Los niños guatemaltecos reciben los peores y más irresponsables servicios educativos a pesar de que el país, como tal, no es una economía depauperada. El inalienable derecho a la educación en el país no es respetado. Si cada día más niños están quedando fuera de las escuelas, estas expulsan a otro gran número de ellos a causa de la precariedad material y la ineficiencia pedagógica.
La formación de maestros no llena las expectativas, ni ahora ni cuando el gobierno del Partido Patriota promovió y aceleró su reforma. Pero la solución impuesta fue más perjudicial que beneficiosa. Imaginándose dueños del poder por décadas, intentaron desvincular al Ministerio de Educación (Mineduc) de toda responsabilidad con la formación de los maestros para, según parece, concentrarse en el usufructo ilegal del erario público. Las consecuencias han sido lamentables, pues van de la reducción de la matrícula de adolescentes en los bachilleratos a la sabatización de la formación por parte de la Universidad de San Carlos (USAC), con lo que la tan anunciada mejoría de la calidad no se percibe, pues se asumió la tarea con más demagogia y oportunismo que con seriedad académica.
Ahora, con la decisión apegada a derecho de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todo vuelve al inicio, pero produciendo un inmenso caos y dificultades para estudiantes y docentes normalistas.
Para imponer su opinión, los funcionarios del gobierno del Partido Patriota evitaron todo diálogo. Además, actuando sin una planificación objetiva y cuidadosa, por vanidad o prepotencia se obcecaron en no tomar las medidas legales que blindaran su autoritaria disposición. Tal vez imaginaban que el poder que ostentaban iba a ser eterno. O que los sucesores de Pérez Molina, dedicándose a negocios turbios e ilegales como él y su cuadrilla, mantendrían sus actuaciones en el limbo legal en que prefirieron dejarlas. Pero lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad respecto a la demanda presentada por los padres de familia de la escuela normal de Chisec en febrero de este año vino a agitar la mesa, de manera que se derrumbó el castillo de naipes con la decisión de la CSJ al amparar a maestros y a padres de familia de otras escuelas normales.
El ministro de Educación dijo en febrero que tomaría las medias pertinentes para resolver el enredo legal heredado, del que en buena medida fue responsable, pues era alto funcionario de la USAC cuando eso sucedió. Sin embargo, llegado noviembre, nada hizo y ahora tiene un problema mucho más complejo.
Regresar a la situación que se tenía en 2012 es imposible, pues está históricamente demostrado que ninguna restauración en lo administrativo y en lo político resulta real, mucho menos eficaz. Mas producir una reforma seria y efectiva parece no estar entre los objetivos y planes del actual gobierno, para el cual lo único que importa es otorgar bonos ilegales a amigos y aliados. Nada de importante y significativo se ha producido en el Gobierno en estos casi dos años de gestión, y la cartera de educación es parte importante de esa ausencia propositiva.
Devolver la formación de maestros a las escuelas normales no será un acto sencillo, si es que finalmente sucede. Las escuelas no solo tendrían que reorganizar la matrícula, sino también, lo más complejo, readecuar, de nuevo, al personal docente, ese que hace cinco años se dijo que era incapaz e ineficiente, pero que en muchos casos resultó contratado por la Facultad de Humanidades de la USAC para sus cursos sabatinos de formación de maestros.
Ante el acto jurídico de la CSJ, el Mineduc tiene ante sí una serie de acciones que implementar en el corto y mediano plazo sin contar con el liderazgo y la eficiencia mínimos que auguren buenos resultados. Al movimiento docente, al de enseñanza media, la decisión lo toma al final del ciclo escolar, cuando las posibilidades de construir una propuesta adecuada y efectiva resultan casi que imposibles.
Todo augura, por lo tanto, que quienes saldrán perdiendo, de nueva cuenta, serán los adolescentes que en algún momento se imaginaron docentes de primaria, con costos elevados e irreversibles para el desarrollo del país.
Tristemente, este caos y sus complicaciones los anunciamos hace cinco años. Ojalá esta vez estemos equivocados.
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