La espera del joven Chávez

El militar retirado, Héctor López, entró despacio en la sala del penúltimo piso de la torre de tribunales. Lento, arrastrando los pies, cómo caminan los ancianos. Francisco lo miraba impaciente. Ya había esperado 29 años para conocer no sólo al soldado que le tomó del cuello o al que le disparó a quemarropa a su padre o al que lanzó fuego a su casa en la aldea Xoloché, Nebaj. También a quien dio la orden.

Cuando el longevo general retirado pasó a su lado le dijo: “lo odio, lo odio” mientras sus ojos tomaban un color rojo intenso y lloraban. Francisco ya lo había condenado. Allá por los años ochenta López elaboró y autorizó los planes militares que desencadenaron en la destrucción de aldeas en Quiché, de miles de personas, de poblaciones enteras a las que acusaban de apoyar a la guerrilla. Por eso se le juzga. Se juzga si había una relación directa entre lo que él elaboró y autorizó, y lo que sucedió después.

Pero al verlo, Francisco Chávez ya lo había condenado. Un día de diciembre de 1982 un grupo de soldados mató a su padre, se llevó a su madre mientras a él a empujones lo trasladaron a una base militar. De lejos vio cómo los hilos de humo llenaban el cielo. Tenía siete años, fue lo que le duró su familia.

Héctor López, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, fue capturado el pasado viernes en su casa de la zona 17, acusado de delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. La juez del tribunal de alto impacto decidió enviarlo a la cárcel ubicada en el cuartel Mariscal Zavala.

¿Qué representa la captura del general Héctor López? Francisco parece no poner atención a la pregunta y dice: “la verdad, lo odio”. Después reacciona y dice: “Lo que queremos ahora es justicia, no venganza. Yo quedé huérfano.”

¿Qué piensa de las personas que dicen que hay que olvidar todo, que hay que ver hacia el frente, al futuro?

—Quienes dicen eso tal vez son parte de los victimarios. Es igual que este señor. Pero ya se abrió la puerta de la justicia.

El Ministerio Público parece que encontró la llave para esa puerta: identificó 77 casos en los que Héctor López, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa de 1982 a 1983, tendría responsabilidad al autorizar el plan Victoria 82. Además los fiscales tienen en su poder telegramas que informaban a López sobre el avance del plan en comunidades precisas. Hay que aclarar que un avance era la destrucción de aldeas enteras. Fue una tarea de casi tres años identificar a las víctimas. Individualizar, dicen los fiscales. Algo tan importante para que los casos no sean construidos sobre una especie de fango judicial donde se hunden.

Según el fiscal de derechos humanos, Manuel Vásquez, en los casos en que se ha logrado probar un vínculo entre las decisiones de López y asesinatos de indígenas llegan a 317 víctimas. “Se cometieron 12 masacres en las que mataron a adultos y niños. Incluso a mujeres embarazadas”, dijo Vásquez en la acusación contra López.

El fiscal recitó  los nombres de todas las víctimas de los setenta y siete casos de los que se acusa a López. Casi veinte minutos de nombres de personas que  quizá nadie en la sala conoció.  El fiscal se demoró en  narrar lo que pasó en la aldea El Chel, San Gaspar Chajul. El 3 de abril de 1982 un grupo de soldados llegó al centro de la aldea. Los pobladores sabían que iban a llegar por lo que obligaron a los más jóvenes a huir hacía una montaña cercana mientras se iban los soldados.

En el pueblo quedaron ancianos, mujeres y adultos que se refugiaron en la iglesia. Los soldados los obligaron a salir para interrogarlos sobre una supuesta columna de la guerrilla que llegaba a esa aldea. Nadie habló. Al parecer nadie sabía. Algunos fueron asesinados allí; frente al resto. A otros los llevaron a un río cercano. Degollaron y lanzaron los cadáveres. Incluidas dos mujeres embarazadas de siete y ocho meses a quienes les abrieron el vientre para arrebatarles a los neonatos. Un grupo de jóvenes observó desde la montaña lo que pasó. Bajaron sólo cuando los soldados se hubieron retirado. Allí sepultaron los ochenta y siete cuerpos.

Mientras el fiscal narraba las masacres, López no mostraba ninguna emoción: sentado, con la vista hacia el frente, como había pasado toda la audiencia. De vez en cuando bajaba la vista o apretaba las manos con fuerza. Nada más.

Los abogados del militar retirado pidieron como un “acto de humanidad” que se tomara en cuenta la salud de López. El general tiene cáncer en la próstata y debe ser operado el próximo 12 de julio.

¿Traerá esto algún cambio?

“Se da un paso importante. Es el primer militar importante, el primero de los que daba las órdenes, al que se captura. Debe haber otro. Las decisiones no sólo las tomaba el señor”, dice mirándolo Julia Cortez, de la Asociación para la justicia y reconciliación. “Hay más y seguro también serán procesados”.

Según Mario Minera, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, que ha seguido de cerca el caso desde hace una década, el mensaje que se envía con esta captura, con este juicio,  es que la justicia está caminando.

A Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, le parece que la captura de Héctor López es un caso ejemplar para toda Latinoamérica porque ni en Chile ni en Argentina hay militares procesados por genocidio. “Es el primer capturado por genocidio en América Latina. Sólo hay detenidos por genocidio en Europa o en África.  Por eso es importante, pero también porque hay pruebas irrefutables. Es un caso que lleva diez años”, dijo Hernández.

En la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala nadie contesta al teléfono. Tampoco lo hace su dirigente Quilo Ayuso en su número habitual.

Sí lo hace Mario Mérida, ex jefe de inteligencia del Ejército, y se le nota desde luego más crítico con el proceso que a Cortez, Minera o Hernández. De hecho, según él, acusar a López de genocidio es ilegal. En realidad, sugiere, que la acusación debiera ser al revés: el Ejército sólo se defendía. “Genocidio", sostiene, "cometió la guerrilla cuando armaron a los indígenas contra el Estado”.

En su opinión, todo esto se trata de un asunto manejado políticamente, como de una revancha. “Recuerde”, recuerda, “que el Gobierno puso a la Fiscal, a la Corte Suprema y a la CC. Ellos tienen que ver en esto”. Ahora, cuando en plena época electoral se trata de difundir la idea de que esto sólo es una estratagema política del gobierno para llegar al candidato presidencial patriota, el general Otto Pérez Molina, Mérida se adscribe a esa versión y vaticina que no tendrá los resultados que esperan quienes buscan encarcelar a militares. “Todo se da en un contexto político. Por el candidato que va al frente de las encuestas. Además los informes de memoria histórica no son documentos confiables”.

Hernández le lleva la contraria: el caso no es de ahora. Es de hace diez años. Nadie pensaba entonces en un Otto Pérez presidente. Si no avanzó más rápido, justifica, fue porque el ejército no dio los documentos antes. “Por cada documento fueron casi tres años. Por el plan Victoria 82 y Sofía se tardaron más tiempo. Por eso es ahora”.

“No discutiremos los juicios ni los procesos”, dice Mérida mientras explica que todos los militares están de acuerdo con que se haga justicia. Y añade: “pero sí la forma en que se lleven”.