiraciones de Torres.

La fuerza de las distintas fuerzas

Más que las declaraciones de Pérez Lara, lo que hace pensar que el fallo del pleno favorecerá los deseos del partido de Gobierno son las votaciones anteriores. Tanto el analista político Gustavo Berganza como Fernando Carrera coinciden en que la correlación de fuerzas del TSE parece del lado de la UNE, y Carrera añade que si el dinero corre, correrá tanto por parte de los oficialistas como de la oposición.

En la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad las cosas están menos claras y Carrera no se atreve a aventurar de qué lado se inclinará la primera aunque piensa que la segunda será ventajosa para Torres. Según Berganza, entre los magistrados titulares de la CSJ siete parecen beneficiar las intenciones de la UNE, mientras seis parecieran en contra. La duda es si sólo participarán en el fallo los titulares o si, como se investigaba ayer en las filas oficiales, dos magistrados suplentes participarán también en el debate.

Igual que ha ocurrido hasta ahora, los días en que se emita cada fallo serán momentos de gran tensión política y de presión a las instituciones.

¿Jueves Negro o fantasmas?

Mientras algunos sectores alimentan la idea de que se avecina una especie de Jueves Negro, una actividad en la que el Frente Republicano Guatemalteco atrajo a una marabunta de seguidores a la capital y los utilizó con la intención de presionar y atemorizar a grupos de la población que consideraba entre sus opositores (medios de comunicación, áreas acaudaladas de la capital), la UNE se esfuerza infructuosamente por desterrar esa idea.

Mientras algunos de sus dirigentes han reiterado que no caerán en un error así y que su batalla, convencidos como aseguran estar de tener la razón, se canalizará por la vía legal, otros, entre los que se encuentra el vicepresidenciable Roberto Díaz-Durán, aseguran que no se renuncia a presionar con protestas y manifestaciones.

El analista Fernando Carrera cree que quienes ondean la bandera del Jueves Negro están tratando de hacer creer a la gente en el fantasma famoso de que Sandra es Chávez, pero le parece que la UNE no tiene esa modalidad de operación, aunque dispone de otra mucho más efectiva: “si logran convencer a las élites de que Otto es el cuco pueden levantar una huelga general y paralizar el país”. Barreda también lo ha dicho: “No tenemos prevista ninguna movilización. Pero eso no quiere decir que no vayamos a ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Y lo podemos ejercer en su momento. De manera adecuada, pacífica. Ya lo hicimos en momentos políticos serios como la crisis Rosenberg”.

En las próximas semanas se verá si el proceso se centra en los aspectos jurídicos o si se decide por motivaciones políticas, o por presión popular. O como sostiene Carrera, “por plata”: “Los empresarios dicen desde hace tres meses que la jugada está definida. Pero la UNE parece tener la correlación política a favor”.