La imagen internacional de Guatemala y la libertad sindical

Estas muertes no pasan desapercibidas entre los muchos crímenes violentos que suceden día a día, pero ciertamente se pierden en el conjunto de lo que va siendo ya una interminable crisis de seguridad pública. Sin duda alguna, estos delitos cumplen la función de crear un ambiente de terror para cualquiera que pretenda ejercer los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.

Los gobiernos de Guatemala, a partir de 1996, han mostrado poco interés –por decir lo menos– en la investigación de estos casos, perjudicando la imagen internacional del país,  que ha sido golpeada continuamente por los informes de organismos internacionales, centrales sindicales globales y nacionales, así como los grupos de derechos humanos, que señalan  que la impunidad más absoluta caracteriza este tema.

Como consecuencia de años de desatención, Guatemala resultó ser el primer país demandado por incumplimiento de estándares laborales en el marco de un Tratado de Libre Comercio, así como objeto de un Párrafo especial en el informe 2011 de la Conferencia Internacional de Normas de la OIT, que la puso a la altura de regímenes dictatoriales que han hecho uso generalizado del trabajo forzado, como Myanmar o Bielorrusia. Y dado que las cosas siempre pueden empeorar, la semana entrante, en Ginebra, la OIT podría decidir someter al país a una Comisión de encuesta, una sanción extraordinaria, aplicada solamente en once ocasiones durante la historia de la OIT. El país pasaría a formar parte de un “exclusivo” salón de la fama, compartiendo honores con la Rumania de Ceausescu.

¿Cómo se ha llegado a este extremo?, no deja de causar asombro que la respuesta más fácil es buscar un chivo expiatorio, y  culpar al movimiento sindical.  Total, a las víctimas siempre se las puede culpar de victimizarse, como las mujeres violadas que usaban minifalda, los monaguillos, que según un arzobispo español, provocaban el abuso, o  las comunidades indígenas que apoyaban guerrilleros.

En esta teoría conspiratoria, el sindicalismo, y especialmente sus líderes, serían quienes tienen montado un sistema de vida a través de perjudicar la imagen del país. Dejando de lado que éste ha sido el fundamento de varias posiciones que resucitan a los “antiguos espíritus del mal” de los años ochenta, hay que reconocer que el mundo de lo laboral parecería haberse detenido en el tiempo, y que en las asociaciones de empleadores y trabajadores en general, no se ha producido una renovación de liderazgos y cambios generacionales.

La investigación de estos casos, y las condenas a los responsables de estas muertes, deben ser adoptados como una prioridad por el Sistema de Justicia, para garantizar que existe la voluntad de no permitir que esto siga sucediendo dentro de un régimen democrático. Algo de esto parecería haber sucedido, si se atiende al informe 2012 de la OIT sobre libertad sindical, que señala que se habrían producido avances importantes en la investigación de varios casos.

Adicionalmente, es necesario destacar que en este ámbito, existe una marcada deficiencia en la calidad de la defensa de los funcionarios encargados de representar a Guatemala, especialmente en el ámbito de la OIT. Por ejemplo, el constante incumplimiento de las peticiones de información  solicitada por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones, ente que controla el cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo, por parte de la OIT, se puede atribuir a la falta de atención al detalle en aspectos logísticos, como no enviar a la Comisión, durante varios años, copias de las encuestas nacionales de empleo e ingresos, memorias de labores, y otros documentos que se pueden encontrar impresos y apilados en varias dependencias estatales.

A esto debe sumarse, que al parecer, en la institucionalidad pública, la falta de coordinación  hace imposible contestar qué leyes se encuentran vigentes, qué disposiciones han sido reformadas, o qué espacios de coordinación interinstitucional funcionan de manera continua. Un ejemplo lo constituye la tasa de afiliación sindical. La OIT ha solicitado a Guatemala esta cifra durante los últimos diez años –reiterando esta petición en su último informe, correspondiente a 2012. Nadie en la institucionalidad, ha atendido esta petición, en apariencia, porque no era posible calcularla. La semana pasada, una joven y competente economista de un tanque de pensamiento local, que trabaja sobre una batería de indicadores de trabajo decente, usó la base de datos de la ENEI 2012 para determinar el número de trabajadores que respondieron positivamente a la pregunta de si pertenecen a alguna organización sindical. Dividió esta cifra sobre el número total de ocupados, y lo multiplicó por cien. Resultado: 1.4% de sindicalización, y un mito derrotado.

La prevalencia de problemas como los apuntados refleja una falta de voluntad política. No debería esperarse a una nueva sanción de la OIT, o a la presentación de nuevos casos en DR CAFTA –que ya sucedió–, para empezar una labor de adecuación de los perfiles profesionales de quienes hacen operativa la defensa del país en estos espacios.