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La esclavitud del ladrillo pervive en Pakistán

Si el gobierno garantiza el pago del salario mínimo a los trabajadores de los hornos y la recuperación de lo que deben los propietarios, quienes pagan por debajo del salario mínimo, la mayoría de los empleados podría saldar sus deudas.
Nos llevó mucho tiempo convencer a los propietarios de los hornos que esto también sería beneficioso para ellos.
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La esclavitud del ladrillo pervive en Pakistán

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No siempre es necesaria una máquina del tiempo para viajar al pasado, basta con visitar un típico horno de ladrillos en la provincia pakistaní de Punyab para evocar una época en que los seres humanos se intercambiaban como animales y proliferaba la esclavitud.

Sobrecargados de préstamos, varias generaciones de trabajadores, unas 4,5 millones de personas desperdigadas en 18.000 hornos en todo el país, se desloman por una promesa: libertad. 

Ata Mohammad, de 28 años, y su esposa trabajan 18 horas al día en un horno a las afueras de esta ciudad pakistaní, y percibe 450 rupias (unos 4,8 dólares) cada 1.000 ladrillos, independiente del tiempo que les insuma la tarea. 

Según estimaciones del Departamento de Trabajo, una familia de cinco integrantes, incluidos los menores, demora un día entero en fabricar 1.000 ladrillos. 

Un estudio del Centro para el Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y el Ambiente concluyó que "una familia de dos adultos y tres niños puede fabricar entre 500 y 1.200 ladrillos al día dependiendo de su habilidad y estado de salud". 

El trabajo requiere ir a buscar el barro a dos o tres kilómetros, remojarlo en agua, darle forma de ladrillo, transportar el producto terminado al horno y, por último, cocinar y corregir cada uno. 

En caso de malas condiciones climáticas o enfermedad, los trabajadores no ganan nada y se endeudan más, pues suplican por más préstamos a sus empleadores, encantados de ampliar la línea de crédito que es como una correa al cuello para muchos de ellos. 

Una vez endeudado, el trabajador no puede irse hasta que liquide la cuenta pendiente. 

Los préstamos, conocidos como "avances" ("peshgi", en urdu), son el origen del drama, según Ghulam Fatima, secretaria general del Frente de Liberación del Trabajo Forzoso. 

Los propietarios de los hornos amplían los préstamos para ocasiones como bodas, nacimientos o funerales, en un intento por someter a los trabajadores a una situación de servidumbre, explicó. 

"Es una medida totalmente ilegal, como dictaminó la Corte Suprema de Pakistán (en 1988). Según la ley, el propietario de un horno solo puede ofrecer un avance igual o inferior al ingreso quincenal", dijo. 

Por cada 400 rupias que Ata debería recibir, su empleador descuenta 150 (cerca de 1,6 dólares) para pagar un préstamo que, según él, contrajo su padre, aunque Ata no recuerda nada. 

Es una situación totalmente injusta, subraya Fatima, pues el salario mínimo fijado por el gobierno es de 665,7 rupias (unos siete dólares) cada 1.000 ladrillos. 

Muchos propietarios de hornos les pagan tan solo 300 rupias (unos tres dólares), añadió. 

"Si el gobierno garantiza el pago del salario mínimo a los trabajadores de los hornos y la recuperación de lo que deben los propietarios, quienes pagan por debajo del salario mínimo, la mayoría de los empleados podría saldar sus deudas", aseguró. 

Al no estar en planilla, los trabajadores de este sector tampoco tienen seguridad social. Como los empleadores tampoco reservan una parte de sus salarios para emergencias, no tienen ninguna cobertura para tiempos de crisis. 

Si se aportara a la seguridad social, sería el fin del sistema de "avances", según Mehmood Butt, secretario general del Sindicato de Bhatta Mazdoor (trabajadores de hornos) Todo Pakistán. 

Las familias de los trabajadores tienen una etiqueta con un precio equivalente a su abultada deuda. Al pagar esa cifra, otros propietarios de hornos pueden, de hecho, "comprarlos", dijo Butt a IPS. 

Si un trabajador escapa de un horno es buscado por la policía y dirigentes locales, y todo el dinero invertido en ello se suma a su deuda, relató. 

La falta de documentos de identificación es otra limitante para la movilidad de estos trabajadores. 

Khalid Mehmood, presidente de la Fundación de Educación para el Trabajo, señaló que la Tarjeta de Identidad Nacional Computarizada (CNIC, por sus siglas en inglés) es un derecho de todos los ciudadanos, es un derecho, salvo para unos pocos. 

"Con una CNIC, puedes registrarte en la seguridad social, inscribirte en las listas de votación, beneficiarte de planes de bienestar, abrir cuentas bancarias y presentarte a un empleo. Pero no los trabajadores de hornos", consignó. 

Mehmood dijo que la Autoridad Nacional de Registro de Base de Datos instaló un campamento móvil cerca de los hornos de la zona de Lahore a principios de este año para otorgar CNIC a los trabajadores. 

Pero matones contratados por los propietarios de los hornos prohibieron acercarse a la mayoría de los trabajadores a esos centros móviles. 

Shaukat Nizai, portavoz del Departamento de Trabajo de Punyab, cree que el trabajo forzoso no se podrá erradicar sin empoderar a los trabajadores mediante educación. 

Eso les permitirá vivir y buscar un sustento lejos de los hornos en los que nacieron y donde muchos creen que morirán, dijo. 

Sin conocimiento ni capacidades alternativas, los trabajadores de los hornos y sus familias están destinados a vivir trabajando al calor y sin poder romper las cadenas de su esclavitud. 

Nizai también señaló que el proyecto Eliminación del Trabajo Forzoso en Hornos, lanzado en 2009 en el distrito de Kasur, en Lahore, cuenta con apoyo del Ministerio de Trabajo para crear 200 escuelas para educar a los 8.000 niños y niñas de este sector. 

"No fue fácil. Nos llevó mucho tiempo convencer a los propietarios de los hornos que esto también sería beneficioso para ellos", añadió Nizai. 

El gobierno también comenzó a ofrecer préstamos blandos para eliminar el sistema de pagos por adelantado, apuntó. 

Las autoridades también están en negociaciones con los propietarios de los hornos sobre el registro de los trabajadores en el Departamento de Seguridad Social. 

Además, creó una línea telefónica de asistencia y una oficina de quejas que asiste a estos trabajadores para reclamar un salario mínimo y otros derechos que les corresponden por ley. 

*Esta nota se reproduce con la autorización de IPS. http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=101668

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