Los sindicados estaban asignados a las estaciones policiales de Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa. De los ocho acusados, cuatro son comisarios, tres oficiales, uno inspector y el otro agente.
El fiscal Francisco Sandoval mencionó que fueron capturados gracias a las escuchas telefónicas, mientras investigaban a una estructura criminal de seis personas que fue detenida en enero de este año por ingresar pipas con gasolina al país fingiendo que llevaban aceite mineral. Luego vendían la gasolina en Guatemala en las gasolineras de Corporación Internacional de Petróleo S.A (Coinpesa).
El MP entregó al tribunal más de 100 documentos y la defensa presentó los suyos, luego de que ambas partes habían acordado, para no atrasar más el proceso, no objetar ninguna prueba.
El MP presentó 11 peritos y siete testigos para probar que Ely Castañeda, José Ángel Vélez, Amílcar Franco, Francisco González, Lorenzo Hurtado, Erick Palacios, Freddy López, José Cruz y Juan Zacarías, protegían a empresarios que, según los fiscales, ingresaron ilegalmente desde El Salvador a Guatemala Q44 millones en combustible.
Los delitos que se les imputan son de obstrucción de la justicia, asociación ilícita y defraudación aduanal.
La defensa dijo que tiene pensado plantear una inconstitucionalidad por la actuación de la CICIG en el caso, a lo que el fiscal rebatió diciendo que la Comisión se había incorporado al proceso porque se vinculaba como responsables de delitos a funcionarios del Estado y una una de las funciones de la CICIG es investigar delitos cometidos por trabajadores públicos.
La próxima audiencia será el 17 de agosto a las nueve de la mañana.
