Guatemala ha transitado por muchos procesos que han buscado consolidar la democracia desde 1984 hasta la fecha, por lo que los estudios en la década de los 90 se enfocaron primordialmente en describir los problemas y las fortalezas de la democracia en Guatemala con el fin de visualizar la forma en que debíamos llegar finalmente a la fase de consolidación democrática, aquel estadio político en el que ya no hay posibilidades de regresión autoritaria. El consenso analítico sobre ese período de estudio fue que, pese a los problemas, el sistema político había logrado asentarse de la mano de un conjunto de instituciones que se erigían entonces como los pilares de la transición, tal como se visualiza, por ejemplo, en el informe de desarrollo humano del PNUD en Guatemala, que empieza con esta afirmación:
«La Constitución de 1985, aún vigente, llevó a cabo importantes reformas para promover la participación social y política [y consolidó] la creación de tres instituciones garantes de la democracia: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría [sic] de los Derechos Humanos» (PNUD Guatemala).
Lamentablemente, los acontecimientos que se han desencadenado desde la crisis del 2015 han provocado que en estos cuatro años las tres instituciones hayan entrado en una franca crisis, al punto de que el último de los pilares que sostenían la transición, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es objeto de una sistemática campaña de desprestigio. Empezar a rastrear los intereses que están detrás de esta campaña es el objeto principal de este breve análisis.
Como ya se ha ido identificando mediante muchos otros procesos, la idea del fraude se fue posicionando a lo largo de más de un año a causa de la combinación de una serie de factores que, según se logra ver ahora, no fueron casuales:
[frasepzp1]
- La lucha contra la corrupción, que empezó en el 2015 con el valiente y decidido papel del TSE en el control de la campaña anticipada, aspecto clave que luego favoreció la derrota de Manuel Baldizón.
- La reforma electoral del 2016, que le confirió una serie de funciones adicionales al TSE: la regulación de medios, el control de las finanzas de los partidos y el acompañamiento al Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode).
- La consulta popular de 2018 sobre el tema de Belice, que debilitó enormemente al TSE debido a que limitó el tiempo que el órgano electoral dedicó a prepararse para asumir las funciones de la reforma 2016.
- El acuerdo TSE-Cicig, que fue usado como excusa para empezar a posicionar la idea del fraude.
- Las características atípicas del actual proceso, que provocaron numerosos errores y cuestionamientos adicionales al órgano electoral, los cuales finalizaron con errores de digitalización y favorecieron que la idea del fraude se colara con fuerza.
En la miopía de muchos actores políticos, la idea del fraude se ha traducido incluso en conceptos tan ambiguos como fraude sistémico, que lo que intentan es descalificar toda la idea de la democracia en Guatemala. Con todo esto estamos generando condiciones ideales para que se dé una regresión autoritaria, esta vez por alguna de estas vías alternativas: o el presidente de la república interviene el TSE para promover la defensa de la Constitución, tal como en su momento se insinuó cuando aquel estaba en disputa con la Corte de Constitucionalidad, o se promoverá un proceso de transición que recaería en el Congreso de la República, donde se decidiría en noviembre al nuevo presidente de Guatemala. (Continuará).
Más de este autor